La Audiencia Provincial de Ourense dejó este miércoles una escena helada antes de que comenzara el juicio: el acusado aceptó una condena de dos años de prisión por agredir sexualmente de forma continuada a la hija menor de quien había sido su pareja.
El hombre convivía con la menor y con su madre en la ciudad de Ourense, y esa cercanía cotidiana es una de las sombras más duras del caso, porque los hechos admitidos ocurrieron dentro del entorno familiar en el que la víctima debía sentirse protegida.
La vista oral estaba señalada para esa misma jornada, pero no llegó a celebrarse porque Fiscalía, acusación y defensa cerraron un acuerdo de conformidad que permitió dictar sentencia sin desplegar todo el juicio.
Con ese acuerdo, el procesado reconoció haber cometido varias agresiones sexuales contra la menor durante el tiempo de convivencia en el domicilio familiar, un reconocimiento que cerró el procedimiento por la vía más rápida en sede penal.
La pena principal quedó fijada en dos años de cárcel, una cifra que marcó el desenlace inmediato del caso y evitó una declaración pública más extensa sobre unos hechos especialmente sensibles por la edad de la víctima.
La sentencia incorporó además una orden de alejamiento y de incomunicación respecto de la menor durante cinco años, una medida orientada a impedir cualquier contacto futuro una vez resuelto el proceso.
También se le impuso libertad vigilada durante ese mismo periodo, de manera que el control sobre su conducta no termina con la condena de prisión, sino que se prolonga después como parte de la respuesta judicial al riesgo que describen los hechos.
A eso se suma la inhabilitación para desempeñar trabajos, oficios o actividades que impliquen contacto habitual con menores durante cinco años, una restricción que busca cerrar cualquier acceso profesional a entornos de especial vulnerabilidad.
Uno de los puntos que facilitó la conformidad fue la aplicación de la atenuante de reparación del daño, al haber consignado el acusado 4.000 euros antes de la vista para afrontar la responsabilidad civil derivada de los abusos.
Esa cantidad no borra lo sucedido ni rebaja la gravedad del relato asumido ante el tribunal, pero sí tuvo un efecto jurídico concreto en la negociación de la pena y en la forma en que el procedimiento quedó resuelto.
El acuerdo evitó que la menor tuviera que afrontar una exposición judicial más prolongada en sala, un factor que en este tipo de causas suele pesar cuando las partes cierran una sentencia de conformidad antes de que arranque la práctica de la prueba.
El caso vuelve a colocar bajo foco uno de los patrones más perturbadores de la violencia sexual: el que se produce dentro del espacio doméstico, aprovechando convivencia, autoridad de hecho y acceso constante a una víctima menor de edad.
La resolución conocida este 9 de julio de 2026 deja así una condena firme nacida de la admisión de los hechos, con prisión, control posterior, prohibición de contacto y limitaciones laborales ligadas a la protección de menores.
Trás la puerta del juzgado no quedó un debate abierto, sino una sentencia que fijó responsabilidades y cerró el proceso en pocas horas, dejando en Ourense el rastro de un caso que se resolvió sin juicio, pero con una gravedad imposible de disimular.
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