El nombre de Reda, un joven de tan solo 21 años, quedó ligado para siempre a la crónica negra de Sevilla en marzo de 2024. Su vida, que apenas comenzaba a desplegarse con la energía propia de la juventud, se detuvo en seco en las calles del barrio de Santa Clara, víctima de una violencia que no le dio oportunidad alguna de defensa.
Aquel día, lo que comenzó como una disputa terminó convirtiéndose en una emboscada mortal que ha tardado casi dos años en encontrar una resolución en los tribunales. Reda no murió en una lucha de iguales, sino bajo el peso de una decisión letal tomada por alguien que decidió golpear cuando él no podía ver venir el peligro.
Manuel F. M. es el nombre que hoy, tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, carga con la responsabilidad material de este asesinato. Durante el proceso, se determinó que el acusado utilizó la ventaja del descuido para asestar las puñaladas que resultaron fatales, rompiendo cualquier código de confrontación.
El ataque se produjo de forma súbita, con una alevosía que el jurado popular no pasó por alto durante las sesiones del juicio. Las heridas infligidas a Reda fueron directas y profundas, diseñadas para asegurar un desenlace irreversible en un momento donde la víctima se encontraba totalmente vulnerable.
El caso dio un giro dramático durante las vistas orales, captando la atención de toda la ciudad por la complejidad de sus implicados. Inicialmente, la sombra de la sospecha se repartía entre dos personas, pero el desarrollo de las pruebas testimoniales y periciales terminó apuntando a un único autor material.
Manuel F. M. fue finalmente señalado por el jurado como el único responsable de haber empuñado el arma que acabó con Reda. Este cambio en la narrativa del juicio fue fundamental para que la justicia pudiera deslindar las responsabilidades de cada uno de los jóvenes que estuvieron presentes aquella fatídica noche.
La sentencia, emitida este 10 de febrero de 2026, impone a Manuel una pena de 15 años de prisión, lo que representa la franja mínima para el delito de asesinato. Aunque la ley establece este castigo, para el entorno de la víctima queda el amargo sabor de una condena que nunca será proporcional a la pérdida sufrida.
El tribunal fue claro al describir que Reda fue atacado por la espalda, una circunstancia que elimina cualquier argumento de legítima defensa o pelea accidental. Esa puñalada a traición es lo que convirtió el caso en un asesinato, subrayando la cobardía del acto frente a un joven que no pudo protegerse.
Por otro lado, la figura de Sergio F. A., el segundo implicado inicial, quedó fuera de la acusación de asesinato tras el veredicto del jurado. Su papel en la tragedia fue recalificado, siendo absuelto de la muerte de Reda pero condenado a 21 meses de prisión por haber ocultado la realidad de lo sucedido.
La condena de Sergio por encubrimiento y un delito leve de maltrato de obra refleja cómo el silencio y la complicidad posterior también tienen un precio legal. Aunque no empuñó el arma, su conducta tras el crimen contribuyó a entorpecer la búsqueda de la verdad durante los primeros meses de investigación.
Además del tiempo en prisión, la sentencia impone una carga económica significativa que intenta, de manera simbólica, reparar lo irreparable. Manuel F. M. deberá abonar 188.000 euros a la madre de Reda, una mujer cuya vida quedó fracturada en el instante en que le comunicaron el fallecimiento de su hijo.
Esta indemnización es el reconocimiento judicial de un daño moral incalculable, del vacío que deja un hijo de 21 años en un hogar que ahora solo conoce el silencio. Ninguna cifra, por alta que sea, podrá devolverle a esa madre la posibilidad de ver a Reda cumplir sus sueños o envejecer.
El impacto del crimen en Santa Clara todavía se siente en sus calles, donde los vecinos recuerdan el despliegue policial y la conmoción de saber que un joven había perdido la vida de forma tan cruel. La resolución judicial intenta cerrar una herida, pero la memoria de lo ocurrido permanece grabada en el barrio.
La historia de Reda es un recordatorio doloroso de cómo la violencia puede escalar hasta niveles de no retorno en cuestión de segundos. Su fallecimiento ha servido para que la sociedad sevillana reflexione sobre el valor de la vida y las consecuencias de portar armas con intenciones letales.
Con esta sentencia, el sistema judicial pone fin a un proceso largo y complejo que ha mantenido en vilo a dos familias enfrentadas por la tragedia. Mientras Manuel F. M. comienza a cumplir su condena, el nombre de Reda queda como un símbolo de la lucha por la justicia frente a la traición.
Hoy, las calles de Sevilla guardan el eco de una vida que se apagó demasiado pronto, pero que finalmente ha obtenido una respuesta oficial del Estado. Reda descansa en paz, mientras su caso queda cerrado en los archivos como una lección sobre la oscuridad que puede esconderse tras un ataque por la espalda.
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