La última puerta penal también se ha cerrado. La Fiscalía ha archivado las dos causas que seguían abiertas por los errores en los cribados de cáncer de mama en Andalucía, el episodio que durante meses dejó a miles de mujeres atrapadas entre retrasos, miedo y una sensación de abandono difícil de borrar.
Con esta decisión queda desactivado el frente judicial que nació a partir de quince denuncias impulsadas por la asociación El Defensor del Paciente, particulares e iniciativas políticas que reclamaban responsabilidades por los fallos detectados en el sistema andaluz de detección precoz.
Las denuncias apuntaban contra directivos públicos y altos cargos sanitarios, pero la Fiscalía no ha apreciado indicios de delito suficientes para mantener abiertas las últimas diligencias. El archivo completa así un proceso que ya había ido cayendo provincia a provincia durante los meses anteriores.
A finales de marzo ya habían sido archivadas varias denuncias en Granada, Jaén, Sevilla, Almería y Málaga. Aquel movimiento dejó el caso prácticamente cercado y anticipó el desenlace que ahora termina de consumarse con el cierre de las dos causas pendientes.
La Fiscalía Superior de Andalucía ya había tomado otra decisión clave en febrero, cuando archivó tres denuncias dirigidas contra cargos aforados y remitió otras actuaciones a fiscalías provinciales para un examen individualizado. El criterio fue claro: no veía una base penal común que sostuviera una responsabilidad general.
El recorrido judicial también había rozado otro punto especialmente sensible en diciembre, cuando la Fiscalía de Sevilla cerró la investigación sobre la supuesta desaparición de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud. Aquella línea terminó con la conclusión de que los datos conservaban su integridad.
El cierre penal no borra el origen del escándalo. El caso estalló por los retrasos en la comunicación de resultados de cribados de cáncer de mama, una cadena de fallos que golpeó a mujeres que esperaban pruebas decisivas para descartar o detectar a tiempo una enfermedad devastadora.
El impacto social fue inmediato porque la alarma no se quedó en despachos ni expedientes. Asociaciones de pacientes y plataformas sanitarias empezaron a reunir testimonios de afectadas que denunciaban demoras, incertidumbre y graves consecuencias emocionales tras quedarse sin respuestas cuando más las necesitaban.
Entre esos movimientos destacó la campaña Mee Too Sanitario, impulsada por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla y las Mareas Blancas. El mensaje no era técnico ni abstracto: ponía rostro a mujeres que aseguraban haber sido arrastradas por un sistema incapaz de responder con la urgencia que exigía el riesgo.
La presión pública llegó a ser tan intensa que el caso acabó convertido en uno de los mayores símbolos de desgaste político de la sanidad andaluza. Las protestas masivas y el enfado de las afectadas marcaron durante meses el debate sobre la gestión de la Junta.
Desde la oposición, Izquierda Unida sostuvo que el archivo judicial no elimina la dimensión del desastre y llegó a definir la crisis como el mayor escándalo reciente de la sanidad pública andaluza. El PSOE andaluz también cargó contra la falta de transparencia y contra la respuesta institucional a quienes denunciaron el problema.
Ese contraste entre el cierre penal y la persistencia del daño político explica por qué el caso no se apaga con una resolución de archivo. Una causa puede agotarse en los tribunales y, aun así, dejar intacta la sensación de que la maquinaria pública reaccionó tarde ante un fallo con consecuencias muy serias.
La clave del archivo está en el umbral penal: una cosa es la gravedad social, sanitaria o política del episodio y otra distinta acreditar un delito concreto atribuible a responsables determinados. La Fiscalía ha optado por esa lectura y con ella deja fuera de la vía penal el conjunto del caso.
Lo que permanece es un rastro más oscuro que una resolución judicial no limpia por sí sola: mujeres que denunciaron retrasos en pruebas cruciales, una crisis que agitó a toda Andalucía y una herida pública que sigue abierta aunque en los juzgados ya no quede casi nada en pie.
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