La puerta se abre por costumbre. Un saludo rápido, una conversación que parecía vieja, y el pasillo de un piso cualquiera en la calle Lastanosa. En Zaragoza, la noche del 3 de marzo de 2024, esa rutina se rompió con un sonido seco: el de una navaja encontrando carne.
José Luis Egea estaba en casa, en pijama, preparado para cenar. El que llamó, Tomás Jesús Irigoyen Laporta, no era un desconocido: había sido un “viejo amigo”, alguien a quien uno le abre sin imaginar que la visita trae una sentencia escrita en sangre.
Lo que ocurrió dentro del piso se describió después con palabras frías: forcejeo rápido, cuerpo a cuerpo, violencia extrema. Pero la cifra que queda clavada en la memoria es otra: 110 puñaladas. No una, no dos. Un centenar largo de heridas como si la furia no supiera detenerse.
Los forenses señalaron que decenas de cortes se concentraron en zonas vitales —cabeza, cuello, nuca— y que muchas llegaron cuando la víctima ya estaba sin capacidad real de defenderse. Ese detalle, más que cualquier teoría, dibuja el cuadro de la alevosía y el ensañamiento.
En los juicios, a veces el motivo es el primer ladrillo del relato. Aquí fue lo contrario: el móvil se volvió bruma. Se habló de dinero, de droga, de rencillas antiguas, de una discusión. Pero ninguna explicación terminó de sostenerse con firmeza.
En la vivienda, la Policía encontró una escena que parecía de otra historia: grandes cantidades de dinero en efectivo y cocaína. Para algunos, eso abría la puerta a la hipótesis del ‘vuelco’. Para otros, era ruido alrededor de un crimen que, por cruel, ya no necesitaba coartadas.
Lo más inquietante no fue solo la ferocidad del ataque, sino lo que vino después. Según se expuso, el agresor no huyó como quien teme. Deambuló por la casa, abrió cajones, se tumbó en una cama. La vida siguió —o lo intentó— en un lugar donde alguien ya no respiraba.
Pasaron dos días hasta que el cuerpo fue descubierto. Dos días en los que la muerte quedó encerrada entre paredes y el silencio se volvió un cómplice involuntario. Cuando finalmente se llamó a emergencias, ya no había nada que salvar.
La causa llegó a la Audiencia Provincial de Zaragoza con un jurado popular. Fiscalía y acusación particular describieron asesinato con ensañamiento; la defensa insistió en legítima defensa, miedo insuperable, drogadicción, confesión. El jurado no compró ese relato.
El veredicto fue duro: culpable con agravantes. Y sin embargo, la sentencia impuso la pena mínima para un asesinato: 20 años. En casos así, esa cifra no suena a número; suena a una discusión pública, a una pregunta amarga sobre qué significa castigar.
La resolución recogió también la indemnización para la hija de José Luis Egea. Ningún papel compensa una silla vacía, pero el expediente judicial insiste en ponerle orden a lo irreparable: cifras, fechas, artículos del Código Penal.
Al revisar los hechos, el tribunal describió una segunda fase del ataque, cuando la víctima ya agonizaba. Heridas ‘innecesarias’, dijeron, orientadas a aumentar el sufrimiento. Ese lenguaje —tan técnico— es la forma en que la justicia intenta nombrar lo inhumano.
Y, aun así, quedó un hueco: el porqué. El juicio trazó el cómo, fijó la responsabilidad, marcó el camino de la navaja. Pero el motivo no se dejó atrapar del todo, como si el crimen se negara a ser entendido.
Zaragoza es grande, pero hay calles que se vuelven un símbolo. Lastanosa lo fue por una noche que no se parece a ninguna otra. Porque no todas las muertes llegan con una cifra capaz de helarte la sangre.
A veces el escándalo no está solo en el crimen, sino en el después: en la espera, en el hallazgo tardío, en la pena que parece insuficiente para el daño. Y en la certeza de que alguien abrió una puerta creyendo que entraba un conocido.
Cuando un caso así se archiva, lo que queda no es calma. Queda la sensación de que la violencia puede aparecer con cara familiar. Y que, en un piso cualquiera, una discusión puede convertirse en una tragedia que todavía hoy cuesta mirar de frente.
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