La noche del 13 de septiembre de 2025 dejó una escena feroz en un centro de protección de menores de Huelva: una educadora social trabajaba sola cuando tres internos se coordinaron para romper la norma y abrirse paso por la fuerza.
La resolución judicial ya es firme en segunda instancia y confirma la condena impuesta a los tres menores, a quienes se responsabiliza de un ataque que dejó a la trabajadora inconsciente en pleno turno nocturno.
El relato judicial sostiene que actuaron de común acuerdo y que uno de ellos la sujetó con fuerza por el cuello desde atrás hasta derribarla, mientras otro permanecía atento a la situación y esperaba el momento para continuar la maniobra.
Cuando la mujer cayó al suelo sin sentido, los menores aprovecharon para coger las llaves que llevaba encima y acceder al despacho, donde se hicieron con pertenencias de la trabajadora y con objetos vinculados a otro interno.
La violencia no terminó cuando la víctima recuperó la conciencia. El mismo menor volvió a agarrarla por el cuello y la arrastró, mientras otro colaboraba en el traslado forzado por el interior del centro.
En ese recorrido la llevaron hasta una habitación, y allí la escena se cerró todavía más sobre ella: quedó acorralada contra la pared y obligada a decir cuáles eran las llaves que abrían la salida principal.
Con esa información, los tres lograron franquear la puerta del centro y salir del edificio, culminando una secuencia que no fue una explosión caótica, sino una acción sostenida con reparto de papeles y dominio físico sobre la víctima.
Las secuelas descritas fueron erosiones en la parte anterior del cuello, cervicalgia y un cuadro de ansiedad que obligó a tratamiento psicológico y atención médica especializada, además de dejar como huella un estrés postraumático.
Tras los hechos, el juzgado acordó medidas cautelares de internamiento para los tres implicados. En uno de los casos se añadió una valoración específica en salud mental y, en otro, un internamiento terapéutico en régimen semiabierto.
La jueza de menores acabó condenándolos como autores de delitos de coacciones y lesiones, con una medida de 16 meses de internamiento en régimen semiabierto, aunque en uno de ellos el tramo final quedó vinculado a tratamiento terapéutico.
La sentencia también les impone una prohibición de aproximación a la educadora y fija una responsabilidad económica solidaria junto a sus representantes legales, con una indemnización de 10.200 euros por las lesiones y secuelas sufridas.
La defensa institucional intentó modificar el fallo mediante recurso, pero la Audiencia Provincial de Huelva desestimó esa impugnación y mantuvo intacto el criterio de la primera resolución, reforzando así la versión judicial ya asentada.
El caso vuelve a colocar el foco sobre la vulnerabilidad de quienes sostienen solos turnos de noche en centros de menores, donde una decisión coordinada de varios internos puede convertir un espacio de custodia en una trampa cerrada en segundos.
Detrás de la condena queda una imagen difícil de borrar: una trabajadora reducida, arrastrada y forzada a entregar las llaves mientras intentaba sobrevivir dentro del mismo lugar en el que debía proteger a otros.
0 Comentarios