Begoña Gómez ha pedido al juez Juan Carlos Peinado autorización para salir de España y viajar primero a Turquía y después al Reino Unido, en un movimiento que reabre de golpe la tensión judicial que arrastra desde que le retiraron el pasaporte.
La solicitud plantea dos desplazamientos concretos entre los días 7 y 10 de julio de 2026: asistir a la cumbre de la OTAN en Ankara como parte de la delegación oficial española y acudir más tarde a la graduación de su hija en Londres.
El escrito llega apenas unos días después de que el juzgado le impusiera la prohibición de abandonar el país y comparecencias periódicas, dentro de la causa en la que afronta juicio oral por varios delitos vinculados a su actividad y a su entorno institucional.
Ese contexto convierte la petición en algo más que un trámite de agenda, porque obliga al magistrado a decidir si flexibiliza de forma puntual unas medidas cautelares que habían sido presentadas como necesarias para evitar un eventual riesgo de fuga.
La defensa sostiene que el primer viaje tiene carácter oficial, ya que Begoña Gómez acudiría invitada en calidad de esposa del presidente del Gobierno y dentro de un desplazamiento plenamente encuadrado en la representación española.
También argumenta que durante ese trayecto estaría acompañada por su escolta de la Policía Nacional, un punto que busca desmontar la tesis de que exista una posibilidad real de que eluda la acción de la Justicia aprovechando la salida al extranjero.
La segunda parte de la petición introduce un elemento personal y familiar: la graduación de su hija en el Reino Unido, una cita privada que la defensa incorpora al mismo permiso con la intención de evitar nuevas comparecencias para dos salidas encadenadas.
El caso adquiere relieve político porque la resolución dependerá del mismo juez que ordenó la retirada del pasaporte en una decisión que ya había provocado choque institucional, críticas públicas y una fuerte discusión sobre la proporcionalidad de las medidas.
Desde entonces, la situación de Begoña Gómez ha quedado marcada por una imagen de encierro judicial poco habitual en una figura tan expuesta, con cada paso sometido a control y con cualquier desplazamiento convertido en un asunto de alto voltaje político.
La nueva petición no altera el fondo de la causa, pero sí obliga a medir hasta qué punto las cautelares pueden convivir con compromisos oficiales del entorno del presidente y con actos familiares que, en circunstancias normales, no requerirían autorización expresa.
Si el juez acepta la salida, la decisión será leída como una excepción puntual bajo vigilancia; si la rechaza, reforzará la idea de que el cerco impuesto tras la apertura de juicio oral sigue intacto incluso ante una agenda institucional y personal muy delimitada.
En paralelo, la defensa mantiene su estrategia de combatir las restricciones por la vía de los recursos, insistiendo en que la retirada del pasaporte y la prohibición de viajar no se sostienen con hechos sólidos ni con un peligro concreto de fuga.
La escena deja una imagen incómoda: una esposa del presidente pendiente de permiso judicial para cruzar una frontera, con un viaje oficial a una cumbre internacional mezclado con una ceremonia familiar y con la causa penal marcando cada decisión.
Ahora todo queda a la espera de la respuesta del juzgado, que tendrá que decidir si Begoña Gómez puede salir temporalmente de España o si la petición queda cerrada antes incluso de que arranquen los desplazamientos previstos para julio.
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