En Confrides, un pueblo de Alicante con apenas unos cientos de vecinos, la cifra golpea como una puerta arrancada de cuajo: 116 perros amontonados en una vivienda de unos 70 metros cuadrados.

La escena fue detectada tras una inspección en la que participaron veterinarios oficiales de la Generalitat y agentes del Seprona, que confirmaron la magnitud de una situación que el Ayuntamiento considera inasumible con sus propios medios.

Según la información trasladada por el consistorio, muchos de los animales son de pequeño tamaño, entre ellos ejemplares de raza Yorkshire, y permanecían en condiciones incompatibles con un espacio de vida digno.

No se trata solo de una acumulación descontrolada, sino de un encierro prolongado en jaulas y zonas sin capacidad real para absorber a más de un centenar de perros dentro de una finca del municipio.

El alcalde, Rubén Picó, ha pedido ayuda urgente a la Diputación de Alicante y a la Generalitat Valenciana porque Confrides carece de estructura para afrontar una retirada, traslado y atención veterinaria de esta magnitud.

El municipio no dispone de policía local, veterinario municipal, instalaciones de acogida ni transporte especializado para animales, una carencia que convierte cualquier intervención en una operación externa casi obligatoria.

La presión no recae solo sobre el bienestar animal. El Ayuntamiento también ha advertido de la vulnerabilidad de la mujer vinculada a la vivienda, una ciudadana centroeuropea de unos 50 años cuya situación personal también preocupa.

Esa doble dimensión, la de los animales atrapados y la de una propietaria desbordada, ha empujado al consistorio a reclamar una actuación coordinada que evite una respuesta improvisada y tardía.

Los informes municipales remitidos a la administración autonómica sostienen que las deficiencias higiénico-sanitarias detectadas en visitas previas no se habrían corregido y que el escenario incluso habría empeorado con el paso del tiempo.

Además del rescate, el gran muro aparece después: dónde llevar a 116 perros, quién asume su custodia, cómo se paga su alimentación, su identificación, su atención clínica y el espacio que necesitan para dejar de vivir hacinados.

La protectora más cercana, según la información trasladada por el Ayuntamiento, no tendría capacidad para absorber una entrada tan masiva, lo que refuerza la necesidad de repartir la carga entre administraciones y entidades de acogida.

Confrides, catalogado como municipio en riesgo de despoblamiento y con recursos muy limitados, insiste en que no puede sostener en solitario una operación que exigiría personal técnico, medios logísticos y financiación inmediata.

Por eso la petición no se limita a una ayuda genérica: el consistorio reclama liderazgo técnico, calendario de actuación y una red previa de plazas disponibles para impedir que los animales salgan de un encierro insoportable hacia otro cuello de botella.

Mientras llega una decisión, el caso deja una imagen difícil de apartar: 116 perros comprimidos en una casa mínima y un pueblo entero reconociendo que, sin apoyo externo, no tiene fuerza suficiente para abrirles la salida.