La orden de busca y captura se cierne sobre un trabajador de una residencia de mayores de Sanchinarro, en Madrid, al que la Justicia sitúa en el centro de una agresión sexual continuada contra una interna de 83 años con alzhéimer.
Según la reconstrucción incorporada al procedimiento, el sospechoso habría confesado que llevaba ocho meses violando a la mujer, una revelación que apareció después de que una compañera lo sorprendiera dentro del cuarto de baño de la habitación.
La víctima había ingresado en la residencia en noviembre de 2023, después de que le diagnosticaran una demencia por alzhéimer en un hospital de Houston, un dato que subraya el nivel de vulnerabilidad que rodeaba su situación diaria.
La noche del 27 de julio de 2024, hacia las 21:00 horas, una trabajadora entró en la habitación al ver una luz encendida cuando el resto de internos ya dormía, y allí encontró la escena que terminaría desatando la investigación.
La empleada declaró a la Policía que vio al hombre agrediendo sexualmente a la octogenaria en el baño y que, después, él la alcanzó para pedirle que no dijera nada y asegurar que no volvería a ocurrir.
Ese mismo relato incluye otro detalle inquietante: el acusado no tenía asignada aquella habitación entre sus funciones, y la testigo recordó además que en ocasiones anteriores había visto a la mujer sin pañal en baños de otras estancias sin llegar a sospechar lo que estaba ocurriendo.
Dos días más tarde, la trabajadora trasladó lo sucedido a sus superiores, y el centro comunicó al empleado que no regresara a la residencia, un movimiento interno que precedió a la denuncia formal en comisaría.
En ese momento, según las fuentes judiciales del procedimiento, el hombre soltó una frase que ahora pesa como una losa en la causa: admitió el error, pidió que todo quedara allí y trató de cerrar la puerta antes de que intervinieran los agentes.
La denuncia llegó a la Unidad de Familia y Atención a la Mujer de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, cuyos investigadores acudieron el 1 de agosto de 2024 al domicilio del sospechoso en Carabanchel para intentar localizarlo.
Allí, uno de los inquilinos explicó que se había marchado de vacaciones y que desconocía su paradero, lo que empujó a los agentes a rastrear una segunda dirección y, al no encontrarlo tampoco, a pedir la orden de busca y captura a nivel nacional.
El juzgado de instrucción competente en Madrid decretó que el investigado ingrese en prisión en cuanto sea localizado, de modo que el caso ya no gira solo sobre una denuncia gravísima, sino también sobre la condición de fugitivo que arrastra desde entonces.
La resolución judicial incorpora además a la residencia como posible responsable civil subsidiaria, una decisión que abre otra línea de presión sobre los controles internos, la vigilancia de los trabajadores y la protección de los residentes más frágiles.
El caso golpea con especial dureza porque la presunta víctima sufría una enfermedad neurodegenerativa que podía limitar su capacidad para comprender, defenderse o relatar lo ocurrido, un escenario extremo de indefensión dentro de un espacio pensado para cuidar.
Mientras la Policía mantiene activa la búsqueda, la causa deja una pregunta oscura sobre la mesa: cuánto tiempo puede ocultarse una violencia así dentro de una residencia antes de que alguien encienda la luz exacta y descubra el horror.
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