La muerte de Leo, un bebé de cinco meses, ha vuelto a abrir una herida que nunca llegó a cerrarse en El Masnou, en la provincia de Barcelona. Lo que durante meses pareció una tragedia sin responsables ha dado un giro con nuevas evidencias incorporadas a la causa.
El pequeño falleció en abril de 2024 dentro de la guardería El Petit Vailet, a la que apenas llevaba tres días acudiendo en pleno periodo de adaptación. Su corta presencia en el centro quedó marcada por una escena que su familia todavía describe como insoportable.
La investigación recayó en un juzgado de Mataró, que en un primer momento archivó el caso después de que un informe preliminar de autopsia hablara de una muerte súbita. Aquella conclusión dejó sin respuesta muchas de las dudas que los padres arrastraban desde el primer día.
Todo cambió cuando el informe definitivo, recibido en febrero de este año, fijó como causa del fallecimiento una insuficiencia respiratoria. Ese detalle no era menor: desplazaba la sospecha desde una muerte repentina e imprevisible hacia la posibilidad de una falta de vigilancia.
A partir de ese momento, la jueza instructora volvió a mirar el caso con otra luz y centró la atención en lo que ocurrió durante los minutos previos a la muerte del bebé. La pregunta era simple y brutal al mismo tiempo: quién estaba realmente pendiente de Leo cuando dejó de respirar.
En la causa aparecen señaladas dos trabajadoras del centro, la cuidadora principal y una auxiliar de 18 años. La instructora trata de aclarar cuál de las dos tenía la responsabilidad directa sobre los ocho bebés que estaban en la sala durante aquel tramo de la jornada.
Uno de los puntos más delicados es la versión ofrecida por la cuidadora principal. Primero aseguró que había comprobado que Leo seguía respirando, pero después admitió ante el juzgado que no lo hizo porque se había marchado a comer sobre las 13.45 horas.
Ese cambio de versión deja un vacío inquietante en una franja crítica del día. Si la trabajadora se ausentó a esa hora, el control de varios menores habría quedado en manos de una auxiliar muy joven y con un encaje laboral que ahora también está bajo examen.
El contrato de esa auxiliar establecía, al parecer, que solo podía trabajar hasta las 13.00 horas. Sin embargo, el momento del suceso la situaría todavía al frente de los niños, una circunstancia que refuerza la sospecha de que el centro pudo incumplir sus propios márgenes de supervisión.
La joven aún no ha declarado en sede judicial porque en la fase inicial no disponía de abogado asignado. Su papel resulta clave para reconstruir los minutos en los que Leo quedó sin la atención que un bebé de su edad exige de forma constante.
La madre del niño, anestesista y especialista en reanimación, sostiene que su hijo estaba sano y que una asfixia o una dificultad respiratoria no deberían haber pasado inadvertidas para personal dedicado al cuidado infantil. Su convicción choca de frente con la falta de respuestas claras que, denuncia, recibió desde el primer momento.
Cuando acudió a recogerlo sobre las tres de la tarde, se encontró con un escenario de gritos y urgencia. Según su relato, la directora acabó poniéndole en brazos a su hijo ya sin reacción, con el cuerpo blanco y frío, mientras ella intentaba reanimarlo sabiendo que casi no quedaba margen.
Leo había sido diagnosticado de bronquiolitis dos semanas antes, pero su pediatra había autorizado que acudiera a la guardería con recomendaciones concretas de supervisión y lavados nasales. Ese antecedente médico no cerró la puerta al centro, sino que obligaba a extremar la atención.
Ahora la causa judicial se mueve sobre una línea estremecedora: determinar si la muerte de un bebé vulnerable fue consecuencia de un fallo imposible de evitar o del descuido de quienes debían protegerlo. Para la familia, la respuesta no es solo penal, sino la única forma de romper el silencio que dejó aquella siesta convertida en pesadilla.
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