La tarde del 21 de septiembre de 2004, Cecilia Cubas conducía su camioneta de regreso a casa, en el barrio Laguna Grande de Fernando de la Mora, a pocos kilómetros de Asunción. Tenía 31 años, era empresaria y, sobre todo, era la hija de un expresidente de la República, Raúl Cubas Grau, y de la entonces senadora Mirta Gusinky. A las 18:45, cuando dobló por una esquina cerca de su casa, dos vehículos le cerraron el paso. Varios hombres armados bajaron, rodearon el coche, dispararon contra la carrocería y las ruedas, rompieron una ventanilla y se la llevaron por la fuerza. Su camioneta quedó atravesada en la calle, acribillada a impactos; Cecilia, tragada por una operación que marcaría para siempre la historia criminal de Paraguay.
Para entender el impacto del caso Cecilia Cubas hay que recordar quién era antes de convertirse en símbolo del horror. Cecilia Mariana Cubas Gusinky había nacido en Asunción en 1973, en el corazón de una familia de la élite política y empresarial. Estudió, viajó —en 2003 estuvo de vacaciones en Cartagena de Indias con amigas— y se movía entre los negocios familiares con perfil bajo, lejos de la exposición pública de sus padres. No tenía vida política propia ni era una figura polémica: precisamente por eso, su secuestro sacudió al país como un recordatorio brutal de que ni siquiera el círculo de un expresidente estaba a salvo del nuevo crimen organizado que iba creciendo en la sombra.
El operativo que la arrancó de la calle Laguna Grande fue casi militar. Un albañil que trabajaba en la zona declaró luego en juicio cómo dos coches —un Volkswagen Santana azul adelante y un Ford Escort rojo detrás— la encerraron, cómo se escucharon más de veinte detonaciones contra el vehículo y cómo uno de los captores rompió un vidrio para sacarla mientras ella pedía auxilio. Horas después, el Santana utilizado para llevarla apareció abandonado a la vera de la Ruta 2; desde allí, la trasladaron a una camioneta blanca y la condujeron hasta una vivienda en el barrio Mbocayaty de Ñemby, al sur del área metropolitana. El secuestro no fue una improvisación: era un golpe cuidadosamente preparado por un grupo armado de ideología de izquierda, integrado en parte por miembros del Partido Patria Libre, el embrión de lo que luego sería el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Desde esa misma noche comenzaron las comunicaciones. Primero llamadas a una amiga de Cecilia para confirmar que estaba en manos del grupo; luego, un goteo de “pruebas de vida”: fotos de Cecilia sosteniendo diarios del día, cartas manuscritas, mensajes que usaban un lenguaje en clave. La llamaban “la fruta”. En uno de los correos electrónicos enviados a la familia, los captores escribieron: “No creo que la fruta pueda aguantar más tiempo, recuerde que ya se está pudriendo”. La negociación se hacía por e-mail, en cuentas abiertas ex profeso: el propio Raúl Cubas llegó a escribirles para decir que había reunido los 300.000 dólares que exigían, pidiendo que aquella “pesadilla” terminara con su hija de vuelta en casa.
Al principio, las pretensiones del grupo eran delirantes: hasta 10 millones de dólares según recogen algunos reportes posteriores. La familia logró que esa cifra descendiera a 300.000 dólares y, el 13 de noviembre de 2004, hizo un pago en un camino rural del departamento de Caaguazú, siguiendo instrucciones de los secuestradores. Pero la liberación nunca se produjo. Tiempo después, los propios captores dirían que ese dinero fue apenas una “multa” por el trato que sentían haber recibido de los Cubas y por el “atraso” en reunir la suma. En nuevas comunicaciones elevaron la exigencia hasta 3 millones de dólares y pidieron que la respuesta se hiciera pública en noticieros de televisión. Después… silencio. Ningún otro mensaje, ninguna nueva prueba de vida.
Durante meses, el país entero siguió el caso Cecilia Cubas como una vigilia colectiva. Había operativos, sospechosos, hipótesis; nada concreto. Hasta que la mañana del 16 de febrero de 2005, casi cinco meses después del secuestro, una fiscal antisecuestro, Sandra Quiñónez, ordenó registrar una casa en la calle Las Palmas 342, en el barrio Mbocayaty de Ñemby, que ya aparecía mencionada en investigaciones previas. A simple vista, no había nada raro. Pero un sector del piso, cubierto con cemento fresco, sonaba hueco. Cuando los agentes empezaron a picar, subió un olor difícil de nombrar. Bajo aquel suelo, en un túnel tapiado, yacía el cuerpo de una mujer. Esa noche, frente a cámaras y una multitud en la calle, se confirmó lo que nadie quería escuchar: era Cecilia.
Los forenses determinaron que llevaba entre 30 y 60 días sin vida al momento del hallazgo. El estudio médico habló de sedación con comprimidos de disomnilan, de un encierro prolongado y de una muerte violenta bajo tierra, con indicios que apuntaban a que todavía tendría signos vitales cuando fue cubierta. Informaciones periodísticas añadieron un dato aún más devastador: durante su cautiverio, habría sufrido agresiones físicas y sexuales, y se encontraba embarazada cuando fue enterrada, algo que nunca llegó a ser debatido a fondo en un juicio pero que quedó en los expedientes y en la memoria colectiva como una de las dimensiones más crueles del caso.
El impacto fue político, social y simbólico. El secuestro y asesinato de Cecilia Cubas terminó de instalar al Partido Patria Libre como matriz de un nuevo actor armado —el EPP— que en los años siguientes protagonizaría otros secuestros y ataques en el norte del país. En el juicio, uno de los principales acusados, Osmar Martínez, ex secretario del PPL, admitió haber mantenido comunicaciones por correo con miembros del secretariado de las FARC para coordinar “seminarios” y cursos en Paraguay, lo que reforzó la hipótesis de que hubo asesoría colombiana en el diseño del secuestro. De repente, el país descubría que no se trataba solo de una banda local: detrás del caso había doctrina, entrenamiento y cálculo ideológico.
