La tarde del 30 de abril de 2002, Débora Fernández, 21 años, salió a hacer deporte por la zona de Samil–Alcabre en Vigo. Llevaba ropa deportiva y su móvil. Prometió volver “enseguida”. No regresó. Comenzaba una búsqueda que, durante años, mezclaría errores, hallazgos tardíos y una pregunta sin respuesta: ¿quién la mató?
Diez días después, el 10 de mayo de 2002, su cuerpo apareció desnudo en una cuneta de O Rosal, a unos 40 km de Vigo. Estaba colocado con una escenografía inquietante —cuerpo limpio, flores y elementos dispuestos—, lo que llevó a los investigadores a concluir que no murió allí y que fue trasladada para despistar. No presentaba signos de agresión sexual ni de una violencia evidente compatible con el escenario del hallazgo.
Durante los primeros meses, la investigación acumuló omisiones y fallos de cadena de custodia que la familia denunciaría después: objetos no analizados a tiempo, pistas que se enfriaron y una escena final escenificada que exigía análisis minuciosos. Años más tarde, informaciones periciales filtradas apuntaron a que el semen hallado habría sido introducido de forma artificial para confundir la investigación.
El caso dormía cuando, en 2021, la jueza ordenó reconstrucciones y nuevas diligencias “al límite de la prescripción” para revisar la cronología de aquella tarde, los trayectos posibles y el comportamiento del entorno más cercano. Se recuperaron itinerarios de entrenamiento en Samil y se reentrevistó a testigos de la franja horaria crítica.
En septiembre de 2022 emergió un giro sorprendente: el móvil de Débora —extraviado desde 2002— apareció en un legajo con fotos y vídeos del expediente, descubierto durante obras en la sede policial de Canillas (Madrid). El hallazgo reavivó la causa y evidenció anomalías en la custodia documental de una investigación que había cambiado de manos varias veces.
A partir de 2022, un único investigado concentró el foco: su exnovio. Se analizaron inmuebles, vehículos y dispositivos, y se programó la comparativa genética pendiente como diligencia clave. Mientras, el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Tui rechazó declarar la muerte “indeterminada” —como solicitó la defensa— y mantuvo la calificación de homicidio en el relato judicial del caso.
La familia sostuvo la acusación popular, organizó actos de memoria y logró la atención continuada de medios gallegos y estatales. Su mensaje se repitió año tras año: no hubo azar, hubo método; colocar el cuerpo “limpio” no borró la suciedad del gesto, solo la desplazó a un expediente con demasiados huecos.
El 14 de junio de 2024, llegó el mazazo procesal: el ADN del exnovio no coincidía con los rastros comparados y el juzgado ordenó el archivo definitivo del procedimiento por falta de autor conocido, al quedar agotadas las diligencias pendientes. La noticia fue confirmada de nuevo en octubre de 2024 por la Cadena SER Vigo, que habló expresamente de archivo definitivo y levantó el sobreseimiento sobre el investigado.
El cierre judicial no implica cierre social. La hemeroteca recuerda por qué este caso generó indignación: la puesta en escena del cuerpo, el traslado a O Rosal, los vacíos entre desaparición y hallazgo, y una cadena de errores que hicieron que pruebas potencialmente valiosas tardaran décadas en revisarse (como el propio teléfono). Para la familia, el archivo es una derrota del sistema, no de la verdad.
En perspectiva criminológica, tres hipótesis de trabajo han pesado más que otras: 1) sometimiento/retención breve tras la desaparición y colocación posterior en la cuneta; 2) muerte en otro escenario con limpieza forense y uso de falsas pistas (semen) para desviar la atención; 3) participación de alguien del entorno con conocimiento de los hábitos de la víctima. Ninguna alcanzó el estándar probatorio penal tras 22 años.
En 2022–2024, varias piezas periodísticas y podcasts repasaron el sumario y el contexto social (rutas deportivas en Samil, horarios, vehículos avistados, llamadas), pero el expediente quedó sin autor. La etiqueta mediática del “caso Débora” pasó así de “reabierto al límite” a “archivado sin culpable”.
Qué sabemos con certeza hoy: desapareció el 30-04-2002 tras salir a correr; hallada el 10-05-2002, desnuda y escenificada en O Rosal; no murió donde fue encontrada; hubo deficiencias en la instrucción; el móvil apareció en 2022 en un archivo policial; el exnovio fue el único investigado y su ADN no coincide; el caso se archivó definitivamente en 2024. Todo lo demás —motivo, autores, logística— permanece en la sombra.
Débora Fernández es, a día de hoy, una víctima sin justicia. El archivo no borra la memoria: fija una ruta para futuras revisiones si nuevas tecnologías o nuevos testimonios aparecen. Hasta entonces, Vigo recuerda que hubo una joven que salió a correr por Samil y que alguien decidió interrumpir su regreso.
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