La tarde del 30 de diciembre de 2019, en un piso cualquiera de la ciudad de Girona, una madre de 49 años marcó el 112 con la voz rota. Al otro lado de la línea dijo algo que heló a la operadora: confesaba haber provocado la muerte de su hija de 10 años en la bañera de casa. Minutos después, los servicios de emergencia subían corriendo las escaleras, los Mossos d’Esquadra precintaban el domicilio y el nombre de la ciudad quedaba unido para siempre a uno de los episodios familiares más sobrecogedores de los últimos años.
Antes de ser “el caso de la madre de Girona”, eran simplemente madre e hija. La niña tenía 10 años, vivía con ella en ese piso de la capital gerundense y alternaba el colegio con clases de mecanografía por las tardes. Él, el padre, residía en otro lugar después de la separación, y todo apuntaba a una custodia compartida relativamente estable. En los relatos de vecinos y conocidos, la pequeña aparece como una niña normal, aplicada, con su vida escolar y sus rutinas. Nada en su día a día hacía pensar en un desenlace tan brusco.
La madre, Maria Àngels Freixas, tenía un pasado clínico que, visto a posteriori, suena a alarma ignorada. Había estado ingresada en varias ocasiones en un centro psiquiátrico y recibía medicación prescrita por un especialista. Semanas antes de los hechos, su propia hermana había iniciado trámites para incapacitarla legalmente, preocupada por su estado mental y por la capacidad de María Àngels para hacerse cargo de la niña. No eran simples discusiones familiares: el malestar psicológico estaba documentado, y alrededor de él girará después todo el juicio.
El 30 de diciembre empezó, en apariencia, como un día más de vacaciones de Navidad. La madre recogió a su hija de las clases de mecanografía y regresaron juntas al piso. Según el auto judicial, allí la niña se quejaba de dolor de garganta, y la madre aprovechó ese contexto para ofrecerle una “medicación” que, en realidad, nada tenía que ver con unas simples anginas.
Las investigaciones posteriores revelaron que la acusada disolvió en agua unas 80 pastillas de un fármaco sedante que ella misma tomaba por prescripción psiquiátrica, lormetazepam. A pesar de la negativa inicial de la niña, la convenció de que aquello le aliviaría el malestar. La menor acabó bebiendo la mezcla, entró en un estado de somnolencia profunda y se quedó dormida en el sofá. Esa escena —una niña profundamente adormecida, confiando en quien debía cuidarla— es la antesala silenciosa de lo que vendría después.
Cuando la pequeña ya no ofrecía resistencia, la madre llenó la bañera. El auto describe que la llevó aún vestida al cuarto de baño y la mantuvo sumergida el tiempo suficiente como para que, pese a la intervención posterior de los equipos médicos, ya no fuera posible revertir la situación. La niña fue trasladada en estado crítico al hospital Josep Trueta, donde el personal sanitario intentó reanimarla sin éxito; falleció sobre las seis de la tarde. La llamada de la madre a emergencias, reconociendo lo que había hecho, fue el hilo que conectó el cuarto de baño, la ambulancia y el futuro penal del caso.
La detención se produjo pocas horas después, en el mismo domicilio. Los Mossos d’Esquadra trasladaron a la mujer a comisaría y, ya allí, fue explorada por una forense, que confirmó la existencia de un trastorno mental relevante, aunque no incapacitante en términos absolutos. El 2 de enero de 2020, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Girona decretó prisión provisional comunicada y sin fianza, con la causa abierta por un presunto delito de asesinato, una calificación que permite penas de hasta 20–25 años.
Durante la instrucción, los investigadores reconstruyeron minuciosamente las horas previas: recogida de la niña, preparación del fármaco, consumo, pérdida de conciencia, paso al baño y llamada al 112. Los registros de la vivienda confirmaron la presencia de varias cajas del sedante y otros medicamentos. En sus declaraciones posteriores, Maria Àngels llegó a afirmar que “lo veía todo negro” y que actuó convencida de que así evitaba un futuro sufrimiento a su hija, una frase que los peritos psiquiátricos interpretaron como indicio de un pensamiento distorsionado, pero que no borraba la planificación ni el control que demostró al ejecutar cada paso.
El juicio ante jurado popular se celebró en marzo de 2021 en la Audiencia de Girona. La acusación subrayó la secuencia de decisiones: elegir el día, preparar el fármaco, administrar una cantidad masiva, esperar a que la niña se durmiera, llenar la bañera y llamar después a emergencias solo cuando ya no había marcha atrás. Para la Fiscalía, eso encajaba en un delito de asesinato con alevosía, cometido sobre una menor en situación de total indefensión. La defensa, por su parte, insistió en el historial psiquiátrico, en la percepción alterada de la realidad y en la idea de que su capacidad para decidir estaba gravemente disminuida.
El jurado declaró a la acusada culpable y la sentencia, dictada el 11 de marzo de 2021, fijó una pena de 20 años de prisión por asesinato, aplicando una eximente incompleta por alteración mental —reconociendo que su capacidad de decisión estaba muy disminuida—, una atenuante por confesión y la agravante de parentesco. Además, se establecieron 10 años de libertad vigilada una vez cumplida la pena y una indemnización de 150.000 euros para el padre de la niña. El tribunal descartó enviarla a un hospital psiquiátrico específico y consideró suficiente el seguimiento clínico dentro del propio sistema penitenciario.
Para el padre, la familia materna y el entorno, la sentencia fue solo un punto y aparte dentro de una vida partida en dos. En entrevistas concedidas después, el progenitor expresó una mezcla de dolor y desconcierto: por un lado, necesitaba justicia para su hija; por otro, llevaba años viendo cómo la salud mental de su ex pareja se resquebrajaba sin que nadie lograra sostenerla del todo. La hermana de la acusada, la misma que había intentado incapacitarla antes del crimen, habló de frustración por sentir que las señales de alarma no se tradujeron a tiempo en medidas efectivas.
Alrededor del caso de la madre de Girona se abrió un debate incómodo que va más allá de esa bañera: ¿hasta dónde llega la responsabilidad individual cuando la persona arrastra años de enfermedad mental? ¿hasta qué punto el sistema sanitario y judicial tuvo oportunidades de intervenir antes? Psiquiatras y juristas coinciden en algo: padecer un trastorno no convierte a nadie en peligroso por definición, pero algunos cuadros, combinados con aislamiento, miedo y falta de apoyos, pueden generar escenarios de riesgo extremo que requieren vigilancia y recursos especializados.
Hoy, el “caso de la madre que ahogó a su hija en la bañera en Girona” se cita en manuales de derecho, informes judiciales y crónicas de sucesos como ejemplo brutal de lo que pasa cuando una mente frágil se queda sola con sus fantasmas y sus decisiones afectan al ser más vulnerable de la casa. No hay vuelta atrás posible: una niña de 10 años ya no está, una madre cumple una larga condena en la cárcel y una familia entera vive en un duelo atravesado por preguntas sin respuesta.
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