Casi nueve años después de los disparos que quebraron el silencio del pantano de Susqueda, la causa por la muerte de Marc Hernández y Paula Mas sigue atrapada en la fase de instrucción y sin fecha para sentar a nadie en el banquillo.
El doble crimen ocurrió el 24 de agosto de 2017, cuando la pareja se desplazó hasta ese paraje de Girona para pasar el día y navegar en kayak, una escapada que terminó convertida en uno de los casos más oscuros y persistentes de la crónica negra catalana.
El principal golpe de este nuevo escenario es procesal: la investigación no está cerrada, así que el juicio que hace meses se intuía para 2026 vuelve a alejarse y deja el horizonte de 2027 como una previsión más creíble que inmediata.
La razón de ese frenazo está en varias diligencias pendientes que ya habían sido acordadas y que siguen sin completarse, un detalle que mantiene el procedimiento congelado en un punto que para las familias empieza a parecer insoportable.
Entre esas actuaciones figura desde hace tiempo el análisis acústico del entorno, una línea de trabajo diseñada para intentar determinar desde qué zona pudieron salir los disparos escuchados aquel día alrededor del embalse.
Ese examen técnico ha chocado con un obstáculo tan simple como decisivo: el nivel cambiante del agua altera la propagación del sonido y complica cualquier reconstrucción fiable de lo que pudo pasar en el mismo escenario donde fueron atacados.
A esa dificultad se suma la revisión de restos del kayak hallados años después, piezas incorporadas a la investigación como parte de un intento tardío por reconstruir con mayor precisión los movimientos de la pareja y la mecánica del crimen.
Mientras la instrucción continúe abierta, la Fiscalía y la acusación particular no pueden presentar sus escritos definitivos, y sin ese paso tampoco puede activarse la secuencia que lleva al auto de apertura de juicio oral.
Después llegaría la respuesta de la defensa del principal investigado, Jordi Magentí, y solo entonces podría empezar la maquinaria judicial previa a una vista que, al tratarse de un asesinato, debería celebrarse mediante jurado popular.
Ese detalle no es menor, porque la organización de un juicio con jurado exige más trámites, más tiempos y más preparación, de modo que incluso un cierre inmediato de la instrucción no implicaría un arranque rápido de la vista oral.
La investigación arrastra además una larga sombra de desgaste, marcada por años de discusiones sobre la solidez de los indicios, por la libertad provisional del principal sospechoso y por una causa que nunca ha logrado desprenderse de la sensación de estancamiento.
Hace solo unos meses, los investigadores reclamaron más margen para seguir trabajando sobre el terreno y vincularon parte de ese avance a la bajada del nivel del pantano, una circunstancia incierta que amenaza con seguir dilatando el caso durante más tiempo.
Ese retraso reabre una herida antigua: Marc y Paula desaparecieron tras adentrarse en una zona donde varios testigos situaron disparos aquel mismo mediodía, y sus muertes siguen sin una respuesta judicial firme casi una década después.
Lo que queda ahora es una causa abierta, un juicio todavía inexistente y un crimen que continúa suspendido entre diligencias pendientes y un paisaje que, año tras año, conserva intacta la impresión de que el tiempo avanza más deprisa que la justicia.
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