Barcelona amaneció el 1 de mayo de 2026 con una cifra difícil de leer sin detenerse: 21 personas expulsadas del país y más de 170 antecedentes acumulados entre ellas. Detrás del número no había una sola escena, sino una sucesión de robos, hurtos, violencia y causas judiciales abiertas en la capital catalana y su área metropolitana.
La operación fue ejecutada por la Policía Nacional dentro de sus competencias en materia de extranjería, con colaboración de los Mossos d’Esquadra en la localización de los perfiles buscados. Los expulsados eran ciudadanos extranjeros en situación irregular o con infracciones graves, y habían sido señalados por una trayectoria delictiva repetida.
El patrón que los unía era la multirreincidencia. No se trataba de un expediente aislado ni de un hecho puntual, sino de personas con una cadena de antecedentes policiales y judiciales por delitos contra el patrimonio y contra las personas. En Barcelona, esa repetición tiene un impacto silencioso: instala miedo en calles, comercios, portales y transportes.
Entre los delitos atribuidos al conjunto aparecían robos con fuerza, robos con violencia, hurtos, delitos contra la salud pública, detenciones ilegales y tentativas de homicidio. La lista no se queda en una categoría administrativa; habla de víctimas concretas, de alguien amenazado, empujado, golpeado o encerrado en una situación que pudo terminar peor.
También había antecedentes más íntimos y más oscuros. Siete de los expulsados figuraban vinculados a malos tratos en el ámbito familiar, y otro tenía antecedentes por agresiones sexuales. Esa parte del historial rompe cualquier lectura fría del operativo, porque detrás de cada anotación hay una persona que sufrió violencia en un espacio donde debía estar a salvo.
La práctica totalidad de los delitos se concentraba en Barcelona y su cinturón metropolitano. Ese dato importa porque convierte el caso en una historia de repetición territorial: los mismos entornos, las mismas rutas, los mismos barrios y una sensación de inseguridad que crece cuando los nombres cambian, pero la conducta se repite.
Para materializar las expulsiones no bastó con detenerlos. Antes fue necesario obtener decretos de expulsión de la Subdelegación del Gobierno o una orden de la autoridad judicial, revisar causas pendientes y solicitar permisos a los juzgados donde figuraban procedimientos abiertos. Cada salida tuvo que pasar por una cadena legal previa.
La documentación también fue una pieza clave. Los agentes realizaron gestiones con los consulados correspondientes para acreditar la identidad de los afectados y poder ejecutar el traslado. En estos procedimientos, la expulsión no ocurre de un día para otro: requiere papeles, autorizaciones, coordinación y una ventana concreta para mover a los detenidos.
Algunos de ellos estaban ingresados en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona mientras se resolvía su situación. Otros fueron localizados y detenidos para hacer efectiva la salida del territorio español. El operativo tuvo que ejecutarse en menos de 72 horas, aprovechando un vuelo fletado para la repatriación.
Una vez reunidas las autorizaciones judiciales y la documentación personal, se organizó el traslado hasta Madrid. Allí, la Unidad Central de Repatriaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras asumió la fase final del dispositivo, con la salida forzosa hacia Colombia y Perú.
La operación muestra una zona compleja donde se cruzan seguridad ciudadana, extranjería, justicia penal y derechos procesales. La expulsión no elimina el daño ya causado ni repara por sí sola a las víctimas, pero sí corta una trayectoria concreta de reincidencia cuando el sistema logra encajar todas las piezas legales.
El dato de los 170 antecedentes funciona como un mapa de alarma. No describe un error único, sino una acumulación. Cada antecedente tuvo una víctima, una denuncia, una patrulla, una diligencia o un juzgado detrás. La multirreincidencia no se mide solo en números: se mide en el cansancio de quienes sienten que el delito vuelve al mismo lugar.
Durante 2026, la Policía Nacional en Cataluña ya había expulsado a más de 100 delincuentes multirreincidentes. En 2025 fueron 441 devoluciones de criminales habituales. La cifra sitúa el caso de Barcelona dentro de una estrategia más amplia para reducir la presencia de perfiles que hacen del delito una rutina.
También se enmarca en la colaboración con el plan Kanpai, donde Policía Nacional y Mossos d’Esquadra trabajan sobre perfiles de alto riesgo y persistencia delictiva. En el último año, esa coordinación permitió expulsar a decenas de multirreincidentes con cientos de antecedentes vinculados principalmente a robos y hurtos.
Pero ninguna estadística debería borrar el centro humano de la historia. Cuando se habla de robos con violencia, malos tratos o agresiones sexuales, no se habla solo de expedientes: se habla de miedo, de cuerpos amenazados, de casas convertidas en lugares inseguros y de víctimas que cargan con las consecuencias mucho después de que el trámite policial termine.
Queda la imagen de una ciudad que intenta cerrar un círculo de delitos repetidos con una operación coordinada, autorizaciones judiciales y un traslado final. La pregunta que permanece no es solo cuántos antecedentes caben en un expediente, sino cuántas señales hacen falta antes de que una trayectoria de violencia sea detenida a tiempo.
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