Madrid vuelve a mirar de frente una desaparición que llevaba demasiado tiempo oliendo a muerte. Francisco de Pablo Páez salió de casa el 21 de marzo de 2022 y, según la acusación, aquel trayecto terminó en una finca cercana a San Fernando de Henares, donde recibió un golpe mortal en la cabeza.
La víctima tenía 32 años y era conocida como Francis. Había salido del barrio de Hortaleza acompañado por Israel C.R., un hombre de su entorno que ahora se sienta en el banquillo como presunto autor material del asesinato.
La Fiscalía sostiene que el ataque se produjo con una barra metálica y por sorpresa, por la espalda, en un contexto que impidió cualquier defensa. Esa forma de agresión es una de las bases sobre las que se apoya la acusación de asesinato.
Después del golpe, según el relato acusatorio, entró en escena un segundo acusado: Fernando R.P. La tesis fiscal es que ayudó a mover el cadáver y a hacerlo desaparecer, no en un descampado remoto, sino bajo el suelo de una cocina.
El cuerpo fue trasladado hasta una parcela de Aldea del Fresno propiedad de la familia del principal acusado. Allí quedó oculto bajo la cocina de la vivienda durante más de dos años, como si el cemento pudiera congelar el crimen y borrar el paso del tiempo.
La desaparición se mantuvo abierta hasta que el cadáver fue localizado el 6 de junio de 2024. El hallazgo convirtió una ausencia angustiosa en una escena aún más brutal: Francisco no estaba perdido, había sido enterrado para que no volviera.
Ahora la Audiencia Provincial de Madrid juzga a los dos procesados con jurado popular. La petición de la Fiscalía es de 22 años de prisión para Israel C.R. por asesinato y de dos años y medio para Fernando R.P. por encubrimiento.
La defensa del principal acusado niega la versión de la acusación y pide la absolución. Su estrategia pasa por alegar legítima defensa y una atenuante muy cualificada de drogadicción, una combinación que intenta rebajar de forma drástica su responsabilidad penal.
La defensa del segundo procesado también solicita la absolución y sostiene que no cometió delito alguno. El juicio tendrá que decidir si fue un colaborador consciente en la ocultación del cadáver o si queda fuera del núcleo criminal que describe la Fiscalía.
Durante la investigación apareció además otro hilo oscuro: meses antes de desaparecer, Francisco habría sufrido un supuesto vuelco de droga, un robo entre personas vinculadas al narcotráfico. Las informaciones conocidas apuntan a que ese episodio no se ha conectado de forma directa con el asesinato, aunque sí dibuja el entorno del caso.
Otra línea que ha trascendido es la discusión sobre una plantación o un terreno usado para cultivar sustancias estupefacientes. La acusación y la defensa chocan ahí no solo por el motivo, sino por la propia secuencia de violencia que terminó con la muerte.
Hay un detalle que endurece aún más el juicio: la madre de Francisco, que inicialmente ejercía la acusación particular, murió antes de ver a los acusados sentados ante un jurado. El proceso sigue adelante, pero esa ausencia añade otro vacío irreversible a la historia.
La crudeza del caso no está solo en el golpe ni en el entierro clandestino. Está también en los dos años de silencio, en la espera de una familia y en la idea insoportable de que el cuerpo permaneciera bajo una cocina mientras la vida seguía arriba.
Madrid juzga ahora algo más que una muerte violenta. Juzga un presunto asesinato seguido de una ocultación meticulosa, un intento de borrar a un hombre de 32 años y de encerrar su final bajo una losa doméstica que no consiguió mantener el horror enterrado para siempre.
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