Vigo, 13 de julio de 2006: en la calle Oporto, un incendio obliga a los bomberos a tirar una puerta y subir hasta un piso alto donde el humo ya no es lo peor.
Dentro viven dos hombres jóvenes. Se llaman Isaac Pérez Triviño y Julio Anderson Luciano. Comparten casa, turnos de noche y un círculo de confianza que, aquella madrugada, se rompe por dentro.
El edificio guarda un detalle que se volverá imborrable: séptima planta, número 12. Los cuerpos aparecen en habitaciones distintas, cubiertos con una manta, como si alguien hubiera querido esconder el desastre sin poder borrarlo.
A Julio lo encuentran degollado y con las manos atadas a la espalda. A Isaac, con múltiples heridas de arma blanca. La escena no deja lugar para la duda: no fue una pelea breve, fue un ataque que se alargó más de lo necesario.
Los vecinos hablan de ruidos, de una bronca, de amenazas. También repiten otra frase, casi absurda por lo frágil: que eran educados, que no daban problemas, que la puerta del piso solía cerrarse como en cualquier casa.
Ese contraste —la normalidad de un portal y la violencia tras la cerradura— convierte la calle Oporto en una boca fría. A partir de ahí, la ciudad entera aprende a mirar distinto las luces que quedan encendidas hasta tarde.
Jacobo Piñeiro Rial aparece pronto en el mapa del caso. Termina confesando la autoría, y el relato que intenta dibujar sobre miedo y defensa choca con lo que la sangre, las ataduras y el número de heridas cuentan sin palabras.
Años después, el juicio se convierte en un carrusel: un primer veredicto lo libra de los asesinatos y lo deja solo con el incendio; la indignación crece y el proceso se quiebra, se anula, se ordena repetir.
En medio de los retrasos, el tiempo juega su propio partido. Piñeiro llega a salir en libertad provisional al agotarse el máximo de prisión preventiva, con la obligación de presentarse cada día ante la justicia para que no se despegue del suelo.
Cuando el caso vuelve a sentarse ante un jurado, las palabras ‘57 puñaladas’ pesan como una piedra. No es una cifra fría: es una suma de segundos, de fuerza, de decisiones repetidas.
El jurado lo declara culpable de dos asesinatos y de un incendio. La condena fija 20 años por cada muerte y 18 más por el fuego, y describe una violencia en dos tiempos: primero herir de muerte y después volver.
En ese segundo tramo aparecen los gestos que hielan: atar, cortar, insistir cuando ya no hacía falta. El incendio, además, no solo intenta borrar: deja una espita de gas abierta, como si el edificio entero fuese prescindible.
La sentencia también pone números al duelo: una indemnización de 400.000 euros para la madre de Isaac y una cantidad menor para los daños asegurados. Pero el dinero no tapa una habitación cerrada ni apaga el olor de la madrugada.
La condena total suma 58 años, aunque la ley marca un límite de cumplimiento efectivo. El castigo, aun recortado por el máximo legal, no evita que la palabra ‘salida’ vuelva a colarse en conversaciones familiares.
En Vigo, el caso deja una herida doble: el recuerdo de dos vidas truncadas y la sensación de que la justicia llegó caminando, con demasiadas paradas, mientras el tiempo seguía pasando por la calle Oporto como si nada.
Quizá por eso el detalle del portal importa tanto: porque cualquiera puede vivir en una séptima planta y creer que una puerta cerrada basta. Aquella noche demostró lo contrario, y la ciudad todavía carga con esa pregunta.
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