El invierno de 2007 cubría Zaragoza con su manto habitual de frío y cierzo, pero en el interior del número 31 de la calle Moncasi, la temperatura había descendido hasta el hielo de la muerte. Francisco Lozano Gaceo, un hombre de 57 años natural de Ariza, vivía allí una existencia tranquila y reservada. Conocido cariñosamente como "Paquitillo" por sus allegados, era un hombre profundamente religioso y apegado a su familia, cuya vida privada guardaba una faceta de soledad que terminaría siendo el escenario de un crimen atroz.
La alarma saltó el 24 de enero. La rutina inquebrantable de Paco se rompió: no contestaba al teléfono, no daba señales de vida y su silencio comenzó a pesar como una losa sobre su hermano. Preocupado por una posible urgencia médica, su familiar acudió al domicilio acompañado de un cerrajero. Al forzar la cerradura y entrar en el piso, el silencio era absoluto, pero el ambiente estaba cargado de una presencia ominosa que confirmaba los peores presagios.
La vivienda presentaba un aspecto extraño. Los cajones de los muebles estaban abiertos y revueltos, como si un ladrón hubiera buscado frenéticamente objetos de valor. Sin embargo, algo no encajaba: el dinero y las joyas seguían allí. Aquel desorden era una puesta en escena, un teatro burdo montado para despistar. El verdadero horror no estaba en el salón, sino tras la puerta cerrada del cuarto de baño.
Al entrar en esa estancia, el hermano de Paco se encontró con una visión dantesca. El cuerpo de Francisco yacía en el interior de la bañera, totalmente desnudo y sumergido en una escena de violencia extrema. El agua y la sangre contaban la historia de una lucha final y desesperada. No había sido una muerte natural ni un accidente; alguien había descargado una furia incontenible sobre él.
Los forenses que analizaron el cuerpo quedaron impactados por la brutalidad del ataque. Paco presentaba 47 heridas de arma blanca repartidas por su anatomía. El asesino no se había limitado a acabar con su vida; se había ensañado, apuñalando una y otra vez con una rabia que trascendía el simple homicidio. Las manos de la víctima mostraban cortes profundos, prueba inequívoca de que intentó defenderse, agarrando el filo del cuchillo para salvarse, hasta que sus fuerzas fallaron.
Pero en aquella escena del crimen había un detalle macabro que desconcertó a la Policía Científica y que convertiría el caso en un enigma singular. Sobre la grifería de la bañera, presidiendo el cadáver, el asesino había colocado cuidadosamente una peluca. Aquel objeto no estaba allí por azar; era una firma, una burla o un fetiche oscuro dejado por el verdugo antes de abandonar el piso.
La investigación arrancó con la presión de resolver un crimen tan sádico. La policía descartó el robo casi de inmediato debido a los objetos de valor intactos. Se centraron entonces en el entorno personal de la víctima. Descubrieron que Paco, hombre discreto, mantenía encuentros esporádicos en su domicilio con hombres que conocía en ambientes nocturnos de la ciudad, un dato clave para trazar el perfil del posible agresor.
Durante meses, los agentes de Homicidios trabajaron sin descanso. La clave parecía estar en las pruebas biológicas. En la escena, los especialistas recogieron una toalla manchada de sangre y una colilla en un cenicero. El laboratorio analizó las muestras y, finalmente, el sistema arrojó un nombre. El ADN correspondía a José Antonio L. B., un hombre con el que la víctima había tenido relación.
La detención de José Antonio se presentó como la resolución del caso. La policía estaba convencida: tenían al sospechoso, tenían el móvil pasional o de conflicto personal, y tenían su ADN en la casa del crimen. El acusado admitió conocer a Paco y haber estado en ese piso en ocasiones anteriores para mantener relaciones, pero negó rotundamente ser el autor de las 47 puñaladas.
El juicio se celebró dos años después en la Audiencia Provincial de Zaragoza, bajo la atenta mirada de un jurado popular. La Fiscalía solicitaba una condena de 18 años de prisión, apoyándose en la prueba científica del ADN. Para la acusación, la presencia de sus fluidos y sangre en la toalla lo situaba en el lugar y momento del asesinato.
Sin embargo, la defensa planteó una estrategia sólida basada en la "duda razonable". Argumentaron que el ADN probaba que José Antonio había estado en esa casa, sí, pero no probaba cuándo. Al ser una visita frecuente, esos restos podían ser de días anteriores. No había huellas dactilares suyas en el escenario inmediato de la lucha, ni restos de sangre de Paco en la ropa del acusado, ni se encontró el arma homicida.
El relato de la acusación no pudo cerrar el círculo temporal. Nadie vio entrar ni salir al acusado la noche del crimen. La falta de testigos y la imposibilidad de datar con exactitud la huella genética sembraron la incertidumbre en el jurado. ¿Era posible condenar a alguien a casi dos décadas de cárcel solo por una toalla usada, sin una prueba directa del acto de matar?
Tras largas deliberaciones, el veredicto cayó como un mazo sobre las esperanzas de la familia Lozano Gaceo: No Culpable. El jurado, por una mayoría de 7 a 2, decidió que las pruebas no eran concluyentes para destruir la presunción de inocencia. La duda benefició al acusado, que salió del tribunal como un hombre libre, absuelto por la justicia.
La familia, devastada, intentó recurrir. Llevaron el caso al Tribunal Superior de Justicia de Aragón e incluso al Tribunal Supremo, buscando que se revisara la valoración de la prueba o se repitiera el juicio. Pero la respuesta judicial fue firme: la absolución se ajustaba a derecho. Sin pruebas directas irrefutables, no podía haber condena.
El crimen de Paco quedó así impune legalmente. La imagen de la peluca sobre el grifo sigue siendo el símbolo de un misterio sin resolver. La policía cerró el caso policialmente con un sospechoso, pero los tribunales lo cerraron judicialmente sin un culpable. Esa brecha entre la verdad policial y la verdad judicial dejó una herida abierta.
En Ariza, el pueblo de Paco, y en la calle Moncasi, el recuerdo de "Paquitillo" persiste. Fue un hombre que murió solo y defendiéndose, víctima de una violencia atroz que nadie ha pagado. Su asesino, sea quien sea, logró el crimen perfecto, protegido por la falta de testigos y las garantías de un sistema que prefiere dejar libre a un culpable antes que encarcelar a un inocente.
Hoy, más de 15 años después, el caso de Francisco Lozano Gaceo es un expediente frío en los archivos de Zaragoza. Las 47 puñaladas siguen gritando justicia en el silencio de aquel baño, recordándonos que hay monstruos que caminan entre nosotros, invisibles para la ley, guardando secretos que se llevarán a la tumba.
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