València guarda otro tipo de silencio cuando cae la noche en el casco histórico. El 21 de enero de 2024, en una vivienda de la calle de las Avellanas, a pocos pasos de la Catedral, ese silencio se convirtió en trampa. Allí murió un hombre de 79 años, el canónigo emérito Alfonso López Benito.
No fue un golpe al azar ni una puerta forzada en plena calle. La entrada se apoyó en algo más frágil: la confianza. A la víctima la unía una relación de amistad con quien después sería el acusado, una cercanía construida durante meses.
La escena, reconstruida en sede judicial, describe una violencia directa y física. Esa noche, alrededor de las once, el acusado acudió al domicilio acompañado de otra persona no identificada. No iban a hablar: iban con un plan.
El ataque ocurrió dentro, sin testigos que pudieran intervenir. El acompañante tiró al anciano sobre la cama, le tapó la boca y le ahogó con una mano mientras apretaba su cuello con la otra. No hubo pelea larga, ni oportunidad real de defenderse.
En muchos crímenes, el punto de quiebre es un gesto mínimo: una mano que cubre una boca, un cuerpo inmovilizado, un aire que se corta. La cama, lugar de descanso, quedó convertida en escenario final.
Después de la muerte, el objetivo cambió de forma pero no de intención. Se llevaron el teléfono de la víctima y dos tarjetas de crédito. En un caso así, el robo no es un añadido: es la segunda parte del mismo desprecio.
Con esas tarjetas se hicieron extracciones de efectivo y compras por un importe que superó los 2.300 euros. Una cifra que no explica el crimen, pero sí dibuja su sombra: la vida de un hombre reducida a movimientos bancarios en una madrugada.
La investigación fue tejiendo el hilo con datos fríos: actividad del teléfono, intentos de acceso, posicionamientos. A partir de las 2:04 de la madrugada, el móvil del canónigo registró actividad, y esa actividad se convirtió en una pista que no se borra con palabras.
El acusado sostuvo en el juicio que no participó, que no estuvo en la casa y que un hombre al que llamó ‘Manuel’ le entregó el teléfono y las tarjetas en la calle. Ese relato buscaba sacar el crimen del domicilio, moverlo a un escenario más fácil de negar.
Sin embargo, la sentencia recoge que esa explicación no quedó acreditada. Los elementos técnicos situaron los teléfonos en el mismo radio de acción en la franja crítica y, además, se valoró el conocimiento que el acusado tenía del entorno y de la víctima.
El jurado popular emitió un veredicto de culpabilidad el 3 de febrero de 2026. Con ese veredicto sobre la mesa, el tribunal fijó una condena total de 28 años: 20 por asesinato, 5 por robo con violencia y 3 por estafa continuada.
Llama la atención otro detalle: no se fijó indemnización por responsabilidad civil al no darse por probada la existencia de familiares directos que pudieran reclamar por el fallecimiento. Hay muertes que, además de violentas, dejan un vacío legal y humano.
La sentencia no es firme y puede recurrirse. Ese matiz judicial convive con una certeza que no cambia: un hombre murió en su casa, en su cama, a manos de alguien que entró por la puerta con una máscara que no era de tela, sino de confianza.
En el centro de València, las calles siguen llenas de vida y pasos apresurados. Pero hay portales que quedan distintos después de un crimen así, porque el lugar no olvida aunque la ciudad siga andando.
El caso deja una imagen dura y quieta: una vivienda en la calle de las Avellanas, la proximidad de la Catedral, y el contraste entre lo sagrado de un cargo y lo brutal de un final doméstico.
Queda la pregunta que se repite cuando la violencia se disfraza de cercanía: ¿cuántas señales se pierden antes de abrir la puerta a quien no viene a quedarse, sino a quitarlo todo?
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