En el centro de Huelva, a primera hora de la tarde, las terrazas respiraban verano. A las 14:30 de un 31 de agosto de 1995, Antonia Lourdes “Toñi” Almansa Rodríguez (35) tomaba un aperitivo cuando su exmarido, el policía nacional Anastasio del Toro González (39), se acercó a su mesa. La discusión fue breve; la violencia, fulminante: múltiples puñaladas en cuello, axila y espalda. El agresor huyó a pie y fue arrestado minutos después en un bar cercano, aún con las manos manchadas de sangre. Era un crimen a plena luz, ante testigos, en una terraza de una zona céntrica —las crónicas sitúan el ataque en la calle Arquitecto Pérez Carasa y refieren el bar “Timón” en el entorno de calle Berdigón—, que conmocionó a la ciudad.
La detención fue inmediata. Según los partes difundidos entonces, la Policía Municipal recibió el aviso de un ciudadano y, tres minutos después, localizó al sospechoso en el Bar Exprés, frente a la estación, intentando lavarse la sangre. Aquella noche, el agente quedó en dependencias policiales. Los primeros titulares lo describían como “trabajador” y “nervioso”, mientras la investigación empezaba a trazar un contexto de separación previa y malos tratos denunciados en el entorno de la víctima.
El caso llegó a la Audiencia Provincial de Huelva en 1997 con una petición del Ministerio Fiscal de 24 años por asesinato —la defensa pedía 12 por homicidio—. En los autos constaban múltiples lesiones y el ataque sorpresivo en plena calle, tras una discusión que escaló en cuestión de segundos. El lugar y la hora del crimen, junto al número y localización de las heridas, sostuvieron el eje acusatorio.
La sentencia se conoció el 17 de abril de 1997: 15 años de cárcel para Anastasio del Toro por el asesinato de Toñi Almansa, a la que asestó 24 navajazos en la terraza de un bar céntrico. El fallo fijó además 25 millones de pesetas de indemnización para sus dos hijos por los daños morales. La condena llegaba tras un proceso con abundantes testigos de cargo y la propia detención “en caliente”.
A partir de ahí, empezaron las controversias. En recuentos posteriores del caso se subraya que la resolución no fue recurrida por las acusaciones pública y particular, un hecho poco habitual que dejó firme una pena sensiblemente inferior a la solicitada por la Fiscalía.
Otro punto delicado del “después” es el cumplimiento efectivo de la pena y la situación administrativa del condenado. En crónicas y testimonios coincidentes se sostiene que solo pasó unos 7 años en prisión y que mantuvo su pensión como funcionario del Ministerio del Interior hasta su fallecimiento.
El retrato judicial de Toñi Almansa quedó, así, atrapado entre dos planos: la claridad forense (ataque con arma blanca, lesiones mortales, detención inmediata) y el desencaje social (una pena sensiblemente menor a la solicitada, ausencia de recursos y dudas sobre el cumplimiento). A esa tensión se suma el impacto para los hijos de la víctima, que la sentencia reconoció con indemnización, pero que debieron convivir con un relato judicial más corto de lo esperado.
Desde la perspectiva de prevención, el caso subraya señales que hoy los protocolos toman muy en serio: escalada de control y amenazas tras la ruptura, acoso en espacios públicos y presencia de arma blanca por parte del agresor. En 1995 aún no existía la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004) ni los actuales dispositivos de valoración policial del riesgo, ni órdenes de protección con seguimiento telemático. El vacío normativo de la época explica, no justifica, la desprotección.
Huelva convirtió el crimen en símbolo temprano de la necesidad de reformas: formación específica en cuerpos policiales, reconocimiento de la violencia previa como factor de riesgo, recorridos seguros y coordinación sanitario-social-judicial. Cada aniversario, el nombre de Toñi Almansa vuelve como un recordatorio de lo que se aprendió tarde: la violencia no empieza con la puñalada; empieza con el control.
La verdad judicial dejó fijados hechos y una condena. La verdad social —la que mira a las consecuencias— sigue ardiendo en preguntas que la familia repite: ¿por qué no se elevaron recursos? ¿Cómo se armoniza la pena impuesta con el tiempo cumplido? ¿Qué mecanismos permiten que un funcionario condenado por asesinato pueda conservar prestaciones? En esas respuestas está la reparación que falta. Toñi fue asesinada a plena luz, ante testigos, en un bar del centro: el centro también es donde deben estar las soluciones.
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