El aviso no llegó en forma de comunicado oficial ni de rueda solemne. Apareció como suelen aparecer los miedos de un pueblo: en un cartel pegado cerca de la iglesia y el ayuntamiento, y después en conversaciones, grupos de WhatsApp y miradas cruzadas por la calle. En Andoain, Gipuzkoa, el nombre de Joaquín Ferrándiz Ventura volvió a sonar con una mezcla de alarma, memoria y desconfianza.

Ferrándiz no es un vecino cualquiera. Fue condenado por los asesinatos de cinco mujeres en la provincia de Castellón entre 1995 y 1996, además de otros ataques que marcaron uno de los expedientes más oscuros de la crónica criminal española. Durante años fue conocido como el asesino en serie de Castellón, o Ximo, un depredador que elegía a mujeres y aprovechaba la noche para acercarse a ellas.

En julio de 2023 salió de prisión después de cumplir 25 años, el máximo efectivo permitido por la legislación con la que fue juzgado. En aquel momento aseguró que no volvería a Castellón por respeto a las víctimas y que quería rehacer su vida lejos. El paradero quedó en segundo plano durante un tiempo, hasta que se conoció que había vivido en Irun y después se había trasladado a Andoain.

La llegada al municipio guipuzcoano no tardó en generar inquietud. Andoain tiene poco más de 14.000 habitantes, una escala en la que las noticias dejan de ser abstractas y pasan a tener portal, calle y rutina. La idea de que un hombre condenado por cinco asesinatos viviera allí activó un temor comprensible, aunque también un debate delicado sobre vigilancia, reinserción y derecho a rehacer una vida tras cumplir condena.

La alarma creció cuando se supo que Ferrándiz tenía una orden de alejamiento vigente respecto a una mujer que fue su pareja sentimental y compañera de piso. Esa denuncia por acoso abrió un nuevo frente después de su salida de prisión y llevó a la Ertzaintza a reforzar el control sobre sus movimientos. La preocupación ya no miraba solo al pasado, sino a señales recientes que removían heridas antiguas.

La policía vasca lo identificó en un control rutinario en la N-634, a la altura de Usurbil, mientras conducía un vehículo. A partir de ahí, la vigilancia pasó a ser descrita como constante y preventiva. No se trataba de atribuirle un nuevo crimen, sino de seguir de cerca a alguien con antecedentes extremos, presencia en zonas de ocio y una denuncia posterior que impedía bajar la guardia.

El cartel que apareció en Andoain condensó el miedo en pocas palabras: cuidado, violador y asesino de cinco mujeres suelto en el municipio. La frase era directa, casi brutal, y buscaba advertir más que explicar. En ella estaban el rechazo vecinal, el recuerdo de las víctimas y la sensación de indefensión de quienes descubren que la ley ya cerró una condena, pero la memoria social no puede cerrar el expediente.

El caso de Ferrándiz siempre tuvo una dimensión especialmente perturbadora por su método. En los años noventa, se acercaba a mujeres en contextos de ocio, generaba confianza o provocaba situaciones para ofrecer ayuda, y las conducía a lugares apartados. Los cuerpos de sus víctimas aparecieron en cunetas, riberas o zonas aisladas. Solo dos mujeres lograron escapar de ataques atribuidos a su patrón criminal.

Las víctimas mortales fueron Sonia Rubio, Amelia García, Natalia Archelos, Mercedes Vélez y Francisca Salas. Nombrarlas importa porque, cada vez que Ferrándiz vuelve a la actualidad, existe el riesgo de que el foco se desplace hacia él y deje atrás a quienes no pudieron sobrevivir. La alarma de Andoain nace de su presencia actual, pero su peso real viene de esas cinco vidas arrebatadas.

El fiscal Juan Salvador Salom, que participó en la causa que llevó a Ferrándiz a prisión, entendió la vigilancia policial y el nerviosismo vecinal. También recordó una realidad incómoda: con el código penal de entonces, aunque la condena total fuera de 69 años, el cumplimiento efectivo no podía alargarse como ocurriría con herramientas posteriores. La salida de prisión no fue una anomalía administrativa, sino una consecuencia legal difícil de digerir.

Ese punto abre una pregunta que atraviesa el caso: qué hace una sociedad cuando alguien condenado por crímenes extremos cumple la pena y sale. La respuesta no puede ser simple. La ley marca límites, pero el miedo de las víctimas, de sus familias y de los vecinos no desaparece al mismo ritmo que una condena. Andoain se ha convertido en el escenario de esa tensión entre norma, prevención y memoria.

También pesa el dato de que Ferrándiz no se sometió a un programa de rehabilitación para agresores sexuales durante su estancia en prisión. Ese vacío alimenta las dudas sobre el control posterior, aunque ningún informe público pueda predecir el futuro con certeza absoluta. La vigilancia, en este contexto, funciona como una forma de reducir riesgos en un terreno donde la confianza social está rota de antemano.

La reacción vecinal, sin embargo, también camina por una frontera delicada. Avisar, protegerse y exigir atención institucional es comprensible; convertir el miedo en persecución directa puede abrir otros problemas. Por eso el caso obliga a sostener dos ideas al mismo tiempo: el pasado de Ferrándiz justifica una preocupación excepcional, y cualquier respuesta pública necesita evitar el linchamiento y apoyarse en recursos legales y policiales.

En Andoain, los grupos de WhatsApp y los carteles no son solo anécdotas. Son la forma moderna de una alarma comunitaria, el equivalente a decirse unos a otros que algo inquietante vive cerca. Lo que antes habría circulado de boca en boca ahora se multiplica en capturas, mensajes y fotografías. El resultado es una localidad que intenta recuperar sensación de control frente a una presencia que no sabe cómo encajar.

Para las familias de las víctimas de Castellón, cada nueva noticia sobre Ferrándiz puede ser una reapertura. La libertad del condenado, su domicilio, su trabajo o sus desplazamientos no son datos neutros cuando detrás hubo cinco asesinatos. La justicia penal cerró una etapa, pero la herida pública sigue abierta porque el caso dejó una pregunta que nunca envejece: cómo se protege a la sociedad cuando el castigo ya se cumplió.

La historia de Andoain no empieza con un cartel ni termina con un control de carretera. Es el eco de los crímenes de los años noventa entrando en una calle nueva, en un municipio que ahora mira de reojo a un vecino con un pasado imposible de separar de su nombre. Joaquín Ferrándiz está en libertad, pero su presencia demuestra que algunas condenas terminan antes que el miedo que provocaron.