Aquel 5 de diciembre, dos vecinos que acudieron a revisar un masico (casa de campo) en Albalate fueron heridos de gravedad por un intruso armado. La Guardia Civil activó un operativo en el Bajo Aragón, pero el pistolero logró desvanecerse entre masías y barrancos, alimentando la sensación de que rondaba por la zona. Nueve días después, ocurriría lo peor.
La tarde del día 14, Iranzo —joven agricultor y ganadero muy conocido— se topó con el fugitivo en el campo. Horas más tarde, dos agentes del puesto de Alcañiz, Romero y Caballero, que rastreaban al sospechoso, fueron abatidos a bocajarro. La noticia sacudió Aragón y España entera: tres muertos en un radio de kilómetros, un mismo tirador, una huida en la noche.
La caza del asesino duró apenas unas horas más. A las 02:45 del 15 de diciembre, una patrulla localizó en Cantavieja (Teruel) un vehículo accidentado en la A-226. Al inmovilizar al conductor, comprobaron que era Norbert Feher. Llevaba armas, munición y documentación falsificada. Su arresto cerró una persecución de película que había empezado mucho antes… en Italia.
Feher no era un desconocido en Europa. En abril de 2017, en la región italiana de Emilia-Romaña, asesinó al barista Davide Fabbri y, días después, a Valerio Verri, voluntario de vigilancia ambiental; también hirió gravemente al agente Marco Ravaglia. En noviembre de 2021, la Corte de Casación italiana confirmó el ergastolo (cadena perpetua) por esos crímenes.
España abrió primero las causas de Albalate: en enero de 2020, la Audiencia de Teruel sentó a Feher en el banquillo por los dos intentos de homicidio del día 5 y la tenencia de armas. Era el preludio del gran proceso que llegaría por los tres asesinatos del 14.
El juicio del triple crimen culminó el 29 de abril de 2021 con la condena a prisión permanente revisable por los tres asesinatos de Andorra. La sentencia fijó además un cumplimiento mínimo de 30 años, el máximo previsto entonces, y cuantiosas indemnizaciones para las familias. La decisión reflejó la excepcionalidad de un itinerario homicida que cruzó fronteras y dejó comunidades heridas.
El fallo tuvo eco internacional: medios europeos remarcaron que España aplicaba su pena más grave a un asesino en serie ya perseguido y condenado en Italia. La Audiencia Provincial de Teruel recogió el modus operandi: desplazamientos sigilosos por el medio rural, armas largas y determinación letal ante cualquier presencia que lo delatara.
La justicia penal no cerró todas las preguntas. Las familias y colectivos del territorio reclamaron explicaciones sobre lo ocurrido entre el 5 y el 14 de diciembre: coordinación, protocolos tras el primer tiroteo, medios disponibles y decisiones de mando. En diciembre de 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó entrar a valorar esas “imprudencias”; la frustración en Aragón fue palpable.
Un giro importante llegó en junio de 2025: la Audiencia Nacional admitió una demanda de responsabilidad patrimonial de la familia de Víctor Romero y ordenó declaraciones a mandos de Policía y Guardia Civil para revisar la actuación operativa en aquellos días. Una decisión inédita que busca luz sobre la coordinación y los recursos que se activaron —o no— tras Albalate.
En septiembre de 2025, otra resolución avanzó en la reparación: la Audiencia Nacional condenó al Ministerio del Interior a indemnizar con 560.000 € a los familiares de los dos guardias civiles por daños morales, ocho años después del crimen. Es un reconocimiento administrativo que se suma a la condena penal y que pone el foco en el deber de cuidado a quienes protegen.
El nombre de José Luis Iranzo quedó grabado en el paisaje que trabajó y defendió; los nombres de Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero se pronuncian cada aniversario en cuarteles y plazas. El triple crimen de Andorra no es solo un caso resuelto: es una lección amarga sobre lo que puede fallar cuando un fugitivo armado se mueve por el mundo rural y los ecos de un primer ataque no activan todas las defensas.
En Teruel, cada 14 de diciembre el silencio vuelve a pesar. La condena existe; la memoria también. Falta que las respuestas operativas queden por escrito para que nunca más un territorio vuelva a contar sus muertos entre aviso y aviso.
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