La mañana del jueves 20 de noviembre de 2025 amaneció con la rutina habitual en la comarca de la Ribera Alta. Para una familia de Algemesí, el día estaba marcado en el calendario no como una fecha de temor, sino como un trámite necesario para la salud de su hija de seis años. La pequeña tenía una cita en una clínica dental privada de Alzira, un centro de apariencia moderna y confiable donde se le realizaría un tratamiento común en la infancia: la extracción de unos dientes de leche y unos empastes.
Nada hacía presagiar que cruzar el umbral de aquel establecimiento sería el inicio de una cuenta atrás irreversible. Los padres, que habían luchado mucho para tener hijos y volcaban en ella todo su cuidado, confiaron en los profesionales de bata blanca. Se les propuso una sedación para facilitar el procedimiento, una práctica que, aunque conlleva riesgos, suele presentarse como una forma de evitar el dolor y la ansiedad en los pacientes pediátricos.
El procedimiento se llevó a cabo bajo la supervisión de un anestesista externo que acudía a la clínica para estos casos. Según relataría después la propietaria del centro, la intervención transcurrió sin sobresaltos visibles. La niña despertó, y tras un periodo de observación, recibió el alta. "Salió de aquí perfectamente", repetirían después los responsables del centro ante las cámaras, aferrándose a la imagen de la pequeña caminando por su propio pie hacia la salida.
Sin embargo, al llegar a casa, la normalidad se quebró violentamente. La niña comenzó a sentirse mal; la somnolencia postoperatoria dio paso a vómitos y a una dificultad respiratoria que encendió todas las alarmas maternas. Lo que debía ser una recuperación tranquila en el sofá se transformó en una carrera angustiosa hacia el Hospital de la Ribera. El tiempo jugaba en contra, y el cuerpo de la pequeña, saturado por una química que no pudo procesar, empezó a colapsar.
A las 16:52 horas de esa tarde, la niña ingresó en urgencias en parada cardiorrespiratoria. Los equipos médicos del hospital desplegaron todo su arsenal técnico y humano para revertir la situación, luchando contra la muerte durante minutos que parecieron horas. Pero el daño era sistémico e irreversible. A pesar de los esfuerzos desesperados, los facultativos tuvieron que certificar el fallecimiento, dejando a unos padres destrozados y sin respuestas en la sala de espera.
La tragedia no vino sola. Casi simultáneamente, se conoció que otra niña de cuatro años, atendida en la misma clínica y bajo el mismo procedimiento, había tenido que ser ingresada en la UCI del Hospital Clínico de Valencia con síntomas graves. La coincidencia eliminaba la posibilidad de la casualidad y apuntaba directamente hacia una causa común dentro de las paredes de la clínica dental: algo había salido terriblemente mal con la sedación.
La respuesta de las autoridades fue inmediata. La Conselleria de Sanidad ordenó la suspensión cautelar de la actividad de la clínica, mientras la Policía Nacional iniciaba una investigación que pronto destaparía una caja de Pandora de irregularidades. Los agentes descubrieron que el centro carecía de la licencia necesaria para realizar sedaciones intravenosas; su autorización se limitaba a la anestesia local, mucho menos invasiva y arriesgada.
El foco de la investigación se centró en la figura del anestesista, un hombre de 43 años y nacionalidad colombiana. Las pesquisas revelaron un perfil inquietante: se sospecha que los fármacos administrados, entre ellos midazolam, no procedían de un canal de distribución legal, sino que habrían sido sustraídos de un hospital público donde el médico había trabajado anteriormente.
La gravedad de los hechos llevó a la detención del anestesista y de la dueña de la clínica a principios de diciembre de 2025. Se les acusó de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y delito contra la salud pública. La operación policial también sacó a la luz un tercer caso: una niña de cinco años en Paterna que había sufrido reacciones adversas días antes, atendida por el mismo profesional.
El anestesista reconoció ante el juez haber administrado un cóctel de tres fármacos por vía intravenosa, una práctica de alto riesgo realizada en un entorno que no estaba preparado para gestionar una emergencia vital. La falta de equipos de reanimación adecuados y de permisos convertía la clínica en una trampa mortal para cualquier paciente que sufriera una complicación.
A pesar de la contundencia de los indicios, el juzgado de Alzira decretó la libertad provisional para el anestesista, aunque con cargos y medidas cautelares. La magistrada argumentó que era necesario esperar a los resultados definitivos de los análisis toxicológicos de sangre y tejidos de la menor para determinar si la muerte fue causada exclusivamente por una mala praxis farmacológica o si hubo otros factores concurrentes.
Esta decisión judicial cayó como un jarro de agua fría sobre la familia de la víctima y la opinión pública. La sensación de impunidad, aunque sea temporal y procesal, agrava el duelo de quienes han perdido lo más sagrado por una negligencia evitable. Los padres, que apenas podían tenerse en pie durante el funeral, exigen que la justicia sea tan implacable como lo fue el destino con su hija.
La defensa de la clínica ha intentado desvincularse de la responsabilidad, alegando que el anestesista era un profesional externo y que desconocían el origen ilícito de los medicamentos. Sin embargo, la normativa es clara: el titular del centro es garante de la seguridad de sus pacientes y debe velar porque todo procedimiento se realice bajo el amparo de la ley y las licencias pertinentes.
El caso ha sembrado el pánico y la desconfianza en el sector odontológico valenciano. El Colegio de Odontólogos se ha apresurado a aclarar que este tipo de sucesos son excepcionales, pero el daño a la reputación de las clínicas privadas es innegable. Miles de padres se preguntan ahora si es seguro llevar a sus hijos al dentista y qué controles pasan realmente estos centros.
Mientras la instrucción judicial avanza lentamente, analizando lotes de anestesia y protocolos médicos, en Alzira queda un vacío imposible de llenar. Una niña de seis años, que tenía toda la vida por delante, pagó con su vida el precio de la imprudencia y el intrusismo profesional.
La puerta de la clínica permanece cerrada con un precinto policial, un mudo testigo de la tragedia. Pero el cierre del local no devuelve la sonrisa a la pequeña ni consuela a una familia rota. Este caso debe servir como un punto de inflexión para endurecer las inspecciones y garantizar que la salud, especialmente la de los niños, nunca esté en manos de la improvisación o el lucro desmedido.
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