Los primeros días fueron un guion de humo: mensajes que pretendían dibujar una huida voluntaria, un “me fui” escrito desde el teléfono de la víctima. Las pesquisas digitales situaron ese terminal—el de Dana—en desplazamientos cortos alrededor de Arenas, y fijaron compatibilidades horarias y de ruta con el móvil de Sergio. Era un rastro de proximidad, no de fuga.
El 8 de septiembre de 2019, la mentira se resquebrajó en mitad del monte. Un vecino halló un fémur humano a varios kilómetros de la casa. Aquello aceleró registros y detenciones. Los restos fueron remitidos a Medicina Legal y, tras las pericias, la Guardia Civil centró la investigación en Sergio, que fue arrestado y conducido a la vivienda para un registro judicial de dos días. La hipótesis de desaparición voluntaria se desmoronaba.
Las geolocalizaciones del teléfono de Sergio añadieron un patrón inquietante: hasta trece visitas nocturnas —entre las 23:40 y las 03:51— a la zona en torno al punto donde apareció el fémur, en días y horas posteriores a la desaparición de Dana. Para la acusación, no eran paseos fortuitos: eran regresos a la escena. A ello se sumó que ambos móviles, la noche del 12 de junio, realizaron un recorrido de ida y vuelta compatible y mostraron intervalos anómalos de inactividad al mismo tiempo.
La reconstrucción policial recogió, además, denuncias previas por malos tratos interpuestas por Dana en los meses anteriores. La dinámica de control y las contradicciones del investigado al explicar su paradero la tarde y noche de la desaparición reforzaron la línea de violencia de género. En paralelo, los mensajes “en nombre” de Dana —que la situaban supuestamente en Rumanía— quedaron bajo sospecha de haber sido redactados para desviar la atención.
Sergio ingresó en prisión provisional a finales de septiembre de 2019. Meses después salió en libertad bajo fianza de 8.000 euros, decisión que la familia recurrió precisamente apoyándose en el informe técnico de GATO (Grupo de Apoyo Tecnológico Operativo) que lo situaba de madrugada cerca del hallazgo de restos. Entre los argumentos de la acusación pesaba también su historial de violencia de género.
La búsqueda en el término de Arenas y municipios cercanos fue dejando un reguero de hallazgos parciales: fragmentos óseos compatibles con Dana en distintos puntos del monte, reforzando la tesis de un crimen y ocultación por partes. Los técnicos subrayaron la dificultad de un escenario abierto, de orografía abrupta, donde el tiempo erosiona pruebas.
En 2022, la Audiencia de Málaga ordenó continuar la causa por homicidio/asesinato: el sumario describía indicios de agresión en el domicilio (incluida una supuesta paliza con un palo) y traslado posterior del cadáver al campo, junto con comunicaciones manipuladas para sostener la coartada. El relato de una marcha voluntaria quedaba, judicialmente, como una cortina de humo.
En julio de 2025, el tribunal abrió juicio oral. La Fiscalía y las acusaciones solicitaron penas que rondan los 17 años de prisión, en un procedimiento que tipifica la muerte de Dana como homicidio en un contexto de violencia de género, con agravantes a debate. La familia insiste en que el caso es, ante todo, el de una madre asesinada cuyo teléfono habló después por ella para fingir que seguía viva.
“Dijeron que se fue”, repiten en Arenas. Pero no llegó a ninguna parte. El monte devolvió huesos y la tecnología llenó de puntos un mapa nocturno que nadie puede explicar como casualidad. La historia de Dana no es un misterio romántico de alguien que se marchó: es el eco áspero de un silencio forzado y de unos mensajes que, desde el principio, querían que miráramos hacia otro lado.
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