Era la noche del 7 al 8 de enero de 2014 en Cabo de la Vela, La Guajira, Colombia. Borja Lázaro Herrero, 34 años, ingeniero informático de Vitoria-Gasteiz y fotógrafo aficionado con mirada de profesional, terminaba la jornada en una pequeña posada frente al mar. Llevaba semanas recorriendo Colombia cámara en mano, fascinado por la cultura indígena wayúu y por la luz del desierto. Esa noche tomó unas copas con otros viajeros, se despidió… y se esfumó en la oscuridad.
Borja no era un turista improvisado. Había dejado temporalmente su trabajo de informático para volcarse en la fotografía documental: viajaba ligero, pero con equipos cuidados, libretas con notas y una ruta pensada. En diciembre de 2013 había pasado por Villa de Leyva, Cartagena y Santa Marta antes de instalarse en el remoto Cabo de la Vela, un caserío frente al Caribe, en plena Alta Guajira, a pocos kilómetros de la frontera con Venezuela. Su objetivo: hacer un reportaje sobre los ritos y la vida cotidiana del pueblo wayúu.
En Cabo de la Vela se alojaba en la Posada Pujurú, una hospedaje sencillo de mochileros y viajeros. La última vez que lo vieron con vida fue de madrugada, en torno a la 1:00 del 8 de enero de 2014, cuando regresó a la posada tras compartir bebida y conversación con otros turistas, entre ellos al menos un ciudadano alemán. Se fue a dormir, supuestamente para levantarse temprano y seguir fotografiando el desierto al amanecer. A la mañana siguiente, su cama estaba vacía.
Lo extraño llegó después: sus pertenencias seguían allí. En la habitación y en la recepción se quedaron su cámara de fotos, su pasaporte, ropa, documentos y parte de su equipo, como si Borja hubiera salido solo “un momento” y nunca hubiera regresado. Ni nota, ni mochila preparada, ni señales de que hubiera hecho las maletas para marcharse por su cuenta. En un lugar aislado donde casi todo el mundo se conoce, nadie supo decir hacia dónde se dirigió en la oscuridad.
Durante los primeros días, la noticia apenas salió del Cabo. La desaparición se hizo oficial cuando la familia interpuso denuncia en Vitoria ante la Ertzaintza; a partir de ahí se activó también la Policía colombiana y el consulado español en Cartagena. El 23 de enero de 2014, el caso ya figuraba en los registros de desaparecidos y en los comunicados de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, que pidió al grupo antisecuestro de la Policía (Gaula) una investigación a fondo.
El contexto no ayudaba. La Guajira es una de las zonas más complejas de Colombia: ruta de contrabando, con presencia histórica de narcotráfico y bandas criminales (“bacrim”), un territorio donde confluyen economía ilegal, pobreza extrema y control fragmentado del territorio. Para los defensores de la libertad de prensa, la combinación de un extranjero con cámara, un lugar remoto y una madrugada sin testigos encendía todas las alarmas.
Las primeras batidas se centraron en los alrededores de la posada y en la línea de costa. No se encontró su cuerpo, ni prendas, ni restos que apuntaran a un accidente en el mar o en el desierto. Tampoco hubo llamadas pidiendo rescate, ni movimientos en sus cuentas, ni uso posterior de sus documentos. Las hipótesis sobre la desaparición de Borja Lázaro fueron desde una caída fortuita hasta un secuestro o un crimen relacionado con redes criminales, pero ninguna se consolidó con pruebas.
Con los años, la investigación colombiana fue perdiendo impulso. La familia de Borja —su madre, Ana María Herrero, y su hermano Sergio— denunció en varias ocasiones la falta de avances reales: “A mi hijo no se lo puede haber tragado la tierra sin que nadie sepa nada”, repetía su madre en entrevistas con medios colombianos y españoles. Las diligencias se movían entre oficios, cambios de fiscal y promesas de reactivar el caso, pero el expediente seguía casi huérfano de respuestas.
Desde Vitoria, amigos y familiares de Borja Lázaro han mantenido viva la memoria del fotógrafo con concentraciones anuales, exposiciones de sus imágenes y campañas para que no se archive su desaparición. El ayuntamiento de la ciudad y el Gobierno Vasco han respaldado públicamente a la familia, recordando a Colombia que sigue habiendo un ciudadano español desaparecido en su territorio y que el caso no está cerrado.
En enero de 2024, al cumplirse diez años de la desaparición en Cabo de la Vela, la Ertzaintza presionó oficialmente para que la Policía colombiana “diera nuevo ímpetu” a la investigación. Ese mismo aniversario trajo otra decisión dolorosa: la familia anunció que iniciaría los trámites para declarar a Borja Lázaro fallecido a efectos administrativos, no porque renuncien a la verdad, sino para evitar problemas legales y burocráticos que se agravan con el paso del tiempo.
Diez y once años después, las autoridades colombianas siguen sin una versión definitiva. Se han manejado posibilidades de desaparición voluntaria, accidente en el mar, robo violento o secuestro no reivindicado, pero ninguna línea ha producido testigos fiables, restos, ni un relato coherente contra nadie concreto. En palabras de notas oficiales recogidas por el Gobierno Vasco, “se desconoce lo que pudo pasar”. El caso de Borja es hoy, en términos policiales, un misterio sin cierre.
Mientras tanto, en España, su nombre se ha convertido en símbolo de los desaparecidos en el extranjero. Cada 8 de enero, en Vitoria-Gasteiz, se repite la misma escena: pancartas con su foto, cámaras colgando del cuello de compañeros de profesión, y un mensaje que viaja mucho más lejos que las fronteras del País Vasco: pedir a Colombia que no entierre el expediente y a la opinión pública que no olvide que Borja sigue sin aparecer.
Borja Lázaro llegó a Cabo de la Vela para fotografiar la vida, la arena y la luz de un pueblo. Una noche cruzó la puerta de una posada y desapareció en un punto ciego entre el desierto y el mar. No hay cuerpo, no hay escena del crimen, no hay huida documentada. Solo un hueco en la historia y una pregunta que lleva más de una década flotando sobre la Guajira: ¿qué le pasó realmente al fotógrafo vasco que una noche se perdió en la nada?
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