A mediados de la década de los noventa, la provincia de Castellón vivía ajena al horror que se gestaba en sus carreteras secundarias. La vida nocturna en la costa levantina bullía con la libertad propia de la época, y las jóvenes salían a divertirse sin imaginar que un depredador silencioso patrullaba las mismas rutas. Joaquín Ferrándiz Ventura no encajaba en el perfil del monstruo que nos vende la ficción; no era un marginado ni vivía en las sombras. Era un hombre integrado, un agente de seguros educado que saludaba a sus vecinos, ocultando tras esa normalidad una pulsión oscura e incontenible.
El primer golpe de realidad llegó en el verano de 1995. Sonia Rubio, una joven de 25 años, salió de una discoteca en Benicàssim con la intención de volver a casa tras una noche de fiesta. Nunca llegó. Su desaparición encendió las primeras alarmas en una comunidad no habituada a este tipo de sucesos. Cuando su cuerpo fue hallado días después, oculto en una zona apartada, la brutalidad del crimen dejó claro que no se trataba de un accidente, sino de la obra de alguien que disfrutaba con el control total sobre la vida ajena.
La inquietud se transformó en miedo apenas dos meses después. En septiembre de ese mismo año, Natalia Archelós, otra joven llena de vida, desapareció en circunstancias inquietantemente similares. El patrón comenzaba a dibujarse: mujeres jóvenes, abordadas en momentos de vulnerabilidad o soledad, que se desvanecían sin dejar rastro hasta aparecer sin vida en parajes desolados. La policía se enfrentaba a un fantasma que no dejaba huellas dactilares ni testigos, un asesino que parecía conocer perfectamente cómo burlar la ley.
Lo que los investigadores aún no sabían era que Ferrándiz ya tenía experiencia en el sistema judicial. Había pasado por prisión años atrás por una agresión sexual, una condena que cumplió sin que el sistema lograra detectar o frenar su escalada criminal. En la cárcel, lejos de rehabilitarse, aprendió a perfeccionar su método. Decidió que, la próxima vez, no dejaría a nadie con vida que pudiera identificarlo. Su libertad se convirtió en la sentencia de sus futuras víctimas.
El año 1996 trajo consigo más dolor. Mercedes Vélez y Francisca Salas se sumaron a la lista trágica de un asesino que actuaba con una frialdad mecánica. Ferrándiz había refinado su *modus operandi*: utilizaba su vehículo como arma y trampa. A veces ofrecía llevarlas con una amabilidad desarmante; otras, provocaba averías o simulaba incidentes para ganarse su confianza. Una vez dentro del coche, el seguro de la puerta sellaba el destino de las mujeres.
La Guardia Civil, desbordada por la falta de pistas físicas, recurrió a una técnica pionera en España: el perfilado criminal. Con la ayuda de expertos, trazaron el perfil psicológico del agresor. Buscaban a un varón, español, reincidente, probablemente con antecedentes por delitos contra la libertad sexual y que residiera en la zona. Esta estrategia redujo la lista de sospechosos de miles a un grupo más manejable, conocido como el "Círculo de los 100", donde el nombre de Joaquín Ferrándiz figuraba discretamente.
Sin embargo, la astucia del asesino le permitió mantenerse un paso por delante durante un tiempo angustioso. Hubo un parón en los crímenes, un silencio táctico que hizo pensar que quizás el agresor se había marchado o detenido. Pero la pulsión de matar no desaparece por voluntad propia. En febrero de 1997, el cuerpo de Amelia Sandra fue hallado, confirmando que la pesadilla no había terminado. Era la quinta víctima, la confirmación de que Castellón tenía a un asesino en serie operando en sus entrañas.
El error que marcaría el fin de su impunidad llegó en 1998, no con una muerte, sino con una vida que se negó a apagarse. Lidia, una joven que se cruzó con Ferrándiz, se convirtió en la pieza clave que desmontaría el rompecabezas. El agresor intentó su maniobra habitual: pinchó una rueda del coche de la víctima para luego aparecer como el salvador dispuesto a ayudar. Pero Lidia intuyó el peligro en la mirada de aquel "buen samaritano".
Cuando Ferrándiz intentó atacarla, Lidia luchó con una fuerza nacida del instinto de supervivencia. Logró escapar, memorizar detalles de su agresor y de su vehículo, y sobre todo, vivió para contarlo. Su denuncia no fue una más; fue el hilo del que la policía tiró con fuerza. La descripción coincidía con aquel agente de seguros que ya tenían en su radar, cerrando el cerco sobre el hombre que se creía intocable.
La detención de Joaquín Ferrándiz en julio de 1998 sacudió a la sociedad. Sus vecinos, sus compañeros de trabajo y sus conocidos no podían dar crédito. ¿Cómo podía ser ese hombre atento, que siempre vestía bien y hablaba con corrección, el monstruo capaz de estrangular a cinco mujeres con sus propias manos? La banalidad del mal se hizo presente en cada telediario, recordándonos que el peligro no siempre tiene cara de villano.
Durante los interrogatorios, Ferrándiz mostró una colaboración fría y calculadora. Confesó los crímenes, describiendo con una precisión aterradora cómo abordaba a sus víctimas y cómo acababa con ellas. No había emoción en su relato, ni lágrimas de arrepentimiento. Para él, matar era una necesidad fisiológica, una forma de liberar una tensión interna que comparaba con una adicción. La ausencia de empatía era absoluta.
El juicio, celebrado en 1999, fue un evento mediático sin precedentes. Las familias de Sonia, Natalia, Mercedes, Francisca y Amelia tuvieron que escuchar los detalles de los últimos momentos de sus seres queridos. La defensa intentó alegar enajenación mental, pero los peritos fueron contundentes: Ferrándiz sabía perfectamente lo que hacía, distinguía el bien del mal y elegía, conscientemente, hacer el mal.
La sentencia fue ejemplar para la época: 69 años de prisión. Sin embargo, el código penal vigente en aquel momento establecía un límite máximo de cumplimiento efectivo. La sociedad respiró aliviada al verlo tras las rejas, confiando en que la cárcel sería el muro definitivo entre el depredador y la calle. Joaquín Ferrándiz ingresó en prisión, donde se convirtió en un recluso modelo, silencioso y ordenado, adaptándose a su nuevo entorno con la misma capacidad camaleónica que usaba en libertad.
Los años pasaron y el olvido empezó a cubrir el caso para muchos, pero no para las familias de las víctimas. La fecha de su liberación se acercaba inexorable en el calendario. A pesar de la gravedad de sus actos y de los informes que alertaban sobre la dificultad de reinserción en perfiles psicopáticos, la ley es matemática. Tras cumplir 25 años de condena efectiva, Joaquín Ferrándiz saldó su deuda legal con la sociedad.
En julio de 2023, las puertas de la prisión de Herrera de la Mancha se abrieron. Ferrándiz, con el rostro envejecido pero la misma mirada inescrutable, recuperó su libertad. No volvió a Castellón; se instaló en el País Vasco, intentando pasar desapercibido bajo el anonimato de una nueva provincia. Su salida reabrió el debate sobre la reinserción y la seguridad ciudadana ante criminales de esta naturaleza.
Hoy, la historia de Joaquín Ferrándiz nos deja una reflexión inquietante. La justicia humana tiene límites y tiempos, pero el dolor de la pérdida es perpetuo. Cinco mujeres perdieron su futuro en los asientos de un coche, y una superviviente lleva las cicatrices de esa noche. El "depredador de Castellón" camina libre, recordándonos que la línea entre la normalidad y el horror es, a veces, tan fina como la decisión de aceptar la ayuda de un extraño.
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