La Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar desde el 22 de junio a un hombre acusado de matar a su expareja en Escalona en diciembre de 2022, cuando ella estaba embarazada de 40 semanas. La Fiscalía reclama para él 33 años de prisión por asesinato y aborto.
La acusación sitúa el crimen sobre las ocho de la tarde del 28 de diciembre, dentro del domicilio familiar. La mujer había decidido irse con sus dos hijos menores después de varios intentos fallidos y en un momento en el que mantenía una nueva relación.
Ese dato es central en la causa porque el embarazo no correspondía al acusado. La versión fiscal sostiene que él no aceptaba la ruptura y que esa negativa fue el telón de fondo de una violencia que terminó desatada cuando ella ya preparaba la salida definitiva.
Los menores estaban fuera de la vivienda recogiendo pertenencias cuando se produjo el ataque. En ese intervalo, el procesado habría aprovechado para arremeter contra la mujer con un cuchillo, asestándole ocho puñaladas en la espalda y en el abdomen.
La agresión no terminó solo con la vida de ella. El escrito de acusación mantiene que las heridas provocaron también la muerte del feto, un bebé a punto de nacer, lo que convierte la escena en una de esas fracturas que desbordan cualquier explicación doméstica.
Los sanitarios desplazados al lugar intentaron reanimar a la víctima y practicaron una cesárea de urgencia para tratar de salvar al bebé. Ninguno de los dos sobrevivió. La casa quedó convertida en un escenario de pérdida total en cuestión de minutos.
Después del ataque, el acusado habría arrojado el cuchillo al patio de una vivienda contigua para deshacerse del arma. Ese gesto, incorporado a la investigación, dibuja una secuencia posterior al crimen que la acusación interpreta como un intento de borrar el rastro inmediato de lo ocurrido.
La causa recoge además que el hombre reconoció la autoría ante su hijo de 13 años, ante su hija de 14 y ante un vecino. A todos ellos les habría trasladado la misma idea brutal: que ya no había vuelta atrás tras lo que acababa de hacer.
La Fiscalía no solicita solo cárcel. También pide la privación definitiva de la patria potestad sobre los dos hijos comunes y la prohibición de acercarse o comunicarse con ellos durante 30 años una vez cumplida la pena.
El juicio se celebrará con tribunal del jurado, una fórmula que coloca el relato de aquella noche bajo una exposición especialmente intensa. No se juzga únicamente una sucesión de hechos violentos, sino la destrucción de una mujer que estaba a días de dar a luz y de un bebé que no llegó a vivir.
El caso ya golpeó a Escalona cuando ocurrió, a finales de 2022, porque la víctima fue asesinada en el momento en que intentaba abandonar la convivencia. Aquella decisión de marcharse, que debía abrir una salida, aparece ahora en la acusación como el instante que precipitó el ataque.
También pesa la presencia cercana de los hijos, que quedaron atravesados por la violencia antes incluso de entrar por completo en la escena. La causa los sitúa alrededor del crimen no como figuras laterales, sino como menores expuestos a una confesión inmediata y a una pérdida imposible de amortiguar.
La petición de 25 años por asesinato y ocho más por aborto refleja cómo la acusación separa penalmente dos muertes nacidas del mismo estallido. Esa doble dimensión convierte el procedimiento en algo más que un juicio por violencia machista: es una causa por una vida segada y otra impedida antes de empezar.
Cuando el juicio arranque, lo que volverá a abrirse no será solo un expediente judicial. Volverá la imagen de una mujer que intentaba irse, de un embarazo llegado al límite, de dos hijos a unos metros y de una noche en la que la salida de una casa terminó convertida en sentencia de muerte.
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