La mañana del domingo 4 de diciembre de 2016 amaneció con una tranquilidad aparente en el barrio Bosque Calderón, un asentamiento humilde incrustado en los cerros orientales de Bogotá. Las calles empinadas y las casas de construcción precaria eran el escenario habitual de juegos para los niños de la zona, ajenos a las fronteras invisibles que dividen a la capital colombiana. Sin embargo, esa normalidad se vio interrumpida por la presencia de una camioneta gris, un vehículo de alta gama que desentonaba con el entorno y que, minutos después, se convertiría en el símbolo de una pesadilla nacional.
Yuliana Andrea Samboni, de apenas 7 años, jugaba frente a su casa con la inocencia propia de su edad. Su familia, desplazada por la violencia desde el departamento del Cauca, había llegado a la gran ciudad buscando un refugio y un futuro que se les negaba en su tierra natal. No sabían que la violencia tiene muchas caras y que, en ocasiones, no viste de camuflado, sino de ropa de marca y apellidos de alcurnia. En cuestión de segundos, la niña fue arrebatada de la acera y forzada a entrar en el vehículo, ante la mirada atónita e impotente de sus primos.
El conductor era Rafael Uribe Noguera, un arquitecto de 38 años perteneciente a una familia acomodada y reconocida en la élite bogotana. En su mente retorcida, la posición social y el poder económico funcionaban como un escudo de invulnerabilidad. El secuestro no fue un acto impulsivo de último minuto; investigaciones posteriores sugirieron que el depredador había estado rondando la zona, observando, seleccionando a su víctima con la frialdad de quien se cree dueño de todo lo que mira.
El trayecto desde el barrio popular hasta el apartamento del arquitecto fue un viaje breve en distancia, pero abismal en realidad social. El vehículo se dirigió hacia el edificio Equus 66, ubicado en la zona de Chapinero Alto, a pocas cuadras del lugar del rapto. Allí, en un entorno de lujo y exclusividad, Uribe Noguera ingresó al parqueadero con la niña oculta, cruzando el umbral hacia un infierno privado donde las súplicas de una menor no tendrían eco.
Dentro del apartamento 603, la vida de Yuliana se apagó de la forma más dolorosa y cruel posible. Lo que sucedió entre esas paredes fue un compendio de atrocidades que los informes forenses describirían luego con una crudeza insoportable. La niña fue sometida a abusos brutales y finalmente asfixiada, convirtiendo aquel espacio de diseño moderno en una escena del crimen que helaría la sangre de los investigadores más experimentados.
Mientras tanto, en Bosque Calderón, la desaparición había desatado el pánico. La familia Samboni, desesperada, alertó a las autoridades. A diferencia de otros casos donde la burocracia retrasa la acción, la presión comunitaria y la rápida identificación de las placas de la camioneta permitieron a la Policía Nacional (Gaula) trazar una ruta directa hacia el propietario del vehículo. La búsqueda se convirtió en una carrera contra el tiempo que, lamentablemente, ya estaba perdida.
Al llegar la noche, las autoridades irrumpieron en el apartamento del arquitecto. Lo que encontraron confirmó el peor de los desenlaces: el cuerpo sin vida de Yuliana había sido escondido en un jacuzzi, en un intento torpe y macabro de ocultar la evidencia. El cuerpo había sido lavado y manipulado con aceite de cocina para borrar rastros de ADN, una acción que denotaba una consciencia plena del delito y una intención clara de obstruir la justicia.
El agresor no estaba en la escena. En una maniobra evasiva, Uribe Noguera se había trasladado a una clínica psiquiátrica alegando una crisis de salud y una sobredosis de drogas y alcohol. Buscaba refugio en el sistema médico, intentando ganar tiempo o quizás armar una coartada de inimputabilidad. Sin embargo, la magnitud del crimen era tal que ni las paredes de una clínica privada podrían contener la indignación que estaba por estallar.
La noticia del hallazgo sacudió los cimientos de Colombia. No se trataba solo de un asesinato; era la representación gráfica de la desigualdad y el abuso de poder. La víctima era una niña indígena, pobre y desplazada; el victimario, un hombre rico, blanco y profesional. La narrativa del caso tocó una fibra sensible en una sociedad cansada de que el apellido sirviera como salvoconducto para la impunidad.
La detención se formalizó en la misma clínica, bajo un fuerte esquema de seguridad para evitar linchamientos. El rostro de Uribe Noguera, con la mirada perdida y custodiado por el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), se convirtió en la imagen del enemigo público número uno. La Fiscalía General de la Nación actuó con una celeridad inusitada, consciente de que los ojos del mundo estaban puestos sobre el sistema judicial colombiano.
Un capítulo oscuro y polémico de la investigación involucró a los hermanos del asesino, Francisco y Catalina Uribe Noguera. Se supo que estuvieron en el apartamento antes que la policía, lo que generó sospechas sobre su posible participación en la alteración de la escena del crimen. Aunque enfrentaron un largo proceso judicial y la condena moral de la opinión pública, fueron absueltos penalmente por duda razonable respecto al encubrimiento, una decisión que aún hoy genera debates encendidos.
Durante el proceso, Rafael Uribe Noguera confesó el crimen. No fue un acto de arrepentimiento genuino, sino una estrategia legal ante la abrumadora cantidad de pruebas biológicas y testimoniales en su contra. Las cámaras de seguridad, el rastreo del GPS de la camioneta y las muestras de ADN no dejaban margen para la duda. El "arquitecto" era, sin lugar a equívocos, un monstruo confeso.
La sentencia fue histórica. El juez impuso la pena máxima permitida por la ley colombiana en ese momento: 58 años de prisión. Se le condenó por feminicidio agravado, acceso carnal violento y secuestro simple agravado. La justicia envió un mensaje contundente: no habría rebajas, no habría casa por cárcel, ni beneficios por buena conducta que pudieran reducir significativamente el castigo por tal aberración.
El agresor fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Tramacúa, en Valledupar, conocida por sus duras condiciones y por albergar a otros criminales de alto perfil como Luis Alfredo Garavito. Allí, Uribe Noguera pasa sus días aislado, lejos de los lujos de Chapinero, reducido a un número en un sistema penitenciario que no olvida la naturaleza de su delito.
El caso de Yuliana Samboni dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Transformó las leyes, impulsando debates sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños (una medida que sigue siendo objeto de discusión constitucional). Pero más allá de lo legal, obligó a la sociedad a mirarse al espejo y reconocer que la protección de la infancia sigue siendo una asignatura pendiente y dolorosa.
Yuliana no pudo cumplir sus sueños, ni ver crecer a sus hermanos. Su vida fue breve, pero su nombre se convirtió en un estandarte. Cada 4 de diciembre se recuerda no solo su partida, sino la promesa de que ningún privilegio debe estar por encima de la vida sagrada de un niño. La alevosía con la que fue atacada nos recuerda que el mal existe, y que la única respuesta posible es una justicia implacable y una memoria que se niegue a olvidar.
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