Ignacio Gordillo, exfiscal de la Audiencia Nacional, ha muerto este lunes 22 de junio en Madrid a los 75 años, cerrando una trayectoria de tres décadas ligada a algunos de los procedimientos penales más sensibles del país.
Nacido en Madrid en 1950, construyó su carrera dentro del Ministerio Fiscal hasta convertirse en una figura reconocible de la jurisdicción penal, especialmente en causas vinculadas al terrorismo y a la delincuencia económica.
Su formación jurídica arrancó en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció en Derecho y más tarde se doctoró con una tesis sobre blasfemia y libertad religiosa que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude.
En 1976 ingresó en la Escuela Judicial y optó por la carrera fiscal, un paso que marcó el inicio de un recorrido profesional que lo llevó primero por destinos como Girona y Valladolid antes de aterrizar en la Audiencia Nacional en 1980.
Desde ese órgano permaneció durante treinta años interviniendo en procedimientos de enorme carga política, judicial y social, con presencia en investigaciones relacionadas con ETA, los GRAPO, los GAL, secuestros y atentados.
Su nombre quedó asociado a la etapa más dura de la lucha penal contra el terrorismo, en un periodo en el que la Audiencia Nacional concentraba muchas de las causas que sacudían al Estado y exigían una presión jurídica constante.
Además de esa dimensión pública, también trabajó en asuntos de delincuencia económica organizada, una especialidad que más tarde mantendría en el ejercicio privado y que reforzó su perfil como penalista de alta complejidad.
Tras abandonar el Ministerio Fiscal en 2010, pasó a la abogacía y orientó su actividad al Derecho Penal, el Derecho Penal Económico, los delitos societarios, el blanqueo de capitales y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
En esa segunda etapa profesional siguió vinculado al ámbito jurídico madrileño y mantuvo presencia en labores formativas, publicaciones y foros especializados, donde era citado por su experiencia acumulada en procedimientos de gran impacto.
También formó parte de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid en 2013, desde donde participó en tareas institucionales después de haber dejado atrás su etapa como fiscal en activo.
La despedida institucional ha subrayado precisamente esa doble huella: la del jurista que atravesó algunos de los años más ásperos de la justicia penal española y la del abogado que siguió activo tras dejar la función pública.
El fallecimiento ha reactivado el recuerdo de una carrera marcada por sumarios incómodos, por escenarios atravesados por la violencia y por la exposición permanente que acompaña a quienes trabajan en la primera línea penal del Estado.
Aunque en sus últimos años estaba centrado en la práctica privada, su figura seguía unida a una etapa concreta de la Audiencia Nacional, cuando terrorismo, crimen organizado y tensión política formaban parte del pulso diario de los tribunales.
Con su muerte desaparece uno de los rostros más reconocibles de aquella generación de fiscales que sostuvieron causas de enorme gravedad, dejando detrás una biografía jurídica inseparable de una parte oscura y decisiva de la historia judicial española.
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