La madrugada del 7 de noviembre de 2019, Marta Calvo Burón, de 25 años, desapareció tras enviar a su madre la ubicación de la casa a la que se dirigía en Manuel (Valencia), donde tenía una cita concertada por redes con Jorge Ignacio Palma. Fue la última señal antes del apagón: teléfono inactivo, silencio en chats, ninguna cámara que la devolviera a casa.
Durante semanas, Guardia Civil rastreó viviendas, caminos y vertederos; la línea de investigación condujo a Palma, que el 4 de diciembre de 2019 se entregó en Carcaixent y confesó haber desechado el cuerpo de Marta tras descuartizarla. Dijo que lo había hecho después de una noche de consumo de cocaína; la búsqueda en el vertedero de Dos Aguas y otros puntos nunca recuperó restos.
La instrucción conectó la desaparición de Marta con un patrón previo: encuentros sexuales en los que el acusado administraba cocaína a las mujeres, a veces por vía genital, una práctica no consentida que elevaba el riesgo de intoxicación mortal. Las pesquisas se ampliaron y aparecieron dos nombres con el mismo sello de muerte: Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas.
En septiembre de 2022, un jurado popular declaró culpable a Jorge Ignacio Palma por tres asesinatos (Marta, Arliene y Lady Marcela), seis intentos de asesinato y delitos sexuales sobre otras víctimas; la Audiencia de Valencia impuso 159 años y 11 meses de prisión e indemnizaciones que superaban los 640.000 €. Aun así, no aplicó la prisión permanente revisable.
La razón técnica fue controvertida: el tribunal provincial —y después el TSJCV— interpretaron que el art. 140.2 del Código Penal exigía condenas previas por más de dos asesinatos para activar la pena máxima. Por eso, en marzo de 2023, el TSJCV confirmó la pena total sin prisión permanente revisable.
La Fiscalía y las acusaciones (entre ellas la familia de Marta) recurrieron al Tribunal Supremo, defendiendo que el precepto también cubre al asesino en serie juzgado en un único proceso con tres crímenes acreditados. En paralelo, la madre de Marta, Marisol Burón, mantuvo viva la presión social para que el fallo reflejara la gravedad del caso.
El 23 de septiembre de 2024, el Tribunal Supremo dio un giro histórico: calificó a Palma como asesino en serie y le impuso la prisión permanente revisable por el asesinato de Marta Calvo, además de mantener y reajustar el resto de penas (más de 137 años por los otros homicidios e intentos) y elevar a 140.000 € la indemnización a los padres de Marta.
El Alto Tribunal zanjó la controversia jurídica: el tercer asesinato dentro del mismo procedimiento cumple los requisitos del art. 140.2, sin necesidad de condenas anteriores firmes, cuando existe una secuencia homicida con mismo modus operandi, objetivo y ocasión. La doctrina consolida el encaje penal del asesinato serial juzgado de forma acumulada.
Más allá de la arquitectura jurídica, el caso dejó un rastro forense nítido: cocaína suministrada sin consentimiento en contextos sexuales, vulnerabilidad de las víctimas —a menudo mujeres en situación de prostitución— y una logística posterior de borrado de huellas, incluida la fragmentación y eliminación de restos en contenedores en el caso de Marta. La ausencia de cuerpo no impidió la certeza judicial.
Para Valencia y para España, el nombre de Marta quedó asociado a un aviso sobre citas online, sumisión química y violencia sexual con sustancias. Su madre convirtió el dolor en activismo, reclamando prevención y cambios normativos y recordando, en cada aniversario, la última ubicación que guio su búsqueda aquella madrugada.
En términos de investigación, el expediente mostró la complementariedad entre indicios digitales (geolocalizaciones, mensajes, rutas), testimonios del entorno sexual del acusado y pruebas toxicológicas capaces de reconstruir dosis y vías de administración. La ausencia de hallazgo de restos de Marta no vació el caso: el conjunto probatorio encadenó patrón, tiempo y autor.
Con la prisión permanente revisable ya firme, queda una deuda imposible: no hay tumba para flores ni un lugar físico al que acudir. La sentencia satisface la justicia penal, pero no colma la necesidad de duelo de una familia que aún pide lo más humano: saber dónde está Marta.
El caso Marta Calvo es hoy, a la vez, jurisprudencia contra el asesinato serial y un recordatorio de riesgo en contextos de droga y sexo no consentido. La ley habló; la memoria de Marta —y de Arliene y Lady Marcela— exige que no bajemos la guardia. Si necesitas ayuda por violencia o acoso, en España está el 016: gratuito, confidencial y 24/7.
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