La escena se juzgó en Vigo con una ausencia que pesó desde el principio: el abogado acusado no acudió a la vista oral en la Sección de Violencia sobre la Mujer, aunque remitió un escrito al juzgado.
Frente a esa silla vacía declaró la mujer a la que aquel letrado debía asistir en otro procedimiento de violencia de género, una cliente que acabó describiendo ante el juez una videollamada que, dijo, la dejó humillada y aterrada.
Los hechos se remontan al 13 de enero de 2026, cuando ambos mantuvieron el primer contacto por videollamada a cuenta de la defensa jurídica que él llevaba para ella.
La mujer relató que, al poco de empezar la conversación, notó movimientos extraños en el teléfono y empezó a sospechar que algo no encajaba con una consulta profesional normal.
La certeza llegó cuando el hombre bajó la cabeza y ella vio reflejado en sus gafas que estaba desnudo de cintura para abajo y tocándose los genitales mientras seguía al otro lado de la pantalla.
Según su declaración en sala, se quedó bloqueada, escuchó sonidos de excitación y tardó unos segundos en asumir que quien estaba al otro lado no era un desconocido, sino la persona encargada de defenderla.
Aun en estado de shock, logró hacer capturas de pantalla que luego incorporó a la denuncia, una reacción que terminó convirtiendo una escena íntima y degradante en una pieza clave del procedimiento.
La acusación encuadra los hechos en el artículo 173.4 del Código Penal, el precepto que castiga conductas sexuales que generan en la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria sin llegar a integrar un delito más grave.
Por ese motivo, Fiscalía y la acusación particular solicitaron para el procesado una multa de 720 euros, mientras la representación de la mujer reclamó además una orden de alejamiento de 500 metros.
Durante la vista trascendió también que el propio acusado asumió los hechos en su escrito de alegaciones, aunque defendió que esa conducta no debía considerarse delictiva.
En ese mismo escrito sostuvo que abandonaba la profesión, que había cerrado su despacho y que se había dado de baja de la actividad colegial tras trece años ejerciendo la abogacía.
La mujer explicó que el impacto no terminó aquel día: aseguró que necesitó más medicación para dormir y que empezó a sufrir pesadillas después de sentirse vulnerable ante quien debía ofrecerle amparo legal.
En el juicio se mencionó además que el Colegio de Abogados le impuso una suspensión de dos años, una sanción administrativa que el procesado aceptó y que se conoció en el contexto de la vista penal.
Con la prueba practicada y la declaración de la denunciante respaldada por el reconocimiento escrito del acusado, la causa quedó vista para sentencia, dejando en el aire una pregunta brutal: qué ocurre cuando el supuesto refugio también se convierte en amenaza.
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