Las primeras brigadas de búsqueda encuentran lo que nadie quiere ver: sangre y una zapatilla en un descampado junto a la carretera. Tres semanas después, el 2 de noviembre de 1999, el cuerpo de Rocío aparece en un paraje entre Marbella y San Pedro (zona de El Rodeíto), con puñaladas y signos de haber sido rociado con un líquido inflamable; la degradación impide determinar una agresión sexual. La Costa del Sol ya no es un mapa de veraneo, sino un tablero de evidencias.
La presión mediática sube, la ansiedad exige un rostro. En septiembre de 2000, la Guardia Civil detiene a Dolores Vázquez, expareja de la madre de Rocío. No hay ADN que la sitúe, no hay huellas útiles, no hay testigos directos. Hay indicios elásticos, recelos y titulares. En 2001, un jurado popular la declara culpable y ella entra en prisión. La imagen pública de “fría” y “distante” pesa más que la presunción de inocencia. Pasará 17 meses entre barrotes.
El caso, sin embargo, no se cierra; solo se deforma. En agosto de 2003, otra joven, Sonia Carabantes (17 años), desaparece en Coín y es hallada muerta días después. En la escena surge una colilla con un perfil genético que coincide con restos del caso Wanninkhof. La coincidencia abre una puerta que la investigación de 1999 nunca encontró: el ADN masculino de un agresor serial que andaba cerca.
El nombre aparece con prontuario extranjero: Tony Alexander King (antes Bromwich), británico con antecedentes por agresiones sexuales en Londres, instalado en la Costa del Sol desde finales de los 90. Detenido en 2003, su historial completa la silueta: violencia sexual reiterada, movilidad por la zona y una firma que ahora tiene base forense. El proceso que exonerará a Dolores Vázquez empieza a andar con ciencia y no con sospecha.
En 2005, la Audiencia de Málaga condena a Tony King a 36 años por el asesinato de Sonia Carabantes; además, sumará siete años por una tentativa de agresión sexual previa. Un año después, en diciembre de 2006, un jurado popular lo declara culpable del asesinato de Rocío y la Audiencia lo condena a 19 años de prisión, con indemnizaciones a la madre y los hermanos de la víctima. La Corte Suprema confirmará la condena meses después. La verdad judicial ya tiene apellido.
Para Dolores Vázquez, la libertad llega sin desagravio. Su segundo juicio se suspende tras el hallazgo del ADN de King y queda en libertad tras 17 meses en prisión, pero el daño no entiende de autos: su nombre ya había sido linchado en pantalla. Con los años, reclamaría una disculpa oficial que aún hoy simboliza una deuda del Estado con las víctimas del error judicial y de la “pena de telediario”.
La cronología, vista desde hoy, parece un manual de lo que no se debe hacer: prejuicio mediático, presión sobre jurado, indicios convertidos en certezas, y la ausencia de un contrapeso técnico que frenara la inercia. Cuando apareció una prueba biológica robusta en otro caso, toda la lógica acusatoria anterior colapsó. El rastro más pequeño —una colilla— habló más alto que meses de conjeturas.
Rocío tenía 19 años y una vida que quedó a medio camino entre dos casas. Su madre, Alicia Hornos, ha mantenido posiciones públicas complejas con el paso del tiempo, pero ninguna variación sentimental cambia lo esencial: el autor material fue Tony King, y el caso Wanninkhof quedó inscrito para siempre como error judicial y como advertencia sobre el poder destructor del prejuicio.
En la memoria de la Costa del Sol, dos víctimas comparten línea: Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes. La primera perdió la vida; la segunda, también. Y entre ambas, Dolores Vázquez perdió la suya sin morir. Hoy, al recordar el 9 de octubre de 1999, queda una lección tallada en frío: la justicia necesita tiempo, método y silencio; el espectáculo, en cambio, solo necesita un culpable. A Rocío la mataron esa noche; a Dolores, la mató el ruido.
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