En el barrio de Usera, un despacho de abogados parecía un lugar seguro: luces blancas, archivadores, rutina de oficina. Aquella mañana de junio de 2016, la vida estaba hecha de gestos simples y tareas pendientes. Nadie imaginaba que, a la vuelta de unas horas, la puerta de entrada se convertiría en el umbral de una masacre.
El origen no fue un robo ni un ajuste entre desconocidos. Fue una historia personal, pegada a la piel. Dahud Hanid Ortiz, exmarine de origen venezolano, estaba convencido de que su expareja había iniciado una relación con el abogado Víctor Salas. En su cabeza, la ruptura no era un final: era una humillación que pedía venganza.
Ortiz vivía en Alemania y tomó una decisión fría: recorrer cerca de 2.000 kilómetros hasta Madrid. No fue un impulso de bar. Fue un viaje largo con un destino claro, alimentado por celos y una idea fija. Cuando llegó a la capital, buscó el despacho del abogado en Usera como quien sigue un mapa trazado por la obsesión.
La tragedia se torció aún más por una ausencia. Víctor Salas no estaba allí. En lugar de detenerse, Ortiz descargó la violencia contra quienes encontró en el camino. En el interior del bufete estaban dos trabajadoras, Elisa Consuegra y Maritza Osorio, y un cliente, Pepe Castillo, que jamás debió estar en esa escena.
El cliente fue, según se reconstruyó después, una víctima de la confusión: el hombre equivocado en el sitio equivocado. El ataque no dejó margen para negociar ni para correr. El despacho, con pasillos estrechos y mesas pegadas, se convirtió en un espacio sin aire. En pocos minutos, la normalidad quedó irreconocible.
Como si el horror necesitara una segunda capa, el agresor prendió fuego al local antes de huir. El incendio no solo buscaba destruir pruebas: también parecía una forma de borrar el último rastro de humanidad del lugar. La escena fue doblemente brutal: muertes y llamas, sangre y humo, silencio y sirenas.
La investigación se apoyó en un conjunto de indicios que, con el tiempo, dibujaron una ruta. Entre ellos, el posicionamiento del teléfono móvil y la idea de un desplazamiento desde Alemania a Madrid. No era una suposición vaga: se trataba de encajar horas, kilómetros y movimientos como piezas de un rompecabezas forense.
En ese relato judicial apareció también un elemento inquietante: la confesión en un correo, mencionada en reconstrucciones posteriores del sumario. Para las familias, no era un detalle técnico, sino la confirmación de que aquello no había sido un accidente ni un arrebato pasajero. Era una decisión tomada, sostenida, ejecutada.
Tras el crimen, Ortiz logró huir y se refugió en Venezuela. Allí, el caso se enredó en una realidad difícil: la cooperación internacional no siempre funciona como la justicia desearía. España emitió órdenes y buscó caminos, pero el acusado terminó siendo juzgado en Caracas, lejos del barrio donde se abrieron las primeras heridas.
En 2024, la sentencia en Venezuela fijó una condena de 30 años, la pena máxima. En teoría, aquello era un cierre. En la práctica, la distancia geográfica y política dejó una sensación áspera: la justicia se había pronunciado, pero el dolor seguía en Madrid. Y la vida de quienes quedaron atrás no recuperó su forma.
La historia dio otro giro en 2025, cuando Ortiz fue liberado en un intercambio de presos y terminó en Estados Unidos. El hecho resultó difícil de entender incluso para quienes habían seguido el caso durante años. Para las víctimas, la idea de verlo libre no era una noticia: era una amenaza flotando en el aire.
A comienzos de febrero de 2026, el condenado reapareció en una entrevista televisiva. Allí se presentó como inocente y habló de torturas sufridas durante su encarcelamiento. Esa puesta en escena, difundida como entretenimiento, añadió una capa de indignación. No era solo lo que decía: era el modo en que se convertía el crimen en narrativa de prime time.
Víctor Salas, el objetivo inicial que sobrevivió por una ausencia y una confusión, volvió a hablar desde el cansancio. La entrevista reactivó un miedo antiguo: el de ser buscado de nuevo. Porque hay amenazas que no se borran con una sentencia, y hay nombres que vuelven cada vez que el agresor encuentra un micrófono.
Las familias de Elisa Consuegra, Maritza Osorio y Pepe Castillo cargan con una pérdida sin reparación. En su memoria no hay debates televisivos ni giros de guion: hay una fecha, una llamada, un funeral. Cuando el asesino se declara víctima ante cámaras, el duelo se contamina de rabia y de impotencia.
Este caso también deja una pregunta incómoda sobre los límites del espectáculo. ¿Qué significa dar espacio a la voz de alguien condenado por matar, mientras los muertos no pueden contestar? La libertad de expresión existe, pero también existe la dignidad de las víctimas: esa frontera que se rompe cuando el dolor ajeno se usa como contenido.
En Usera, el despacho quemado ya no es solo un lugar en un plano de Madrid. Es un recordatorio de cómo una obsesión puede viajar miles de kilómetros y aterrizar en vidas que no tenían nada que ver. Diez años después, el expediente judicial puede estar cerrado, pero la herida sigue abierta cuando el pasado regresa y habla.
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