El 15 de febrero de 2018, a plena luz del mediodía, la puerta de una escuela en Alto Verde, Santa Fe, se convirtió en un umbral sin regreso. Vanesa Castillo, maestra joven y conocida por su cercanía con sus alumnos, salió como tantas veces. Afuera la esperaba un hombre con una oferta absurda, casi doméstica: un par de ojotas.
No era una venta. Era un pretexto. El desconocido se pegó a su camino, le cerró el paso y transformó esa charla mínima en violencia. En segundos, lo cotidiano se quebró y el patio escolar quedó lejos, como si la escena hubiera ocurrido en otro mundo.
Vanesa tenía 32 años y trabajaba en la escuela Victoriano Montes. Sus compañeros la describían como una docente comprometida, de esas que escuchan cuando un alumno se anima a hablar bajito. En el final de 2017, una alumna le contó algo que no sabía cómo decirle a su familia: estaba embarazada después de un abuso.
La chica buscó refugio en la maestra porque no encontraba aire en su casa. Vanesa activó el protocolo institucional y la denuncia avanzó. El nombre del presunto abusador quedó asentado, y la causa tomó cuerpo. Para algunos, ese paso fue la chispa que encendió una venganza.
En la mañana del ataque, Vanesa salió del colegio y se subió a su moto. El hombre se le acercó con esa excusa de ojotas, insistente, pegajosa. Ella rechazó la compra e intentó seguir. Entonces vino el salto, el cuerpo encima, el cuchillo.
Los relatos sobre las puñaladas varían las reconstrucciones, pero coinciden en lo esencial: fue un ataque feroz, repetido, de una crueldad innecesaria. Vanesa quedó herida en la vereda, a pocos metros de donde cada día se enseña a leer y a escribir. La trasladaron al hospital Cullen.
No alcanzó. Murió camino al hospital, y la noticia cayó como un ladrillo sobre la comunidad educativa. Una maestra asesinada en la puerta de su trabajo: una imagen que no encaja en la idea de escuela, pero que desde entonces quedó clavada en la memoria de Santa Fe.
El atacante fue identificado como Juan Ramón Cano. Con el tiempo, la Justicia lo condenó a prisión perpetua como autor del homicidio calificado, y la sentencia incorporó el componente de violencia de género. Para la familia, sin embargo, esa condena dejó una segunda pregunta abierta: ¿actuó solo?
Porque el caso arrastraba un hilo anterior, el de la denuncia por abuso sexual. En el entorno de Vanesa se instaló la sospecha de un crimen por encargo, de una mano que no apuñala pero decide. Cano llegó a mencionar, en declaraciones, la idea de un pago, de un mandato. Ese rumor, para la familia, nunca fue examinado con la profundidad que esperaban.
Mientras los expedientes avanzaban con su ritmo desigual, la vida de los que quedaron se volvió una lista de trámites y ausencias. La hija de Vanesa creció con una silla vacía, y la casa familiar aprendió a contar el tiempo desde un 15 de febrero. El duelo se mezcló con el cansancio de tocar puertas.
El juicio y las consecuencias no se terminaron en la sala. Para la familia, la búsqueda de justicia también tuvo el peso de abogados, recursos y promesas que se apagan cuando baja la atención pública. En esa pelea silenciosa se gasta lo que casi nadie cuenta: la salud, el tiempo y la paciencia.
La historia empezó a empujar otra batalla: la de proteger a docentes y agentes del Estado que deben denunciar situaciones de abuso. Nació así un proyecto conocido como “Ley Vanesa”, pensado para que no se repita el desamparo de quien acompaña a una víctima y queda expuesto.
La propuesta buscaba cubrir un agujero real: el miedo. El miedo de los chicos a hablar, el miedo de los adultos a denunciar, el miedo de quedar solos cuando el sistema se mueve lento. Pero, como suele ocurrir, la discusión se trabó en comisiones y el nombre de Vanesa siguió siendo más recordado que protegido.
En Alto Verde, la escuela continuó abriendo sus puertas cada mañana. Sin embargo, el umbral ya no era el mismo. Hay lugares donde el aire cambia después de un crimen, y ese frente escolar quedó marcado por la idea de que la violencia puede cruzar incluso donde debería haber cuidado.
Hablar de este caso exige cuidado con las víctimas, sobre todo cuando la historia incluye a una menor y una denuncia de abuso. Lo que sí queda claro es el patrón: cuando alguien se anima a romper el silencio, el costo no debería ser una vida.
Años después, el nombre de Vanesa Castillo sigue apareciendo como símbolo y como herida. Un par de ojotas ofrecidas al pasar, una excusa mínima, y el ruido de una puerta que se cierra para siempre. La pregunta persiste: ¿quién protege a quienes se atreven a denunciar?
0 Comentarios