Reus amaneció con una noticia que no suena a suceso, pero deja el mismo peso en el pecho. No hubo sirenas ni persecuciones; hubo una palabra que, cuando se pronuncia en voz alta, divide a cualquiera: eutanasia.
Pere Puig Ribas tenía 54 años y llevaba más de dos décadas conviviendo con una depresión severa que describía como resistente a los tratamientos. En su caso, la espera no fue un trámite: fueron 853 días de desgaste, recursos y puertas que se abrían y se cerraban.
Detrás de la cifra hay una vida reducida a lo mínimo. Días repetidos, ansiedad constante, miedo a salir, el cuerpo empezando a enfermar también cuando la mente ya no da tregua.
En España existe una ley que permite la prestación de ayuda para morir en determinados supuestos. Pero entre la ley escrita y la ley que se cumple hay un espacio enorme: comisiones, informes, médicos responsables, evaluaciones y decisiones que, para quien sufre, se viven como un laberinto.
Pere pidió la prestación en varias ocasiones. No fue un impulso de un día, sino una insistencia prolongada, una declaración repetida de voluntad, sostenida en el tiempo incluso cuando le respondían que no.
En el centro del debate está la palabra “capacidad”. La capacidad de entender, de decidir, de sostener la decisión. En los casos psiquiátricos, esa evaluación es más delicada y más discutida, y por eso el camino suele ser más largo y más hostil.
La Comisión de Garantía y Evaluación terminó avalando que cumplía requisitos: que su sufrimiento era grave y cronificado, que no había expectativas razonables de mejora, que su autonomía estaba profundamente limitada.
En esa resolución no hay poesía, solo términos fríos que intentan describir algo que, vivido desde dentro, es más simple: no poder con la vida cotidiana, no poder con el propio cuerpo, no poder con el futuro.
El día en que recibió la prestación, dejó un mensaje escrito que sonaba a cierre: que se cumplía la ley y que terminaba la lucha. Esa frase no es un eslogan; es el resumen de una batalla que duró años.
Su historia reabre la discusión que España todavía no ha terminado de mirar: qué significa “sufrimiento intolerable” cuando no es un tumor visible ni una enfermedad que se ve en una radiografía.
También expone otra grieta: los plazos. Porque 853 días no son un número administrativo; son casi dos años y medio de alguien esperando, con la vida detenida, a que el sistema decida si su dolor encaja en una casilla legal.
Quienes lo apoyaron hablan de dignidad y de respeto a la voluntad. Quienes lo cuestionan temen que se confunda enfermedad con decisión irreversible. En medio, la persona, que deja de ser persona para convertirse en debate.
Pere había contado que su sufrimiento afectaba incluso a su salud física. En estas historias, la frontera entre mente y cuerpo se rompe: el dolor se vuelve total, y la vida se estrecha hasta quedarse sin aire.
No hay manera limpia de contar esto. Lo único responsable es no convertirlo en propaganda ni en espectáculo, y recordar que detrás del concepto jurídico hay una familia, hay hijos, hay hermanas, hay gente que acompaña como puede.
La eutanasia, cuando llega, no resuelve el dolor de los que se quedan. Solo pone un punto final al sufrimiento de quien la solicita. Y ese punto final, en casos como este, llega después de una espera que ya es parte de la historia.
Reus seguirá abriendo persianas y llenando terrazas, pero en algún lugar queda una pregunta difícil: si una ley existe para aliviar, ¿por qué el alivio tarda tanto en llegar, y qué costo humano deja esa espera en quien ya estaba al límite?
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