La mañana de este lunes, 12 de enero de 2026, el frío invierno de Cuenca no ha impedido que la tensión se palpe en las puertas de la Audiencia Provincial. Tres años y medio después de una noche que tiñó de sangre la tranquila pedanía de Nohales, César B.R. se sienta finalmente en el banquillo de los acusados. No es un juicio más; es el examen público a un crimen que destrozó una familia y cuestionó, una vez más, la eficacia de las órdenes de protección.
El acusado llega a la sala enfrentándose a una petición fiscal contundente: más de 40 años de prisión. Se le imputan los delitos de asesinato consumado, asesinato en grado de tentativa, allanamiento de morada y quebrantamiento de condena. Sin embargo, su defensa ha trazado una línea argumental clara y arriesgada para intentar evitar la prisión permanente o reducir drásticamente la pena: la negación de la alevosía y el refugio en la toxicomanía.
Para entender la estrategia legal, hay que rebobinar hasta la madrugada del 4 de abril de 2022. Aquella noche, Victoria C.A.S., de 46 años, se encontraba en su vivienda de la calle Real junto a su nueva pareja, Mario. Intentaba reconstruir su vida tras una separación conflictiva que había derivado en una orden de alejamiento contra su exmarido, dictada apenas unos meses antes, en diciembre de 2021.
La paz del hogar se rompió cuando César, vulnerando la prohibición judicial de acercarse a menos de 500 metros, decidió cruzar el umbral de la casa familiar. Según el relato de la Fiscalía, no fue una visita improvisada para hablar; el acusado cortó los cables de la luz y se armó con un cuchillo, elementos que apuntan a una planificación macabra y al deseo de actuar bajo el amparo de la oscuridad.
El ataque fue de una violencia extrema. Victoria recibió múltiples puñaladas que acabaron con su vida en el acto, sin posibilidad de defensa eficaz ante la sorpresa de la agresión en su propio refugio. Su pareja, Mario, también fue atacado con saña, recibiendo heridas graves que le dejaron secuelas permanentes, aunque logró sobrevivir y convertirse hoy en el principal testigo de la acusación.
La defensa, sin embargo, busca desmontar la imagen del asesino frío y calculador. En su escrito de calificación, argumentan que César era un "adicto de larga duración" y que aquella noche actuó con sus facultades cognitivas y volitivas gravemente mermadas por el consumo de sustancias. Su objetivo es que el jurado popular no vea un asesinato (que implica alevosía o ensañamiento), sino un homicidio con atenuantes.
El concepto de "alevosía" es el campo de batalla central de este juicio. La acusación sostiene que el ataque fue traicionero, sorpresivo y ejecutado sobre seguro, aprovechando que las víctimas estaban desprevenidas en su casa. La defensa, por el contrario, esgrime que no hubo tal planificación fría, sino un estallido caótico fruto de la desesperación y la droga, intentando así rebajar la calificación penal.
Tras cometer el crimen, César no huyó lejos. Fue encontrado por la Guardia Civil en las inmediaciones, autolesionado con el mismo arma blanca, en lo que algunos interpretan como un intento de suicidio y otros como un gesto final de manipulación. Esta conducta posterior también será analizada por los peritos psicológicos durante las sesiones de la vista oral.
El impacto social del caso en Cuenca fue devastador. Victoria era una mujer conocida y querida, madre de dos hijos menores que aquella noche, por fortuna, no se encontraban en la vivienda. La orfandad de estos niños es la herida más profunda que deja el suceso, una realidad que la Fiscalía intenta compensar con una petición de indemnización superior a los 500.000 euros.
El juicio, que se extenderá hasta el 16 de enero, contará con la declaración de peritos forenses, agentes de la Guardia Civil y testigos del entorno. Será crucial determinar si la supuesta adicción del acusado era tal y si tuvo la relevancia suficiente para anular su voluntad, o si, como sostiene el Ministerio Público, fue una decisión consciente de aniquilar a quien ya no podía controlar.
La presencia del jurado popular añade un elemento de incertidumbre. Nueve ciudadanos deberán decidir, basándose en las pruebas y no en la emoción, si creen la versión del "adicto desesperado" o la del "maltratador vengativo". La diferencia entre ambas versiones se mide en décadas de cárcel.
La defensa también ha alegado arrepentimiento tardío, una carta habitual en estos procesos para buscar la benevolencia del tribunal. Sin embargo, la brutalidad de los hechos, con una mujer asesinada a cuchilladas en su propia casa mientras tenía una orden de protección, hace difícil que este argumento cale hondo en la sala.
Para las asociaciones feministas y la acusación particular, la estrategia de culpar a las drogas es un intento de desviar la atención del verdadero móvil: el machismo. Sostienen que César mató porque no aceptaba que Victoria hubiera rehecho su vida, y que la orden de alejamiento no fue un muro, sino un aliciente para su ira.
Hoy, mientras César B.R. escucha los cargos, la memoria de Victoria preside la sala. Su nombre se suma a la larga lista de mujeres que buscaron protección en el sistema y encontraron la muerte a manos de quienes decían amarlas. La sentencia de este caso no devolverá la vida a Nohales, pero servirá para medir el pulso de la justicia ante las excusas de siempre.
El veredicto final se espera para finales de esta semana. Hasta entonces, Cuenca contiene el aliento, esperando que la justicia hable alto y claro sobre lo que ocurrió aquella noche de abril donde la oscuridad se llevó a Victoria.
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