Han pasado siete años desde que el llamado crimen de la cabeza estremeció a Castro Urdiales, pero el caso ha vuelto a abrir una herida incómoda: Carmen Merino, condenada por matar y descuartizar a su pareja, ya ha empezado a salir de prisión con permisos penitenciarios en 2026.
La mujer cumple condena en el centro penitenciario de El Dueso, en Santoña, donde ha permanecido casi siete años después de ser sentenciada a 15 años de cárcel por homicidio con agravante de parentesco por la muerte de Jesús María Baranda.
El nombre de la víctima quedó unido para siempre a uno de los episodios más macabros de la crónica negra reciente. Baranda, un jubilado vizcaíno de 67 años, desapareció en febrero de 2019 en la vivienda que compartía con Merino en Castro Urdiales, en Cantabria.
Durante meses no hubo rastro de su cuerpo. La investigación dio un giro brutal en septiembre de ese mismo año, cuando una amiga de la acusada abrió una caja que llevaba guardando desde marzo y encontró en su interior restos humanos, entre ellos el cráneo de la víctima.
Aquella caja se convirtió en el símbolo más siniestro del caso. El hallazgo desató la caída definitiva de la versión de normalidad que rodeaba la desaparición y colocó a la pareja del fallecido en el centro absoluto de las sospechas.
En el juicio celebrado en la Audiencia de Cantabria, Merino negó haber entregado a su amiga una caja con la cabeza de su compañero sentimental y sostuvo que lo que guardaba en aquel paquete eran juguetes sexuales, una explicación que chocó de frente con el contenido descubierto meses después.
También situó la desaparición de Baranda el 21 de febrero de 2019 y aseguró haber vuelto a verlo el 10 de marzo, una reconstrucción que formó parte de su defensa durante la vista oral. El cuerpo completo de la víctima, sin embargo, nunca ha sido localizado.
Tras dos semanas de juicio, el jurado popular tuvo incluso que aclarar una duda clave sobre si Merino había causado intencionadamente la muerte de Baranda o si había participado en ella de otro modo. Aun así, el proceso terminó con una condena por homicidio y con una pena de 15 años de prisión.
La resolución fijó judicialmente la responsabilidad de Merino en un crimen que no solo incluyó la muerte de la víctima, sino también la desaparición de casi todo su cuerpo y la conservación de la cabeza en un paquete que permaneció oculto durante meses.
Ahora, en 2026, el dato que vuelve a sacudir el caso no altera la sentencia, pero sí el pulso emocional que dejó tras de sí. Después de varias peticiones rechazadas en el pasado, Merino ya ha disfrutado de dos permisos penitenciarios y ha pasado varios días fuera de la cárcel.
Ese movimiento reabre una sensación difícil de encajar para quienes recuerdan la violencia del caso. La idea de que la autora condenada de un crimen tan oscuro pueda cruzar durante unos días los muros de El Dueso devuelve el suceso a la conversación pública con una crudeza intacta.
El expediente penitenciario entra así en una nueva fase, marcada por salidas temporales que suelen concederse bajo control y dentro de los cauces previstos por la normativa. Pero en un caso de este calibre, cualquier avance del cumplimiento de condena arrastra una carga simbólica devastadora.
Jesús María Baranda desapareció en invierno y su historia terminó convertida en una pesadilla sostenida por ausencias, restos humanos y una verdad incompleta. Ni los años transcurridos ni la rutina judicial han conseguido rebajar el espanto que dejó aquel crimen en la memoria colectiva.
La noticia de estos permisos no cambia lo esencial: sigue sin aparecer el cuerpo de la víctima y el nombre del caso continúa asociado a una escena imposible de borrar. Lo que parecía enterrado en los archivos del horror ha vuelto a moverse, aunque solo sea durante unos días, al otro lado de una prisión.
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