Madrid amanecía con su ruido de siempre cuando, a finales de enero de 2003, un portal de la calle Alonso Cano quedó clavado en una imagen imposible: un portero en el suelo, el eco de un disparo y una ciudad que todavía no sabía que acababa de abrirse una grieta.
No era una pelea ni un ajuste de cuentas claro. Había sido un hombre joven, con paso seguro, que ordenó a su víctima ponerse de cara a la pared y apretó el gatillo con una frialdad que no necesitaba testigos.
Aquel primer impacto no tuvo firma, pero sí un detalle que regresaría como un latido: una pistola Tokarev de calibre 7,62. Un arma que viajó antes que el miedo, oculta en la rutina y traída desde fuera como si fuera un recuerdo más de una misión.
Once días después, el 5 de febrero, el terror cambió de barrio y de escenario: una parada de autobús en Barajas, un joven cualquiera, un disparo a quemarropa. Junto al cuerpo apareció un as de copas. Alguien había decidido jugar.
Ese naipe, dejado casi como un gesto casual, convirtió una muerte en una serie. De pronto, la gente miraba el suelo con la misma atención que el cielo: por si había cartas, por si había señales, por si el azar se había convertido en método.
La misma tarde, el recorrido siguió hacia Alcalá de Henares. En el bar Rojas, la normalidad se partió en dos con una violencia seca: un camarero y una clienta cayeron, y la dueña del local quedó herida, como si la bala quisiera dejar una historia abierta.
La ciudad empezó a vivir con la espalda tensa. Portales, paradas, bares: lugares cotidianos que de repente parecían trampas. No era un enemigo conocido; era una sombra que elegía al azar y se iba sin prisa.
En marzo, el miedo se movió otra vez, esta vez hacia Tres Cantos. Dos personas fueron atacadas en la avenida de Viñuelas; una de ellas recibió un disparo en la cara. A los pies, otra carta: un dos de copas, como una rúbrica sobre el asfalto.
Cada escena repetía un patrón: la cercanía del disparo, la nuca o la cabeza, el silencio después. No había discusión previa ni persecución; sólo un momento en el que el mundo se detenía y alguien decidía quién volvía a casa y quién no.
El 18 de marzo, en un descampado de Arganda del Rey, un matrimonio que paseaba fue asesinado. Allí quedaron dos naipes más, el tres y el cuatro de copas, como si la cuenta avanzara sin remordimiento.
La suma de víctimas terminó siendo seis muertes y tres intentos. Para la calle, era una cifra; para las familias, un calendario roto: la última llamada, la silla que no se vuelve a ocupar, el teléfono que suena y ya no trae noticias.
El 3 de julio de 2003, la historia dio un giro abrupto: el autor se presentó en una comisaría de Puertollano y confesó. Dijo nombres, lugares, detalles que sólo conocían quienes habían seguido el rastro de casquillos y heridas.
Después vinieron los tribunales. Se discutió si aquella confesión valía cuando el acusado se retractaba y guardaba silencio, y también si el Estado debía responder por la vida doble de un militar que actuó fuera de servicio.
La condena fijó un número que cuesta mirar de frente: 142 años y tres meses de prisión, por allanamiento, tenencia ilícita de armas, seis asesinatos consumados y tres tentativas. Un castigo enorme para un daño que no encaja en ninguna cifra.
La confirmación posterior cerró la vía penal sobre la responsabilidad pública y dejó el resto en otras puertas. Pero, para Madrid, lo que quedó grabado no fue el papel sellado: fue la sensación de que un simple naipe podía cambiar la forma de caminar por la ciudad.
A veces, el horror no necesita esconderse en callejones; le basta con aparecer en una parada de autobús o en un bar de barrio. Y entonces la pregunta se queda flotando: ¿cuántas veces miramos una esquina sin saber lo cerca que está del abismo?
0 Comentarios