La reacción fue inmediata. Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, GEAS, helicópteros, perros, cientos de voluntarios. Se peinaron solares, pozos y viviendas cercanas; se verificaron avisos en Canarias, Península e incluso fuera de España. Pese al despliegue, no apareció un rastro concluyente de Yéremi, y el caso se convirtió en uno de los grandes enigmas criminales de la crónica española.
Las primeras pistas miraron a la carretera. Testigos hablaron de un coche pequeño blanco en la zona y la UCO cribó decenas de miles de vehículos: durante años, el “Opel Corsa blanco” fue la pista-rey. Con el tiempo, un testigo infantil precisó un detalle que cambiaría el foco: la “pegatina de palmeras” del modelo Oasis del Renault 5, un rasgo que llevó a revisar esa línea y a reubicar viejas declaraciones.
En 2016, la investigación se concentró en Antonio Ojeda Bordón, “El Rubio”, vecino de la zona y propietario de un Renault 5 blanco. Estaba en prisión preventiva por abusar de un menor en 2012 —delito por el que sería condenado a cinco años— y su nombre pasó al centro del tablero del caso Yéremi. La Guardia Civil le tomó declaración como investigado por detención ilegal y homicidio.
Los indicios indirectos crecieron en torno a Ojeda: relatos de presos sobre supuestas confidencias (“el niño estaba azul”), detalles de las gafas de Yéremi que no figuraban en fotos difundidas, descripciones del conductor con gorra y de la “pegatina de palmeras”. Pero en octubre de 2017 el Juzgado de Instrucción nº 2 de San Bartolomé de Tirajana archivó la causa por falta de pruebas sólidas, decisión confirmada en 2018 por la Audiencia.
La familia no se rindió. En septiembre de 2021, a petición de la acusación particular, el juzgado reabrió el procedimiento para practicar nuevas diligencias: revisar testimonios, cotejar informes y volver a rastrear esa línea del Renault 5 Oasis. Fue un giro procesal que devolvió oxígeno a un expediente exhausto tras catorce años de búsqueda.
Desde entonces, la causa ha encadenado prórrogas de instrucción. En septiembre de 2024 se amplió el plazo seis meses más y, en abril de 2025, el juzgado volvió a prorrogar la investigación ante su “complejidad” y la existencia de diligencias pendientes a solicitud de la familia. A día de hoy, oficialmente no hay una persona contra la que se dirija la causa.
El sumario resume el esfuerzo de estos años: cientos de inspecciones, cribas masivas de vehículos, rastreos técnicos y más de 200 depredadores sexuales investigados dentro y fuera de España sin resultado concluyente. Algunas piezas —el coche blanco, la ruta de huida, los minutos críticos— orbitan aún alrededor de un vacío que nadie ha podido llenar con certezas judiciales.
Así está el caso en 2025: abierto, vivo y sin veredicto. La instrucción continúa en San Bartolomé de Tirajana; la Guardia Civil mantiene activas sus líneas y la familia de Yéremi sigue personada y empujando cada nueva prueba. Los autos de prórroga dejan una puerta abierta a diligencias adicionales que pudieran, por fin, convertir indicios en pruebas.
Porque lo más aterrador de la desaparición de Yéremi Vargas no ocurrió en un callejón oscuro, sino a plena luz del día, en un lugar que todos creían seguro. Si sabes algo —por mínimo que parezca—, habla. A veces el detalle que nadie consideró importante es el que devuelve un nombre, un cuerpo, una verdad. Y, con ellos, la posibilidad de que el silencio deje de ser el último testigo.
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