La causa de Plus Ultra ha dado otro paso que aprieta el aire alrededor del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar a sus hijas, Alba y Laura Rodríguez, y también a su secretaria, Gertrudis Alcázar, un día después de que el expresidente declarara en sede judicial.
La decisión llega a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que reclamó que las tres fueran llamadas en calidad de investigadas. El movimiento no es menor, porque abre una nueva fase en la que el procedimiento deja de rodear solo al expresidente y entra de lleno en personas de su círculo inmediato.
En la resolución, el magistrado comunica a las tres que la causa queda ya en su conocimiento para que puedan personarse y ejercer su derecho de defensa. Las citaciones concretas se fijarán en una resolución aparte, pero el mensaje judicial ya está lanzado: la investigación no se queda en un plano periférico.
El foco principal sobre las hijas de Zapatero se apoya en el papel que el instructor atribuye a What The Fav, la empresa administrada por ambas. Según el criterio del juez, esa sociedad aparece situada en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación por su presunta función instrumental en la canalización de fondos bajo sospecha.
La sociedad fue fundada en 2019 y, según la información difundida sobre la investigación, recibió pagos relevantes de firmas también bajo la lupa del procedimiento. Entre ellas figura Gate Center, que habría transferido más de 170.000 euros, junto a otros abonos de empresas que el instructor conecta con la estructura económica investigada.
Otro de los elementos que alimentan las sospechas judiciales es la relación con Inteligencia Prospectiva, señalada por transferencias de más de medio millón de euros entre 2021 y 2024 pese a presentar ingresos casi nulos y fuertes pérdidas. A esa cifra se sumarían más de 200.000 euros vinculados a Análisis Relevante, otra de las piezas descritas en la causa.
Para el magistrado, esas operaciones presentan incoherencias empresariales suficientes como para estudiar si la mercantil de las hijas pudo utilizarse como vehículo para mover pagos relacionados con las gestiones del rescate de la aerolínea. La sospecha no equivale a condena, pero sí coloca a la empresa en el centro de un examen judicial mucho más agresivo.
En el caso de Gertrudis Alcázar, la resolución se remite a indicios ya expuestos en el auto que afectó al expresidente. El instructor le atribuye un supuesto papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada, según la investigación, al ejercicio ilícito de influencias y a la cobertura documental de determinados movimientos.
Ese salto procesal llega justo después de la declaración de Zapatero ante la Audiencia Nacional. El expresidente negó haber influido para favorecer el rescate de Plus Ultra y rechazó haber cobrado comisión alguna por esa gestión, defendiendo su inocencia frente a una causa que no ha dejado de escalar desde mayo.
El origen del procedimiento está en el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea en 2021, en plena resaca económica de la pandemia. El juez sostiene desde hace semanas que existen indicios para estudiar si se usó influencia política y una red de sociedades para obtener beneficios económicos en torno a aquella operación.
La investigación también ha puesto bajo foco las cuentas, los mensajes y la documentación de los implicados. En autos anteriores, el instructor describió una estructura estable y jerarquizada y llegó a cifrar en 1,9 millones de euros los presuntos beneficios obtenidos por el entorno investigado dentro del caso.
La entrada de Alba y Laura Rodríguez como investigadas añade una carga política y simbólica evidente al procedimiento. Durante años han mantenido un perfil público mucho más bajo que el de su padre, ligado sobre todo a proyectos digitales y de comunicación, pero ahora su actividad mercantil queda absorbida por el mismo huracán judicial.
A partir de este punto, la causa entra en una zona todavía más delicada. La Fiscalía Anticorrupción ha empujado para ampliar el perímetro de la investigación y el juez ha aceptado ese paso, lo que anticipa nuevas declaraciones, más contraste documental y una revisión más dura de los flujos económicos detectados.
El caso Plus Ultra ya no golpea solo a una figura política de primer nivel. Con esta resolución, la sombra judicial se extiende sobre el núcleo profesional y familiar que orbitaba a su alrededor, y deja una imagen inquietante: cada nueva pieza incorporada al sumario hace más denso el relato de una red que la Audiencia Nacional todavía intenta desentrañar.
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