El caso de Juana Rivas, lejos de cerrarse con las sentencias pasadas, ha entrado en este enero de 2026 en su fase más crítica y decisiva. La historia, que comenzó en 2016 con una huida desesperada desde la isla de Carloforte hacia Granada, ha mutado en una batalla judicial transfronteriza que ha desgastado a todos sus protagonistas. Lo que empezó como una denuncia por sustracción de menores se ha transformado ahora en un escrutinio penal sobre la figura paterna en Italia, reescribiendo el guion de "buenos y malos" que la justicia había establecido hasta ahora.
Para entender el presente, hay que recordar el origen de la fractura. Juana Rivas salió de Italia alegando huir de un "infierno" de maltrato, llevándose a sus dos hijos bajo el pretexto de unas vacaciones. Aquella decisión unilateral chocó frontalmente con el Convenio de La Haya, activando una maquinaria legal que priorizó el retorno de los niños a su residencia habitual. El desafío de Juana al Estado en el verano de 2017, escondiéndose con los menores durante un mes, cimentó su condena penal en España, pero también solidificó su figura como símbolo de una lucha materna desesperada.
Tras la entrega inicial de los niños y el ingreso de Juana en prisión —condena que fue posteriormente suavizada por un indulto parcial del Gobierno en 2021—, la vida de los menores transcurrió en Italia bajo la custodia exclusiva de Francesco Arcuri. Los tribunales civiles italianos consideraron entonces que el entorno materno no favorecía la estabilidad de los niños, limitando el contacto de Juana a visitas controladas. Parecía el fin de la historia, con una madre derrotada y un padre reivindicado por las sentencias.
Sin embargo, el tiempo ha jugado una carta fundamental: la mayoría de edad del hijo mayor, Gabriel. Al cumplir los 18 años, el joven tomó una decisión que sacudió los cimientos de la defensa de Arcuri: hizo las maletas y regresó a España para vivir con su madre. Su vuelta no fue silenciosa; Gabriel ha denunciado públicamente y en sede judicial haber sido víctima y testigo de violencia física y psicológica por parte de su padre, validando años después el relato que su madre sostuvo en soledad.
El foco de la tragedia se trasladó entonces al hijo menor, Daniel, quien quedó atrapado en Italia. La situación estalló dramáticamente en el verano de 2025. El niño había viajado a España para pasar un periodo vacacional con su madre, pero al llegar la fecha de retorno, se negó a volver. Juana intentó por todas las vías legales paralizar la entrega, apoyada por los informes de su hijo mayor y la angustia visible del pequeño, pero la justicia fue implacable en la ejecución de la sentencia.
El 25 de julio de 2025 se vivió uno de los capítulos más dolorosos de esta crónica. Tras un primer intento fallido y días de tensión máxima, Juana Rivas se vio obligada a entregar formalmente a Daniel en Granada. No hubo cámaras esta vez, pero sí un dolor inmenso. El niño fue trasladado a Italia para reintegrarse al hogar paterno, cumpliendo así el mandato judicial que, a ojos de la ley, buscaba protegerlo de la "sustracción", aunque a ojos de su hermano mayor, lo enviaba de vuelta a la "boca del lobo".
Mientras Daniel retomaba su vida en Cerdeña bajo la tutela estricta de su padre, en los despachos de Cagliari se gestaba el contraataque legal. La Fiscalía italiana, tras revisar las denuncias y testimonios, encontró indicios suficientes para abrir causa penal contra Francesco Arcuri. No se trata ya de litigios por custodia, sino de acusaciones graves por maltrato continuado hacia los menores.
Así llegamos a la situación actual en enero de 2026. El Tribunal Penal de Cagliari ha fijado una fecha que está marcada en rojo en el calendario de ambas familias: el 26 de febrero de 2026. Ese día, Juana Rivas y su hijo mayor, Gabriel, están citados a declarar. No como acusados, sino como testigos de cargo en el proceso contra Arcuri. El viaje de vuelta a Italia será, por primera vez, para intentar demostrar ante un juez italiano lo que siempre gritaron en España.
La posición de Gabriel es clave. Su testimonio como adulto, narrando sus vivencias en primera persona sin la mediación de informes psicosociales, puede ser la prueba de carga que desequilibre la balanza. Él es el superviviente que escapó, y su voz busca ahora rescatar a su hermano pequeño, cuya custodia sigue blindada por las resoluciones civiles previas.
Paralelamente, Juana Rivas enfrenta sus propios fantasmas legales en España. A raíz de los retrasos en la entrega del menor en 2025 y los acontecimientos de ese verano, se abrió una nueva investigación contra ella por un presunto delito de sustracción de menores. En octubre de 2025 tuvo que comparecer nuevamente ante el juez en Granada, demostrando que el laberinto judicial es una trampa de la que es casi imposible salir ilesa.
La situación de Daniel, el hijo menor, es la más delicada. Reside en Italia con el padre acusado, en un entorno que la justicia de ese país aún considera válido hasta que se demuestre lo contrario en el juicio penal. Vive separado de su hermano y de su madre, en una soledad afectiva que preocupa profundamente a los psicólogos que han seguido el caso desde la distancia.
El juicio de febrero en Cagliari podría cambiarlo todo. Si Arcuri es condenado por maltrato, las sentencias civiles que le otorgaron la custodia quedarían en entredicho, abriendo la puerta a una revisión total del régimen de vida de Daniel. Sería la validación judicial tardía de la huida de 2016, aunque llegaría con una década de retraso y un desgaste emocional irreparable.
Por el contrario, si Arcuri sale absuelto, su posición se reforzaría definitivamente, dejando a Juana y a Gabriel sin más cartuchos legales y posiblemente enfrentando las consecuencias de sus acusaciones. Es una partida a todo o nada donde la libertad emocional del hijo menor es el premio y el castigo.
La sociedad española observa con expectación este nuevo capítulo. El debate sobre la violencia vicaria y la aplicación automática del Convenio de La Haya sigue vivo. Muchos se preguntan si el sistema falló al no escuchar a los niños antes, obligando a una madre a convertirse en delincuente para ser oída, o si el sistema funcionó al impedir una vía de hecho unilateral.
El caso Juana Rivas nos ha enseñado que la verdad judicial y la verdad familiar a veces circulan por carreteras opuestas. Lo que en España se vio como protección, en Italia se vio como secuestro. Ahora, será un juez italiano quien tenga la última palabra sobre la conducta de Francesco Arcuri.
El 26 de febrero no será solo un juicio; será el examen final de una década de dolor. Juana Rivas volverá a pisar suelo italiano, esta vez no como la fugitiva, sino como la madre que acompaña a su hijo mayor a contar su verdad. Y en medio de todo, Daniel espera, quizás contando los días para que alguien, al fin, decida su futuro escuchando su voz y no solo los códigos penales.
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