La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias para aclarar si en el Hospital de la Axarquía, en Vélez-Málaga, se utilizaron reactivos caducados en análisis clínicos realizados a pacientes del sistema público.
La investigación nace tras una denuncia presentada por el sindicato CSIF, que sostiene que esa práctica no habría sido puntual, sino repetida en el tiempo dentro del laboratorio del centro sanitario.
La denuncia apunta a que el problema podía afectar a la fiabilidad de resultados analíticos esenciales para detectar enfermedades, orientar tratamientos y descartar patologías en miles de muestras procesadas.
Entre el material aportado figuran decenas de fotografías de reactivos con la fecha vencida, imágenes sobre métodos empleados para mantener operativas las máquinas y alrededor de 3.000 mensajes intercambiados entre trabajadores.
También se habrían incorporado testimonios de técnicos que pasaron por el laboratorio en los últimos años y que describen un clima de presión, silencio y normalización de prácticas que consideraban irregulares.
Una de las acusaciones más graves sostiene que algunos controles internos de las máquinas detectaban la falta de garantías del material, pero aun así los reactivos seguían utilizándose en la cadena analítica.
La denuncia recoge además sospechas de etiquetados alterados y envases rellenados con restos, una mecánica que, de confirmarse, complicaría la trazabilidad de cualquier error y oscurecería el origen de una incidencia.
CSIF trasladó sus alertas a la dirección del hospital en reuniones celebradas entre enero y febrero, donde reclamó una investigación interna y la separación temporal de dos mandos señalados por los trabajadores.
La gerencia abrió una revisión reservada, pero el expediente terminó archivado sin consecuencias conocidas, una decisión que empujó el conflicto fuera del ámbito interno y lo colocó ya en el terreno judicial.
Mientras tanto, los dos cargos intermedios señalados han respondido con una querella contra representantes sindicales y contra el propio sindicato, elevando la tensión en torno a un caso que ya golpea la credibilidad del centro.
La Junta de Andalucía ha confirmado que ha remitido a la Fiscalía la documentación que le fue requerida, aunque evita entrar en valoraciones sobre el fondo del asunto por tratarse de un procedimiento en curso.
En los meses previos ya habían trascendido denuncias sobre el laboratorio por la supuesta conservación de material obsoleto y por decisiones dirigidas a no desechar determinados reactivos pese a su estado.
El caso sacude además a la sanidad malagueña en un momento delicado, después de otro episodio reciente en un hospital de la provincia que obligó a revisar cientos de pruebas por resultados erróneos.
Ahora la clave está en determinar si hubo riesgo real para los pacientes, quién autorizó esas prácticas y hasta qué punto un laboratorio público pudo seguir funcionando mientras crecía una sospecha tan grave.
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