La denuncia sitúa el origen del caso en un lugar donde la confianza debería ser intocable: la consulta de un médico de familia. En Santiago de Compostela, un juzgado investiga a un facultativo del Centro de Saúde de Galeras por una supuesta agresión sexual denunciada por una paciente, con hechos que, según su relato, se habrían producido entre 2019 y 2021.
La investigación está en manos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Santiago. Ese dato marca el tono real del caso: no se trata de un rumor interno ni de una queja administrativa, sino de unas diligencias judiciales abiertas a partir de una denuncia formal que describe comentarios sexuales insistentes y tocamientos presuntamente ajenos a cualquier finalidad médica.
Según la versión aportada por la denunciante, varios episodios ocurrieron durante distintas consultas. La paciente sostiene que el médico le hizo preguntas sobre prácticas sexuales y comentarios de contenido íntimo que no guardaban relación con el motivo clínico por el que acudía a la consulta, una frontera que, si se rompe, convierte la atención sanitaria en un espacio de intimidación.
Uno de los momentos centrales del relato se habría producido durante una visita por un bulto en el cuello. En esa consulta presencial, siempre según la denuncia, el médico mantuvo una conversación personal y sexualizada antes de pedirle que se quitara la ropa de cintura para arriba para una exploración física que la mujer considera impropia y desligada de la dolencia por la que había acudido.
La paciente afirma que durante esa exploración hubo tocamientos que interpretó como ajenos a la práctica médica. También ha descrito que se quedó bloqueada, nerviosa y sin capacidad de reaccionar con claridad en el momento, una respuesta que aparece con frecuencia en relatos de situaciones vividas como invasivas o violentas, especialmente cuando se producen en contextos de autoridad profesional.
El caso no se apoya en un único instante, sino en una acumulación de escenas que la mujer habría soportado durante un periodo prolongado. Esa continuidad es uno de los elementos más inquietantes del relato: la sospecha de que la consulta dejó de ser un espacio de asistencia para convertirse, según la denuncia, en un entorno cargado de insinuaciones, incomodidad y miedo contenido.
En agosto de 2021, la denunciante terminó cambiando de médico de cabecera. Ese paso, por sí solo, no prueba los hechos, pero sí encaja con una consecuencia concreta y verificable dentro de la cronología expuesta: la ruptura con el profesional al que, según sostiene, ya no podía volver a enfrentarse con normalidad después de lo ocurrido en aquellas consultas.
Desde el área sanitaria de Santiago, las respuestas públicas han sido medidas. Fuentes del Sergas han trasladado su respeto por el procedimiento judicial en curso y su disposición a colaborar con las autoridades, además de confirmar que ya facilitaron la información puntual que les fue requerida por el juzgado para avanzar en la investigación.
Esas mismas fuentes sanitarias han señalado que desconocen los hechos concretos que originan la denuncia. Por ese motivo, sostienen que no se activaron actuaciones internas previas sobre el facultativo, una posición que deja al procedimiento judicial como principal vía para aclarar qué ocurrió realmente dentro de la consulta y si hubo conductas delictivas.
La escena descrita en la denuncia tiene un peso especial porque sucede en una relación profundamente desigual. Un paciente entra en consulta para buscar alivio, orientación o diagnóstico; al otro lado hay un profesional investido de autoridad técnica. Cuando la conversación y el contacto físico quedan bajo sospecha, la sensación de desprotección puede ser devastadora.
Por ahora no ha trascendido ninguna imputación firme ni una resolución judicial sobre el fondo del asunto. Lo que existe es una investigación en marcha, una paciente que ha puesto nombre y fechas a lo que dice haber vivido, y una cadena de hechos que obliga a examinar con precisión si hubo preguntas y exploraciones incompatibles con la práctica clínica ordinaria.
El caso también expone una dificultad habitual en este tipo de denuncias: gran parte de lo sucedido habría ocurrido en un espacio cerrado, sin testigos directos y en un contexto aparentemente rutinario. Eso convierte cada detalle en una pieza sensible, desde la historia clínica y los tiempos de consulta hasta cualquier documentación o testimonio que permita reconstruir el patrón descrito por la denunciante.
Mientras el juzgado reúne información, el nombre del centro de salud queda inevitablemente atravesado por la sospecha. No porque la investigación determine ya una culpabilidad, sino porque la mera posibilidad de que una paciente se sintiera utilizada o violentada en un entorno asistencial golpea uno de los núcleos más delicados de la confianza pública en la sanidad.
La causa sigue abierta y su recorrido judicial dirá si aquellas consultas escondían solo la versión de un profesional y una paciente enfrentados o algo mucho más oscuro. De momento, lo verificable es esto: una mujer denunció comentarios sexuales y tocamientos entre 2019 y 2021, cambió de médico en agosto de 2021 y ahora un juzgado de Santiago investiga si aquel malestar fue, en realidad, una agresión sexual encubierta bajo una bata blanca.
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