La respuesta judicial fue rápida, al menos en la primera capa. En noviembre de 2006, un Tribunal de Sentencia declaró culpables a 12 de los 15 acusados, entre ellos varios militantes del PPL, por secuestro, privación de libertad, extorsión y homicidio. Algunos recibieron penas cercanas al máximo legal paraguayo —35 años entre prisión y medidas de seguridad—, otros fueron condenados como cómplices o por asociación criminal. En 2010, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó las condenas de diez de ellos, rechazando los recursos y consolidando la idea de que el caso Cecilia Cubas ya tenía responsables identificados y castigados.
Pero no todos estaban a disposición de los tribunales. Varios implicados lograron huir y se integraron de lleno al EPP o se ocultaron en otros países. Dos nombres cobrarían especial relevancia años después: Óscar Luis Benítez y Lorenzo González Martínez, ex integrantes del EPP, detenidos en Brasil en 2017. Benítez fue extraditado a Paraguay en 2019, se declaró culpable, pidió perdón a la familia Cubas y en 2021 recibió una condena de 24 años de prisión más 10 de medida de seguridad por su participación en el secuestro y muerte de Cecilia. González, por su parte, fue finalmente juzgado en Asunción y en diciembre de 2024 un tribunal lo sentenció a 23 años de cárcel más 5 de medidas, pena que fue confirmada en apelación en abril de 2025.
La dimensión internacional del caso no terminó ahí. Desde hace años, Paraguay señala a Rodrigo Granda, antiguo “canciller” de las FARC, como posible autor intelectual o asesor de los secuestradores, basándose en peritajes de correos electrónicos y testimonios de ex militantes. Granda tiene circular roja de Interpol y fue detenido en México en 2021 a pedido de la justicia paraguaya, aunque finalmente pudo regresar a Colombia. En abril de 2024, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) colombiana declaró que no tenía competencia para juzgar el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas dentro de sus macrocasos, pero en septiembre de 2025, ante nuevas solicitudes, la misma JEP anunció que investigará la eventual responsabilidad de Granda, manteniendo vivo el frente colombiano del expediente.
Mientras tanto, la familia de Cecilia lleva dos décadas intentando convivir con una verdad que nunca es suficiente. Raúl Cubas ha relatado en varias entrevistas cómo negoció con personas que le hablaban de su hija como si fuera mercancía, cómo un asesor en secuestros le advirtió que el pago inicial quizá no bastaría y cómo, aun así, no contemplaba otra opción que pagar para intentar salvarla. Mirta Gusinky ha sido, durante años, la voz más dolida en el Parlamento y en los medios cuando se habla de secuestros: recuerda a su hija como alguien que “apenas quería vivir en paz y trabajar”, y al mismo tiempo insiste en que el caso no debe utilizarse solo como bandera política, sino como memoria viva de lo que ocurre cuando el fanatismo y el delito se dan la mano.
No faltan voces críticas que señalan irregularidades en los juicios, denuncian violaciones de garantías procesales y hablan de “presos políticos” en la causa Cecilia Cubas, particularmente entre antiguos militantes del PPL. Esas organizaciones no niegan la brutalidad del secuestro y asesinato, pero sostienen que el Estado habría aprovechado el horror para golpear a un sector entero de la izquierda campesina. Del otro lado, la familia Cubas y buena parte de la sociedad paraguaya recuerdan que, sin las confesiones, las pruebas balísticas, los rastros en la casa de Ñemby y los correos electrónicos, muchas piezas de la trama nunca habrían encajado. El caso se mueve, así, en esa frontera incómoda donde se cruzan justicia, política, miedo y memoria.
En septiembre de 2024 se cumplieron 20 años del secuestro de Cecilia Cubas. Los medios paraguayos volvieron a contar la historia casi minuto a minuto, a mostrar la foto de la joven sonriendo, a repetir las imágenes de la “casa del horror” y del túnel bajo tierra donde terminó su cautiverio. Recordaron también que, aunque muchos autores materiales e ideológicos han sido condenados, algunos continúan prófugos o en proceso, y que el EPP —surgido en buena parte de aquel grupo que planificó el secuestro— siguió durante años utilizando el plagio como herramienta de presión, dejando otras familias marcadas por el mismo miedo.
Hoy, el caso Cecilia Cubas es mucho más que un expediente con hojas amarillentas. Es un punto de referencia obligado cada vez que en Paraguay se habla de secuestros, de grupos armados, de connivencias internacionales. Es el recuerdo de una joven de 31 años, hija de un expresidente, que fue arrancada de su camioneta en plena calle, encerrada en un túnel excavado al milímetro y utilizada como pieza en un juego ideológico y criminal donde su vida valía tanto como una cifra en un correo electrónico.
Y, sobre todo, es una pesadilla que sigue abierta: la de imaginar los últimos días de Cecilia, lejos de los suyos, contando el tiempo bajo tierra mientras, arriba, un país entero encendía velas por ella. Dos décadas después, su nombre sigue funcionando como advertencia: hay ideas que, cuando se mezclan con armas y fanatismo, convierten a seres humanos concretos en “fruta”, en botín, en moneda de cambio. Recuperar la historia del secuestro de Cecilia Cubas no es solo reconstruir un crimen atroz; es recordar que detrás de cada túnel, de cada fosa, de cada sigla, hay una persona que solo quería llegar a casa y nunca lo consiguió.
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