El 30 de abril de 2008, en la finca Los Naranjos, en Alhaurín de la Torre (Málaga), el agua de la piscina escondía algo más que reflejos de sol. El cuerpo de Lucía Garrido, 48 años, apareció flotando boca abajo. Tenía un fuerte golpe en la cabeza y un corte profundo en el cuello: no había duda, la escena hablaba de violencia. Sin embargo, durante años se intentó presentar aquello como algo confuso, casi accidental. Lo que nadie podía imaginar entonces era que ese cuerpo en una piscina iba a destapar tráfico de animales exóticos, drogas, agentes corruptos y una cadena de fallos institucionales que tardaría quince años en traducirse en condenas.
Antes de ser “la del caso telaraña”, Lucía era una mujer marcada por el miedo… y por la determinación de no callarse. Vivía en esa finca con su hija y era la ex pareja de Manuel Alonso Herrero, dueño de Los Naranjos, con quien había tenido una relación llena de amenazas y episodios de maltrato, según relataron familiares y amigos. Ella misma lo repetía: tenía miedo a que la mataran. Guardaba carpetas con papeles, anotaciones y facturas sobre lo que pasaba en la finca, porque sabía demasiado. Y saber demasiado, en ese lugar concreto, era peligroso.
Porque Los Naranjos no era solo una casa con piscina. Era el corazón de un negocio oscuro: tráfico de especies exóticas, maltrato animal, ventas ilegales, droga que entraba y salía y una relación de excesiva “confianza” con miembros de la Guardia Civil, que llamaban, avisaban, hacían la vista gorda y, presuntamente, participaban. La finca funcionaba como criadero, almacén y, según la investigación, hasta como “guardería” de estupefacientes. En medio de esa fauna de animales y favores, Lucía era la testigo incómoda: la que veía, anotaba y empezaba a hablar.
El día del crimen, fue su hija quien la encontró. Cuando la Guardia Civil llegó a la finca, el cuerpo de Lucía flotaba en la piscina con claros signos de agresión: un traumatismo en la cabeza y una herida de arma blanca en el cuello. Pese a ello, la investigación inicial fue un catálogo de lo que no hay que hacer: escena mal preservada, pruebas sin recoger o mal custodiadas, contradicciones en atestados y una prisa sospechosa por descartar cualquier lectura que apuntara hacia el entorno de Manuel Alonso y los negocios de la finca. Años después, un libro lo resumiría con una frase demoledora: “Lucía sabía que la iban a matar. Buscó ayuda en todas partes y nadie respondió”.
La historia habría quedado enterrada ahí si no fuera por un guardia civil: Antonio Flores, destinado en el Seprona de Málaga. Al empezar a tirar del hilo del tráfico de animales exóticos y las irregularidades en Los Naranjos, se topó con algo mucho más grande: supuestas connivencias, chanchullos y encubrimientos dentro de su propio cuerpo. Cuando decidió denunciarlo, en lugar de aplaudirle, lo expulsaron de la Guardia Civil. Pasó años peleando en los tribunales para que reconocieran que su expulsión fue una represalia. En 2023, quince años después del crimen de Lucía, la justicia le dio la razón.
Gracias a esa insistencia —y a la presión de la familia y de asociaciones—, el caso se reabrió y dio lugar a la llamada Operación Telaraña: una investigación que ya no miraba solo el asesinato de Lucía, sino una red de corrupción dentro de la Guardia Civil, tráfico de animales y drogas en la Costa del Sol. Hasta 12 agentes y mandos quedaron señalados por diferentes delitos relacionados con esos negocios sucios. Lo que parecía “un crimen machista más” se revelaba como la punta de una estructura criminal donde una mujer asesinada era, además, la pieza que podía hacer caer a muchos.
En 2019, once años después del asesinato, se sentaron en el banquillo cuatro acusados: Manuel Alonso (exmarido de Lucía), Ángel Vaello (un conocido de la finca señalado como sicario) y dos guardias civiles vinculados al entorno de Los Naranjos. Un jurado popular los absolvió a todos, entre otras cosas porque dudó del ADN encontrado en una llave y porque el relato de algunos agentes en sala generaba más sombras que certezas. Para la familia fue devastador: Lucía no solo estaba muerta, sino que, judicialmente, nadie era responsable.
