“Te regalo la entrada. Ven mañana.” En un pueblo, una frase así suena a gesto amable, a puerta que se abre. En El Masnou, durante años, esa promesa de película y confianza habría sido usada como anzuelo por Lluís Gros, el hombre que regentaba el cine La Calàndria, hasta que las denuncias lo arrancaron del papel de “referente cultural” y lo colocaron donde siempre debió estar: ante la justicia, con nombres de víctimas que por fin empezaban a ser escuchados.
La historia se vuelve más inquietante por lo cotidiano del escenario: un cine de pueblo, carteles en las paredes, conversaciones de taquilla, un adulto que conoce a familias y jóvenes desde hace años. Ese tipo de lugares no solo proyectan películas; también proyectan confianza, y la confianza, cuando cae en manos equivocadas, se convierte en un pasillo sin luz para quien todavía está creciendo.
En el centro de este caso no hay “un personaje”, sino adolescentes que, en su momento, estaban construyendo identidad, límites y autoestima. Algunas víctimas eran especialmente vulnerables: la sentencia recogida por la prensa indica que tenían entre 13 y 17 años, y que una de ellas presentaba discapacidad intelectual. Cuando el daño se comete en esa etapa, no se rompe solo una tarde: se fractura la manera de mirar el mundo.
Según la información publicada, Gros contactaba con menores con el pretexto de contratarlos para repartir publicidad del cine. Después, de acuerdo con la crónica judicial, se valía de recompensas pequeñas —dinero, entradas, favores— para trazar un vínculo desigual, donde el menor aprende a callar y el adulto aprende a mandar sin levantar la voz. Es una violencia que no siempre grita; a veces se disfraza de “oportunidad”.
Los hechos por los que fue condenado se situaron entre 2007 y 2011, cuando trabajaba como gerente del cine. Ese detalle importa porque dibuja un patrón sostenido: no fue un episodio aislado ni un error de una noche, sino una conducta repetida durante años, en un lugar donde la cercanía con la juventud era parte del trabajo.
Cuando las denuncias comenzaron a abrirse paso, la comunidad tuvo que mirar de frente algo que cuesta aceptar: que el peligro a veces se sienta en la butaca de al lado y sonríe. Y, como ocurre en tantos casos de delitos contra menores, el proceso fue lento, pesado, lleno de silencios y de miedos antiguos: el miedo a no ser creído, a ser señalado, a revivir lo vivido en un juzgado.
En septiembre de 2019, la Audiencia de Barcelona lo condenó a 23 años y 8 meses de prisión por abusar sexualmente de tres menores e intentarlo con otro. La mayor parte de los hechos, según esa crónica, ocurrieron dentro del propio local. A veces la peor parte de la historia es esa: el lugar que parecía refugio era, en realidad, el escenario.
La condena no fue el final inmediato. Hubo recursos y un “periplo” judicial que, para las víctimas, suele sentirse como una segunda intemperie: cada paso legal obliga a recordar, cada demora da la impresión de que el tiempo protege al culpable. El caso acabó con una sentencia firme confirmada por el Tribunal Supremo (la prensa la sitúa en octubre de 2021), cerrando la vía ordinaria de discusión sobre los hechos probados.
Y aun así, pese a esa firmeza, la cárcel no llegó de inmediato. Ese retraso fue, precisamente, una de las piezas que más indignación generó: cómo alguien con una condena tan alta podía seguir haciendo vida cotidiana. En mayo de 2022, se informó de que la Audiencia ordenó su busca y captura tras comprobar que no ingresaba de forma voluntaria para cumplir la condena.
El 19 de mayo de 2022, los Mossos d’Esquadra lo detuvieron en Barcelona por orden judicial. ARA explicó que aquella detención se produjo tras una coordinación que incluyó el aviso del cineasta Carles Tamayo, que había quedado con Gros en el marco de una grabación. El dato es incómodo, pero real: en ciertos casos, la presión pública y la persistencia terminan empujando lo que el sistema tarda en ejecutar.
A partir de ahí, la historia dejó de ser “está condenado” y pasó a ser “está cumpliendo”. Para muchas víctimas, ese paso no borra nada, pero sí cambia algo esencial: la sensación de que el daño fue reconocido y que el poder del agresor —ese poder de seguir caminando libre— por fin se reduce. La justicia no cura, pero puede evitar que el silencio se convierta en norma.
El caso volvió a la conversación pública en 2024 con la docuserie “Cómo cazar a un monstruo” (Prime Video), centrada en la investigación de Tamayo y en la pregunta que muchos se hicieron: por qué una condena firme tardó tanto en hacerse efectiva. La serie, más allá del formato, puso el foco en algo que a menudo se pierde: la impunidad cotidiana también hace daño, porque obliga a las víctimas a vivir con la sensación de que el mundo prioriza la comodidad antes que su seguridad.
Cuando una historia así se cuenta, conviene hacerlo con una regla simple: el centro no es el agresor, sino el impacto en quienes lo sufrieron. En delitos contra menores, el daño suele arrastrarse a la edad adulta como una grieta invisible: vergüenza que no corresponde, miedo a la intimidad, culpa aprendida, desconfianza. Y, alrededor, familias preguntándose en qué momento falló la protección.
Por eso también importa nombrar el mecanismo, no para recrearlo, sino para reconocerlo cuando aparece: adultos que ofrecen regalos y privilegios, que piden secretos, que aíslan, que convierten la atención en deuda. Nada de eso es “un favor”. Y cuando el vínculo se construye así, el menor no está “eligiendo”: está siendo empujado a un terreno desigual.
Si eres madre, padre, familiar o docente, hay señales que no se deben minimizar: cambios bruscos de ánimo, miedo a ir a un sitio concreto, regalos que aparecen sin explicación, un adulto que insiste en ver al menor a solas, mensajes a horas extrañas, o la frase que más alarma debería encender: “no se lo digas a nadie”. En estos casos, preguntar con calma, creer sin juzgar y buscar ayuda profesional es mucho más importante que “no armar lío”.
Y si eres menor o conoces a alguien que lo sea y está viviendo algo parecido, hay ayuda confidencial. En España, ante peligro inmediato llama al 112. Para apoyo a infancia y adolescencia, existe el 116 111 y el 900 20 20 10 (Fundación ANAR). Si la situación tiene que ver con violencia de género cuando la víctima es menor, ANAR también atiende y recibe derivaciones del 016. Pedir ayuda no te mete en problemas: te saca de ellos.
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