La sentencia llegó con el peso de una convivencia convertida en trampa: la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un hombre a 22 años y cuatro meses de prisión por abusar sexualmente durante años de las dos hijas menores de la que fue su pareja.
El tribunal considera probado que el condenado aprovechó una posición de autoridad y confianza que se parecía a la de un padre dentro de la casa, hasta el punto de que las dos menores lo trataban como “papá” y dependían de él para rutinas tan básicas como ir al colegio o acudir a citas médicas.
Los hechos arrancaron después de que las niñas llegaran a España para reunirse con su madre y empezar una nueva vida en Alicante. Lo que encontraron, según la resolución, fue un entorno en el que el adulto que debía protegerlas convirtió esa cercanía en una herramienta de dominación.
Con una de las víctimas, los abusos comenzaron cuando tenía once años y se prolongaron al menos hasta 2017. Con la otra, la secuencia fue todavía más larga: empezó cuando tenía nueve años y no terminó hasta las navidades de 2022 a 2023.
La sala sostiene que el condenado actuó siendo plenamente consciente de la ventaja emocional y material que tenía sobre ambas. No se trató de episodios aislados, sino de una conducta continuada sostenida por el silencio, el miedo y la normalización forzada dentro del ámbito familiar.
Según los hechos probados, el hombre les hacía creer que aquellas prácticas eran una forma de amor o de cariño. Esa manipulación, mantenida durante años, ayudó a bloquear la reacción inmediata de las menores y a encapsular lo ocurrido dentro de una rutina de abuso difícil de nombrar.
Una de las claves de la sentencia está en cómo describe la asimetría entre el agresor y las víctimas. El tribunal subraya que él ejercía una situación de superioridad evidente y que se valió de ese lugar de referencia afectiva para acceder sexualmente a las dos hermanas.
La resolución da por acreditado además que las declaraciones de las víctimas fueron persistentes, detalladas y coherentes en lo esencial, sin contradicciones relevantes. Ese relato se vio reforzado por los informes periciales médicos, psiquiátricos y psicológicos incorporados a la causa.
El daño no quedó encerrado en el pasado. La Audiencia remarca las graves e intensas repercusiones psicológicas que arrastran ambas jóvenes, así como un daño moral que considera muy importante y profundamente trascendental para sus vidas.
La condena penal incluye también diez años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de prisión. A eso se suma la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de las víctimas o comunicarse con ellas durante dieciséis años.
El fallo añade seis años de inhabilitación especial para ejercer derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento. También le impone veinte años de inhabilitación para cualquier profesión u oficio con contacto regular y directo con menores de edad.
En el terreno civil, el condenado deberá indemnizar a las dos víctimas con 180.000 euros en total: 80.000 euros para una de las hermanas y 100.000 para la otra, en concepto de perjuicios sufridos y daño moral.
Fuera del lenguaje jurídico, lo que describe la resolución es una devastación prolongada dentro de una casa donde las dos niñas esperaban protección. La propia sentencia alude a la profunda afectación de unas menores que llegaron muy jóvenes con la esperanza de reunirse con su madre y encontrar una familia.
Ahora queda abierta la vía de recurso, pero el núcleo del caso ya ha quedado fijado por el tribunal: durante años, el hombre utilizó el papel que ocupaba en esa familia para destruir desde dentro la infancia y la seguridad de dos hermanas. Alicante ha puesto cifra penal al horror; las secuelas, en cambio, seguirán mucho más tiempo.
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