Pero esa absolución duró poco intacta. El TSJA y después el Tribunal Supremo revisaron el caso y consideraron la sentencia “indebida” en lo que afectaba a dos de los acusados: el exmarido y el presunto autor material. Ordenaron repetir el juicio solo para ellos. Mientras tanto, la Fiscalía de Málaga acusó a dos guardias civiles de falso testimonio en aquel primer juicio, por mentir sobre pruebas clave y contaminar al jurado; el proceso contra ellos se abrió en 2023, aunque llegó a suspenderse una vista. Lucía ya no era solo víctima de un crimen, sino de un sistema que, según las acusaciones, había permitido que se manipulara su caso desde dentro.
El segundo juicio arrancó en octubre de 2023 en la Audiencia de Málaga, esta vez con solo dos acusados: Manuel Alonso Herrero y Ángel Vaello. Ambos negaron conocer nada del asesinato, asegurando incluso que ni se conocían entre ellos, pese a las llamadas, contactos y relaciones cruzadas que la investigación había documentado durante años. La Fiscalía defendió todo lo contrario: que Manuel, sintiendo que Lucía era una amenaza para sus negocios, habría ordenado su muerte; y que Vaello fue el ejecutor que entró en la finca y la mató.
El 7 de noviembre de 2023, un jurado popular los declaró culpables del asesinato de Lucía Garrido. Para el tribunal, quedó probado que Manuel Alonso actuó como cooperador necesario, es decir, como quien encarga y facilita el crimen, y que Ángel Vaello fue el autor material. Pocos días después, la Audiencia de Málaga dictó sentencia: 24 años de prisión para el exmarido y 22 años para el sicario. Era la segunda vez que se juzgaba el caso y, por fin, la primera en la que alguien respondía penalmente por aquel cuerpo en la piscina de Los Naranjos.
Las defensas recurrieron. Alegaron vulneración de derechos fundamentales, pidieron nulidad del juicio e incluso la repetición de la vista. Pero el 26 de julio de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó íntegramente la condena: desestimó los recursos y ratificó los 24 años para Manuel Alonso y los 22 para Ángel Vaello. A nivel andaluz, el caso quedó cerrado: la versión oficial es que el exmarido, temiendo a una testigo incómoda, contrató a un sicario para silenciarla para siempre.
Mientras todo esto sucedía en los tribunales, el caso de Lucía se convertía en serie documental, podcast y libro. “Lucía en la telaraña”, de RTVE, y programas como “Código 10” desgranaron el entramado de asesinatos, tráfico de animales exóticos, droga y corrupción policial alrededor de la finca Los Naranjos. El libro “Matar a Lucía” profundizó en su figura como mujer que pidió ayuda una y otra vez y chocó contra paredes burocráticas y silencios interesados. De ser “un crimen más” pasó a convertirse en símbolo de lo que ocurre cuando una víctima molesta demasiado a quienes mandan en la sombra.
Hoy, el caso Lucía Garrido es una historia con sentencia… pero no con paz. Hay condenados por su asesinato, se ha dejado al descubierto una parte de la podredumbre que rodeaba Los Naranjos y se ha reivindicado la lucha de quienes se jugaron el puesto por no mirar hacia otro lado. Pero quedan preguntas: ¿se han investigado todos los delitos cometidos en la finca? ¿Pagará alguien por los años de encubrimientos, amenazas y represalias? ¿Cuántas Lucías más han avisado “me van a matar” sin que nadie las tomara en serio?
La pesadilla de Lucía no está solo en cómo murió —un golpe, una cuchillada, una piscina—, sino en todo lo que vino antes y después: años de miedo, denuncias ignoradas, una investigación mal hecha, un guardia civil expulsado por intentar hacer su trabajo, un jurado que la dejó sin justicia la primera vez y quince años de espera para escuchar la palabra “culpables”. En la finca Los Naranjos ya no está Lucía, pero su nombre sigue siendo una advertencia: cuando una mujer dice que la quieren callar, no está exagerando; a veces está describiendo, con precisión, la escena del crimen que vendrá.
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