La tarde del 5 de diciembre de 2018, varios amigos de Fernando Lumbreras empezaron a inquietarse: llevaban días sin poder hablar con él, no respondía llamadas ni mensajes y no había dado señales en redes. Terminaron avisando a los vecinos y a la Policía Nacional. Cuando los agentes entraron en su piso de la calle Julián Peña, en el barrio de Ruzafa (Valencia), encontraron la vivienda revuelta y a Fernando sin vida, sobre la cama, con las manos atadas y claros signos de agresión. Así comenzaba el caso Fernando Lumbreras, que pronto dejaría de ser solo un suceso para convertirse en una herida para todo el movimiento LGTBI valenciano.
Antes de ser un nombre en titulares, Fernando Lumbreras Márquez era uno de esos militantes que empiezan cuando casi nadie se atreve. Nacido en Melilla en 1958, hijo de un legionario y de una ama de casa, creció en el barrio de Ruzafa. De joven sufrió polio, estudió Electrónica y trabajó como técnico de sonido en empresas musicales, pero su verdadera “profesión” fue el activismo. En los años 70 se implicó en los primeros movimientos de liberación sexual y ayudó a organizar la primera manifestación del orgullo LGBT en Valencia en 1979, cuando aún pesaba el miedo de la Transición y la homofobia era casi ley no escrita.
En 1986 dio un paso que marcaría la historia del colectivo: fue uno de los fundadores de Lambda, colectivo LGTBI+ por la diversidad sexual y de género, del que se convirtió en primer presidente. Aquella asociación, nacida casi a contracorriente, acabaría siendo la principal organización LGTBI de la Comunidad Valenciana durante décadas. Compañeros y compañeras lo recuerdan como una persona incansable, siempre dispuesta a dar una charla, a sostener una pancarta o a acompañar a quien se atrevía a salir del armario en tiempos difíciles. Lambda le dedicó después un relato biográfico y varios actos de homenaje, subrayando que sin personas como él es imposible entender los avances de derechos en España.
La noche del 3 de diciembre de 2018, Fernando quedó en su piso con un joven al que ya conocía, un chico de origen georgiano, 26 años, identificado después como Shalva E. Las pesquisas policiales y la sentencia posterior establecen que ambos habían mantenido contactos previos y que esa noche concertaron un encuentro íntimo en la vivienda de Fernando. No hay cámaras ni testigos dentro de la casa, pero el rastro que dejó el visitante fue tan amplio que los investigadores pudieron reconstruir luego, con bastante precisión, el escenario de lo ocurrido.
Los vecinos notaron primero el silencio: nadie veía a Fernando bajar al portal, no respondía al telefonillo y las luces del piso parecían fijas. Cuando finalmente entró la Policía, se encontró una escena de violencia evidente, aunque aquí evitaremos recrearnos en los detalles: la casa muy revuelta, el cuerpo de Fernando con numerosos golpes, atado, y señales de asfixia. El crimen había ocurrido días antes; todo indicaba que convivían en la escena restos de lucha, robo y un intento de huida precipitada por parte del agresor.
En las primeras horas, medios y redes hablaron abiertamente de posible delito de odio: no era un desconocido cualquiera, era uno de los rostros históricos del activismo gay en Valencia. Sin embargo, tras las primeras inspecciones, la Policía y la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana filtraron que el móvil no apuntaba, en principio, a la homofobia. La vivienda estaba revuelta, faltaban objetos de valor y todo encajaba mejor con un robo violento o con una discusión derivada de un encuentro privado. Aun así, colectivos LGTBI y observatorios de delitos de odio recordaron que, incluso en esos contextos, la elección de la víctima puede tener relación con su orientación.
Lo que sí estaba claro es que, para los investigadores, el asesino había dejado un rastro enorme. La Policía Científica recogió en el piso alrededor de 200 indicios forenses —huellas, cabellos, restos biológicos— que apuntaban hacia una misma persona. Se localizó también el objeto contundente utilizado para golpear a Fernando, abandonado en la vivienda. Un análisis más detallado reveló hasta 14 muestras de ADN del acusado dispersas entre el arma, distintas superficies de la casa e incluso el propio cuerpo de la víctima.
El 17 de enero de 2019, poco más de un mes después del crimen, la Policía Nacional detuvo en Valencia al presunto autor, Shalva E., con antecedentes por otros delitos. El Juzgado de Instrucción nº 13 ordenó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Pocas semanas más tarde fue detenido un segundo joven, Víctor L.G., de 19 años, acusado de acompañar al principal sospechoso y ayudarle después a deshacerse de algunos objetos robados —entre ellos una bicicleta eléctrica, una mochila y un móvil—, aunque habría permanecido fuera de la vivienda durante la agresión.
El caso llegó a juicio en noviembre de 2020 ante la Audiencia Provincial de Valencia, con tribunal del jurado. En la primera sesión, Shalva E. reconoció los hechos: admitió que había estado en casa de Fernando, que discutieron tras mantener relaciones y que lo golpeó hasta causarle la muerte, llevándose después algunas de sus pertenencias. Alegó consumo de sustancias y arrepentimiento, y pidió perdón a la familia de la víctima y a la del amigo al que implicó como encubridor.
Tras varios días de vista, las partes alcanzaron un acuerdo que el jurado avaló. La Audiencia condenó a Shalva E. a 18 años y medio de prisión, quince por un delito de asesinato —apreciando alevosía y la imposibilidad de defensa de Fernando— y tres años y medio por robo con violencia, con la atenuante de confesión. Víctor L.G. fue declarado culpable de encubrimiento y condenado a dos años de prisión, pena que el jurado consideró que no debía ser suspendida pese a su corta edad.
En la sentencia, el tribunal descartó una motivación específicamente homófoba y se inclinó por un contexto de encuentro sexual que deriva en violencia y robo. Esa conclusión judicial coincide con la línea seguida desde 2018 por la Policía y la Fiscalía, que ya habían apuntado a un crimen ligado al ámbito personal y económico. Sin embargo, para muchos colectivos LGTBI el caso sigue teniendo un componente simbólico de odio: no tanto porque quede probado en términos penales, sino porque evidencia la vulnerabilidad añadida de quienes, por orientación o identidad, quedan expuestos a contextos de riesgo que el sistema no siempre protege.
Desde el principio, Lambda y otras entidades optaron por colocar en el centro la vida de Fernando, no solo su muerte. En diciembre de 2018 organizaron un gran acto en su memoria, con testimonios, cartas y un relato sobre su trayectoria activista, que hoy sigue disponible en su página web. En él lo recuerdan como “modelo a seguir” y “ejemplo de dignidad”, el hombre que firmó la solicitud de la primera marcha del Orgullo en Valencia y que nunca dejó de acudir a manifestaciones, charlas y campañas, incluso cuando la edad y la salud le ponían obstáculos.
A día de hoy, el asesinato de Fernando Lumbreras está judicialmente resuelto, pero su nombre continúa apareciendo en informes sobre delitos contra personas LGTBI, artículos de memoria histórica y cronologías del activismo queer en España. Su historia condensa una paradoja dolorosa: dedicó la vida a abrir caminos de libertad para muchas personas y terminó siendo víctima de una violencia que, aunque no se etiquete oficialmente como odio, se ensañó con alguien que representaba precisamente lo contrario. Contar hoy su caso, con respeto y sin morbo, es una forma de mantener vivo lo que defendió: que nadie debería arriesgar la vida por a quién ama, y que detrás de cada bandera arcoíris hay personas concretas cuya memoria no puede quedar reducida a un titular de sucesos.
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