El tablero político español amaneció este sábado con un golpe judicial de enorme impacto: el juez Juan Carlos Peinado acordó la retirada del pasaporte de Begoña Gómez y la apertura de juicio oral dentro de una causa que lleva meses erosionando el entorno del Gobierno.
La resolución impone además la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer en el juzgado cada quince días, un paquete de medidas cautelares que coloca a la esposa del presidente bajo un foco institucional sin precedentes en la democracia reciente.
El magistrado justifica esa decisión al sostener que existen indicios racionales de criminalidad y que, ante la gravedad de las penas asociadas a los delitos atribuidos, debe neutralizarse un eventual riesgo de fuga antes de que el procedimiento entre en una fase aún más delicada.
El auto también alcanza a Cristina Álvarez, asesora vinculada al caso, mientras el empresario Juan Carlos Barrabés queda igualmente enviado a juicio por su presunta relación con parte de los hechos investigados en esta pieza judicial.
Sobre Begoña Gómez pesan acusaciones por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, una combinación penal que eleva de forma drástica la temperatura política del asunto.
La audiencia preliminar se había celebrado días antes y en ella las acusaciones populares reclamaron medidas cautelares severas, insistiendo en que la fase de investigación ya había desembocado en un escenario procesal suficiente para endurecer el control judicial sobre los imputados enviados a juicio.
La Fiscalía se opuso a esas restricciones y mantuvo que no procedía endurecer la situación personal de los acusados, de modo que el juez terminó desmarcándose del criterio del Ministerio Público y de las defensas para firmar una resolución de 84 páginas cargada de consecuencias.
Ese choque entre el instructor y la Fiscalía alimenta una de las claves de la jornada: el caso ya no se mueve solo en el terreno penal, sino también en el de la interpretación institucional de hasta dónde puede llegar una instrucción que afecta al círculo más cercano del presidente del Gobierno.
El auto recupera además la tesis de que Begoña Gómez se habría beneficiado de su posición como esposa de Pedro Sánchez para obtener decisiones favorables, una idea que el magistrado viene utilizando como columna central para sostener la continuidad del procedimiento.
La decisión rompe con el criterio que el propio juez mantuvo en 2024, cuando no retiró el pasaporte pese a que esa medida ya había sido solicitada, y ese giro refuerza la sensación de que la causa ha entrado en una fase mucho más agresiva y políticamente explosiva.
Desde el entorno gubernamental la respuesta fue inmediata, con críticas a la desproporción del auto y a la deriva de una instrucción que La Moncloa considera marcada por una persecución incompatible con una lectura equilibrada de las garantías procesales.
La defensa de Begoña Gómez prepara ahora la impugnación de las medidas cautelares, consciente de que el verdadero pulso no se librará solo en el juicio oral, sino también en la batalla previa por limitar los efectos públicos y personales de una decisión que ya ha marcado el día.
Más allá del debate partidista, la escena deja una imagen de enorme peso simbólico: una figura situada en el núcleo del poder político español obligada a entregar su pasaporte y a quedar sometida a un control judicial periódico mientras el caso sigue creciendo en gravedad.
Con el país dividido entre quienes ven en esta resolución una respuesta necesaria y quienes la interpretan como una ofensiva desmedida, el procedimiento entra en una etapa en la que cada escrito, cada recurso y cada comparecencia pueden agrandar todavía más la fractura abierta.
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