Rocío Wanninkhof tenía 19 años y vivía con su familia en una urbanización de Mijas (Málaga) cuando llegó la noche del 9 de octubre de 1999. Era sábado, había ambiente de fiesta en la zona, y Rocío hizo un plan que parecía seguro por lo corto: ir desde La Cala de Mijas de vuelta a su casa, unos 500 metros, para ducharse y cambiarse antes de salir con sus amigos a la feria de Fuengirola. Salió caminando sola, algo que —según se reconstruyó— no era lo habitual en ella, porque otras veces la acompañaban o la recogían. Ese tramo breve fue el último lugar donde se la sitúa con vida de forma consistente.
Al día siguiente, cuando vieron que Rocío no aparecía y que no había llegado a la feria, la preocupación dejó de ser un “se le habrá hecho tarde”. Su familia empezó a llamar a amigos, a buscar por los alrededores y, poco después, se activó una búsqueda grande en la zona. La desaparición se convirtió en noticia de inmediato y la presión pública creció con rapidez: carteles, patrullas, voluntarios, helicópteros, gente revisando caminos, cunetas y zonas de monte. En un lugar donde miles de personas iban y venían por la Costa del Sol, la idea de que una chica pudiera desvanecerse en un trayecto tan corto sonaba imposible… y aun así, estaba ocurriendo.
Pasaron más de tres semanas de rastreos sin resultado hasta que llegó el hallazgo que rompió cualquier esperanza: el 2 de noviembre de 1999, Rocío fue localizada sin vida en una zona entre Marbella y San Pedro de Alcántara. Las crónicas y reconstrucciones coinciden en que el cuerpo presentaba lesiones compatibles con arma blanca y que el estado en que fue encontrado dificultó precisar algunos extremos forenses. A partir de ese momento, el caso dejó de ser una búsqueda y pasó a ser una carrera para encontrar al responsable, en medio de un país pendiente de cada novedad.
En esa etapa inicial, la investigación se movió entre hipótesis, testimonios incompletos y una opinión pública hambrienta de un nombre. Y ese nombre terminó señalando a María Dolores “Loli” Vázquez, expareja de la madre de Rocío, Alicia Hornos. La relación previa entre ambas mujeres se usó como eje narrativo en muchos espacios: se hablaba de celos, de resentimientos, de una supuesta obsesión. El problema es que, con el tiempo, esa historia se apoyó más en insinuaciones que en pruebas sólidas, y aun así fue creciendo como una ola difícil de frenar.
En el año 2001, un jurado popular declaró culpable a Dolores Vázquez. La condena se convirtió en un cierre aparente para una parte del país, pero el caso ya arrastraba una sombra peligrosa: la falta de evidencias directas concluyentes que la conectaran con lo ocurrido. Aun así, Vázquez ingresó en prisión y permaneció allí alrededor de 17 meses, mientras su imagen pública quedaba marcada como si la sentencia ya hubiera sido escrita en piedra. Ese tiempo, más tarde, se convertiría en el símbolo de una herida doble: la de la familia de Rocío, buscando justicia, y la de una mujer que terminaría demostrando que no era la autora.
El caso, además, quedó atravesado por un clima mediático que lo amplificó todo: cada gesto, cada rumor y cada detalle personal se convertía en noticia. La historia se instaló en los hogares como un serial diario, con debates encendidos y una necesidad colectiva de explicar lo inexplicable. En ese contexto, Dolores Vázquez no solo enfrentó un proceso judicial; también enfrentó una condena social anticipada que, años después, sería citada como ejemplo de lo destructivo que puede ser el juicio público cuando la investigación todavía no tiene todas las piezas.
Pero la Costa del Sol guardaba otra tragedia que terminaría reordenándolo todo. En agosto de 2003, desapareció Sonia Carabantes, de 17 años, tras acudir a una feria en Coín (Málaga). La movilización para encontrarla fue enorme y, cuando fue localizada sin vida, el caso activó una investigación que incluyó análisis genéticos. Fue ahí donde apareció el giro decisivo: el ADN obtenido en esa segunda investigación coincidió con muestras vinculadas al caso de Rocío. En otras palabras: las dos historias estaban conectadas por el mismo autor.
Esa coincidencia apuntó directamente a Tony Alexander King, un británico residente en la zona. La investigación destapó que tenía antecedentes graves en el Reino Unido y que, aun así, se había asentado en España tras cambiar su identidad. Cuando su nombre salió a la luz, el caso Wanninkhof se dio vuelta como un guante: el juicio previsto contra Dolores Vázquez quedó suspendido y el relato que había ocupado años de titulares empezó a desmoronarse en cuestión de días.
La consecuencia inmediata fue clara: Dolores Vázquez quedó en libertad y su absolución se consolidó con el avance del caso King. Sin embargo, el “después” no fue un regreso sencillo a la vida anterior. Con el tiempo, ella reclamó un reconocimiento institucional por el tiempo que estuvo privada de libertad, pero la Audiencia Nacional rechazó su solicitud de indemnización (había pedido cuatro millones de euros), un rechazo que también sería confirmado por el Tribunal Supremo en años posteriores, dejando la sensación amarga de que el daño era irreparable incluso cuando la inocencia queda acreditada.
En cuanto a Tony Alexander King, el proceso judicial por Rocío avanzó con fuerza. Un jurado lo declaró culpable y la Audiencia de Málaga lo condenó por la muerte de Rocío, con una pena de 17 años de prisión y una indemnización para la familia. La sentencia dejó claro un matiz importante: no se pudo sostener jurídicamente un delito de carácter sexual por la dificultad probatoria derivada del estado en que se localizó el cuerpo, pero sí quedó asentada su responsabilidad en el final de Rocío.
El caso Carabantes también terminó en condena contra King, con una pena mucho mayor que se sumaba a su historial, y se convirtió en una referencia para entender cómo una segunda investigación, mejor orientada y apoyada en genética, puede revelar la verdad que un primer proceso no alcanzó. Esa conexión dejó una lección inquietante: mientras el foco público estaba en una persona equivocada, el autor real seguía libre, en el mismo territorio, con capacidad de volver a actuar.
Con los años, el caso Rocío Wanninkhof quedó grabado en España no solo por lo que ocurrió aquella noche de octubre, sino por el efecto dominó posterior: una familia buscando justicia, una mujer condenada sin base suficiente, un país señalando con el dedo, y una prueba científica que llegó tarde pero llegó. RTVE dejó documentada una cronología del caso donde se ve esa línea temporal con claridad: desaparición en 1999, condena a Vázquez, giro en 2003 tras el caso Carabantes y confirmación genética de King.
Incluso décadas después, el nombre de Dolores Vázquez sigue reapareciendo por una razón simple: nunca hubo un “perdón” oficial que cerrara el círculo. En 2025, tras recibir un reconocimiento en Betanzos, volvió a pedir públicamente que el Estado le pidiera perdón por lo que vivió, recordando los meses en prisión y la marca social que la acompañó durante años. Y ese eco, aunque no cambie los hechos, explica por qué este caso sigue vivo: porque no solo habla de una joven que perdió la vida, sino de todo lo que puede fallar alrededor cuando el miedo colectivo exige un culpable antes que una verdad completa.
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