La peor noticia terminó abriéndose paso entre los escombros de La Guaira: Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, ha muerto después del derrumbe del edificio en el que residía tras el doble terremoto que golpeó el país el 24 de junio.
Durante horas, su nombre quedó suspendido en esa zona gris donde todavía cabía la esperanza, pero el Gobierno canario confirmó finalmente el fallecimiento cuando avanzaron las labores de localización en el área más devastada del desastre.
La Guaira había sido señalada desde el primer momento como uno de los puntos críticos de la emergencia, con edificios colapsados, viviendas abiertas en canal y equipos de rescate trabajando contra reloj entre estructuras inestables.
Fernando Clavijo había advertido ya por la mañana de que las noticias que llegaban sobre el inmueble donde vivía la representante institucional eran muy malas, porque el bloque había quedado reducido a escombros en pleno epicentro del golpe sísmico.
La confirmación oficial llegó en una comparecencia posterior del portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, que trasladó el pésame a la familia, a los compañeros de Jara y a la comunidad canaria repartida por Venezuela.
La muerte de la delegada no quedó aislada como un hecho administrativo, sino como uno de los símbolos más duros del terremoto para Canarias, que mantiene una relación humana, familiar y migratoria profunda con el territorio venezolano desde hace décadas.
El Ministerio de Asuntos Exteriores elevó este viernes a cuatro los españoles fallecidos en el seísmo y situó en 99 el número de desaparecidos, además de informar de que otras cuatro personas habían sido localizadas bajo los restos de edificios derrumbados.
Ese balance dibuja un escenario todavía abierto, porque las autoridades asumen que la cifra de víctimas puede crecer a medida que entren máquinas pesadas en las zonas más castigadas y se avance en puntos donde aún no se ha podido excavar con seguridad.
El doble terremoto dejó además centenares de heridos y daños estructurales severos en amplias áreas del norte venezolano, con más de doscientos edificios afectados en la zona del desastre y miles de personas golpeadas por la pérdida de vivienda o de familiares.
Mientras avanzaba la búsqueda, el Gobierno de Canarias mantuvo contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con la red consular y con entidades canarias en Venezuela para intentar localizar a residentes, ofrecer refugio temporal y ordenar la ayuda institucional.
Clavijo también dejó claro que cualquier respuesta material debía coordinarse a través del Gobierno de España y conforme a las necesidades que trasladara el propio Ejecutivo venezolano, para evitar que la llegada improvisada de medios añadiera más caos a una emergencia ya desbordada.
Como primera reacción política y simbólica, el Ejecutivo autonómico anunció tres días de luto oficial y la convocatoria de un Consejo de Gobierno extraordinario para articular medidas de apoyo ante una tragedia que ya se siente como propia en las islas.
La figura de Isabel Jara concentraba precisamente ese vínculo entre territorios, y su muerte convierte la catástrofe en algo más cercano y más brutal para muchas familias canarias que siguen pendientes del teléfono, de los listados y de cualquier señal llegada desde Venezuela.
En La Guaira, donde el hormigón aún tapa historias enteras, la operación de rescate continúa entre desaparecidos, edificios vencidos y un miedo creciente a que las próximas horas sigan dejando nombres sobre la mesa de un duelo que apenas ha empezado.
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