La madrugada del 24 de septiembre de 2018, en un domicilio de la calle Ollerías, en Bilbao (Bizkaia), Maguette Mbeugou, de 25 años, fue asesinada dentro de su propia casa.
El acusado era su pareja, Bara N. también de origen senegalés, y el ataque ocurrió cuando ella dormía en una habitación donde estaban cerca sus dos hijas, de 2 y 4 años.
En el juicio se acreditó que la agresión fue especialmente violenta: la víctima recibió al menos 83 heridas de arma blanca antes del corte final en el cuello que le causó la muerte.
La Audiencia Provincial de Bizkaia describió que Maguette llegó a despertar y a intentar resistirse, pero la superioridad física del agresor y la intensidad del ataque hicieron inútil cualquier defensa.
Tras el crimen, las dos niñas quedaron abandonadas en el piso y pasaron horas sin un adulto a cargo, una circunstancia que se incorporó al relato judicial como abandono de menores.
Una vecina dio la voz de alarma al ver a las menores solas en el rellano del edificio, un detalle que situó el momento de la detección: el caso no se descubrió por una llamada desde dentro, sino por lo que ocurrió fuera.
Meses antes, en diciembre de 2017, Maguette había acudido a la Policía Municipal de Bilbao y denunció a su marido; además solicitó una orden de protección en el juzgado, que fue denegada.
En la sentencia se recogió también un contexto de maltrato habitual, con referencias a amenazas, vejaciones y maltrato económico, descritas como un patrón continuado al menos desde mayo de 2018.
El 24 de noviembre de 2021, un jurado popular declaró culpable al acusado por unanimidad, y la Audiencia de Bizkaia dictó la condena en diciembre de 2021.
La resolución impuso 25 años de prisión por asesinato con agravantes de parentesco y de género, además de penas por abandono de menores y maltrato habitual, y fijó medidas de alejamiento y comunicación por un plazo de 35 años.
En el apartado civil, se fijaron indemnizaciones que incluyeron 390.000 euros para cada una de las hijas y 110.000 euros para el hermano de la víctima, quien asumió la crianza de sus sobrinas.
En 2022, el Tribunal Supremo revisó el caso y rebajó la pena total de 37 a 29 años al retirar la condena por lesiones psíquicas a las menores, al entender que no se cumplían los requisitos probatorios exigidos para ese delito.
Bilbao no fue solo el escenario: fue el lugar donde una denuncia previa, una protección denegada y una puerta que nadie abrió a tiempo terminaron confluyendo en una tragedia con fecha y dirección.
Este caso deja una pregunta incómoda, sostenida por documentos y sentencias: ¿cuántas señales son necesarias para que la prevención llegue antes que la autopsia?
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